Entrevista a Gastón Chillier, Director Ejecutivo del CELS

“Hay que dar una discusión sobre distintas alternativas para lograr verdad y para que los familiares puedan juntarse con los restos de sus víctimas y los niños apropiados”

Otro Viento visita la oficina de Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El CELS es un organismo de derechos humanos fundado en 1979, en plena dictadura, por Emilio Mignone, Augusto Conte, Carmen Lapacó, entre otros/as.

Gastón Chillier acompańando el reclamo por la aparición del turista argentino Bruno Schell desaparecido presuntamente por la policía peruana en junio de 2013.

Su creación responde a la necesidad de realizar acciones rápidas para detener las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, y colaborar con asistencia a los familiares de las víctimas, especialmente en el caso de detenidos-desaparecidos.

Su labor continuó centrada en la búsqueda de memoria, verdad y justicia durante la primera parte del gobierno de Alfonsín. Luego enfrentó a la impunidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos decretados por el caudillo riojano ni bien comenzaba su experimento neoliberal.

El CELS fue ampliando su agenda temática y comenzó a trabajar en casos de violación de derechos humanos en comisarías, cárceles y en las calles contra los sectores más excluidos; prosiguió exigiendo mecanismos de protección y promoción de derechos económicos, sociales y culturales y trabajando por un cambio de paradigma en materia de salud mental, etc.

Gastón Chillier llegó al CELS como estudiante de Derecho a comienzos de los ’90, y luego como abogado trabajó en casos de violencia policial. Continuó su formación en EE.UU. y desde 2006, es Director Ejecutivo en el lugar “donde desarrolla su activismo como defensor de los derechos humanos”.

Para el CELS, este año ha comenzado bastante movilizado. Desde el cuestionamiento a la designación de Milani al frente del Ejército, hasta la labor que están encarando por estas semanas monitoreando y participando en la discusión sobre los distintos proyectos de regulación de la protesta social. Chillier afirma que en esta materia “hay un desplazamiento en la política del Estado frente a la protesta de la no represión a la represión” y lo considera “un paso atrás”.

Entrando en una cuestión más personal ¿Cuáles fueron tus sensaciones al escribir en el diario La Nación defendiendo los procesos de juzgamiento a los responsables por delitos de lesa humanidad? En un momento la nota en lnternet estaba abierta a comentarios pero luego la cerraron…

(Risas) Eran todos comentarios hostiles. En ese caso, fue una decisión del CELS. Nos parece que hay discusiones que hay que darlas en ciertos lugares, no ante los convencidos. Escribir a favor de los juicios en Página 12, es escribir para los que no hace falta convencer.

El diario La Nación hace años que sistemáticamente tiene una línea editorial muy fuerte en contra dgaste los juicios. En un principio, apostó por la impunidad total y desde que se reabrieron viene escribiendo en contra de los juicios. A veces plantean distintas cuestiones pero lo que se ve en los editoriales, y en algunos columnistas como Luis Alberto Romero, es que apuntan a mellar la legitimidad del proceso de justicia.

Y, en general, la sensación cuando uno los lee es que están tan cargadas de ideología, ausentes de argumentos serios e información. Entonces nos parecía que lo mejor era salir a discutir en La Nación con argumentos y con información más dura sobre lo que dicen: “que los juicios tienen la sentencia escrita, que no se respetan los derechos de los imputados, que es más una venganza que justicia”.

 Lo que planteamos con datos duros en el artículo de La Nación es que es un proceso de justicia absolutamente legítimo: hay condenas pero también hay absoluciones; hay sobreseimientos previos que no llegan a juicios porque no hay prueba suficiente. Tienen todos los derechos de la defensa. Es tan legítimo, que el presidente de la Corte, habla de un consenso social de los argentinos, sobre este proceso de justicia y nadie puede sospechar que Lorenzetti depende del gobierno.

Si uno compara todos estos procesos de justicia con otros donde se juzga la criminalidad común y no crímenes de lesa humanidad, es probable -y sería una investigación buena para hacer- que en términos de evaluación de la prueba  u otras cuestiones, se observe que el sistema de justicia es más duro en los procesos de criminalidad común que en los procesos de lesa humanidad.

Entonces el argumento de que esto es un proceso de venganza se derrumba como un castillo de cartas.

Personas diversas como el gobernador de Córdoba, De La Sota, o ex integrantes de las fuerzas insurreccionales en los ’70 como Claudia Hilb o Claudio Tamburrini han planteado, con sus matices, canjear verdad por disminución de penas ¿Cuál es su opinión? ¿Han barajado alternativas para quebrar el pacto de silencio de los militares sobre el destino de los cuerpos y la identidad de los bebés apropiados?

El CELS no tiene una posición institucional. Personalmente, creo que hay que dar una discusión bien amplia sobre distintas alternativas para lograr verdad y sobre todo para dos cuestiones: para que los familiares puedan juntarse con los restos de sus víctimas y para identificar los  niños apropiados que todavía existen. Y en esos casos, si uno pudiera discutir esa situación de una manera razonable en la cual haya una amplia discusión en la cual las víctimas estén de acuerdo, y participen, me parece que es una cuestión que no se debe cerrar.

Muchas personas que conozco que ya son viejitas o viejitos, les gustaría y ya sienten que el Estado argentino ha dado respuestas sobre la responsabilidad penal pero les queda la angustia de dejar esta vida sin haber enterrado a sus desaparecidos y a sus seres queridos y eso me parece que debería ser una discusión que se dé de una manera abierta y no debería ser un tema que esté cerrado a la discusión, nuevamente, con participación de todos los sectores.

¿Cómo analizan la situación actual del Poder Judicial y qué visibilizaron cuando veinte jueces se negaron a investigar al exjuez Eduardo Riggi, por su presunta participación en una maniobra para beneficiar al extitular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y a su patota sindical, ya condenados en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra?

No ha habido una reforma estructural de la justicia. El sistema de nombramientos de los jueces de la Corte Suprema fue un primer paso pero, en particular, en la parte penal, la justicia federal sigue siendo una justicia refractaria a investigar a los poderosos y mucho más a investigarse a sí misma, como es el caso de Riggi donde hay pruebas más que suficientes para, al menos, llamarlo a indagatoria para ver qué rol tuvo en el intento de encubrimiento del asesinato de Mariano Ferreyra.

Hay un entramado muy complejo y tan complejo como siniestro en relación a la Secretaría de Inteligencia, la justicia federal, cuando se trata de investigar a cualquier tipo de poder.

Y por otro lado, en la justicia más en general, el año pasado se discutió el proceso de reforma impulsado por el gobierno y nuestra crítica se dirigió a que no era la reforma que la justicia necesita. Es necesario reformar a la justicia, pensando en una justicia que esté más cerca de las personas  que más la necesitan, que una justicia que esté cerca de las personas que  no la necesitan tanto.

Hoy por hoy, eso no está sucediendo y en general, la justicia penal funciona para encarcelar a los más pobres. Si uno ve las cárceles, son los sectores más pobres los que están en la cárcel y es difícil encontrar en la cárcel a culpables de delitos de cuello blanco, de delitos económicos.

 Y al mismo tiempo, que la justicia civil también y que la justicia comercial sirva no para defender a los sectores empresarios, si no al consumidor. Creo que esa reforma y esa justicia es una de las deudas pendientes de la democracia argentina.

En relación al caso de Mariano Ferreyra, algunas personas han cuestionado que la querella del CELS, que representa a la familia de Mariano, no ha querido ahondar en las responsabilidades políticas del crimen asumiendo, de alguna manera, que la policía se había autoordenado liberar la zona…

 Nosotros fuimos los que planteamos en el caso la trama de la relación con el asesinato de Ferreyra con la política de tercerizaciones. En todo caso, cuando se evaluaron las pruebas, no es que no la impulsamos, al contrario, no hubo ningún límite. Yo sé que algunos los plantean pero a la hora de presentar los argumentos de las pruebas de eso no tienen mucho para mostrar.

Esas responsabilidades penales en el caso del asesinato de Mariano no fueron posibles de demostrar en base a las pruebas que había. A algún bloggero muy famoso le gusta escribir sobre ciertas inconsistencias, pero en este caso no había posibilidad jurídica de acuerdo a nuestras evaluaciones de demostrar esa relación de causalidad jurídica. Desde la academia es mucho más fácil pensarlo sin estar participando del proceso.

Nosotros no es que no estábamos buscando responsabilidades políticas. De hecho, denunciamos las políticas de tercerización como una práctica y tenemos un trabajo sistematizado en torno a eso.

Recientemente en una jornada, Marcelo Saín, diputado bonaerense de Nuevo Encuentro y ex -interventor de la Policía Aeroportuaria, cuestionó la gestión de Nilda Garré y también al informe realizado por ustedes en 2013 que distinguía a la gestión de Garré como gobierno democrático de la seguridad alegando que “discursivamente fue democrático”, y que tenía los mismos defectos institucionales que la gestión “punitiva” de Casal y Granados en Provincia de Buenos Aires…

Marcelo es, en general, muy efectista. No sé en qué basaría sus afirmaciones. Nosotros destacamos muchas cosas de la gestión de Garré y muchas cosas no, y las hemos dicho públicamente. Creemos que faltó profundizar reformas democráticas pero al mismo tiempo hay iniciativas que seguimos bastante de cerca como el tema del uso de fuerzas, de policías comunitarias en los barrios, que se alejan bastante de las políticas del ex -ministro de seguridad Casal.

Al mismo tiempo, en otras nos pareció que se quedó corta en reformas de las fuerzas de seguridad más estructurales que estamos exigiendo hasta el día de hoy.

Pero así como en su momento apoyamos la gestión de Arslanián aunque con críticas. Tanto la primera reforma como la segunda, y la primera en la que participó Saín. Nos parece que es difícil equiparar estas gestiones y decir que no son democráticas, porque hubo intentos de reforma. No siempre las reformas son también de la misma manera.

Saín ha participado también en la gestión de Nilda Garré, no como funcionario pero ha participado, con lo cual tan en contra de esa gestión no debe estar.

Hace algunas semanas, Alak anunció la creación de 2.200 plazas carcelarias ¿Qué crees que pasará con la política penitenciaria en un escenario político cuyo corrimiento a la derecha parece ineludible?

No es una buena forma discutir el sistema carcelario a partir de la creación de las plazas carcelarias. En todo caso, es el último lugar al que se debería llegar. Pero antes se debería discutir cuánto encierro está dispuesta a tolerar una sociedad y me parece que si empezamos la discusión sobre el sistema carcelario y sobre la seguridad pública a partir de la creación de espacio carcelario, la perdemos antes de empezarla.

Es un problema para los gobiernos con políticas sociales al mismo tiempo ampliar las plazas carcelarias o endurecer el sistema penal porque si uno ve quienes son los principales clientes del sistema penal son los mismos por los cuales los gobiernos de la región, en general, destinan mucho de sus políticas sociales.

Es un error dejarse correr por derecha frente a la discusión de la política de la seguridad pública. La solución de los problemas de seguridad pública que son legítimos y que existen, no pasa por parecerse a las políticas de derecha de demagogia punitiva si no justamente construir políticas democráticas que tengan realmente principios democráticos con un sistema penal racional y que no empiecen por el endurecimiento del sistema penal y su sistema carcelario.

Por Aramis Lascano