¿El Poder Judicial es la justicia?

 Otro Viento entrevistó a los abogados Mario Juliano, Edgardo Salatino y José Cipolletti, integrantes de la Asociación Pensamiento Penal que opinaron sobre la serie de linchamientos, la consiguiente declaración de emergencia en seguridad, el mundo del Poder Judicial y sus dificultades.

¿Cómo se sentiría un estudiante de Comunicación Social al salir de una conferencia sobre periodismo de investigación en la cual coexistan Horacio Verbitsky y Facundo Pastor? Sensaciones similares a la que puede sentir cualquier estudiante de Derecho luego de huir del Colegio de Abogados platense -demasiado cerca del centro de la corporación judicial-  una vez finalizado el “debate” entre Mario Juliano y Mauricio D’Alessandro. El primero, juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Necochea, Director y cofundador de la Asociación Pensamiento Penal. El segundo, jugaba a ser juez en la TV, y se tuvo que conformar con ser parte del bloque de diputados bonaerenses de De Narváez, y fuente permanente de consulta de la comunicación hegemónica para respaldar sus discursos patibularios.

Luego de un mal trago, Otro Viento aprovecha la ocasión y atraviesa calle 13 para conversar con Mario Juliano, con el Juez correccional de Quilmes, Edgardo Salatino y con el funcionario de la Fiscalía de Necochea, José Cipolletti. Los tres forman parte de Asociación Pensamiento Penal, una organización civil sin fines de lucro, compuesta por jueces, fiscales, defensores, abogados de la matrícula, docentes y estudiantes.

Aunque parecería ya fuera de la agenda, fueron varios los linchamientos sufridos por distintas personas que intentaban apropiarse de lo ajeno durante, principalmente, el mes de abril. Un sector de la dirigencia política alegaba que el Estado “estaba ausente”, que “la gente estaba cansada” o “desesperada”, alineándose al discurso justificador de la barbarie con alta dosis de demagogia política y mediática. Otros prefirieron repudiar los hechos lisa y llanamente, con un compromiso valorativo y una sensibilidad honesta o simplemente un disfraz coyuntural.

La Asociación Pensamiento Penal cobró notoriedad a partir de la campaña “No cuenten conmigo” (denominación tomada de la nota publicada en Página/12 por Javier Núñez que alegaba que no cuenten con él “ni para salir a matar ni para celebrar la muerte”) que lanzó en repudio de dichos linchamientos. En el comunicado publicado en su página web sostienen: "Nos encontramos con que las voces que celebraban la muerte o la justificaban, eran repetidas y tenían ecos en influyentes comunicadores, como si "la gente", en el fondo, de verdad, pensara eso, actuara así". Y bien hicieron en entrecomillar la palabra gente, término vago y generalizador en casos como éstos, que ayudan a cierta dirigencia política aliada con la prensa amarilla a sembrar la violencia en la sociedad a cambio de instalar su verborragia punitiva.

A través de la campaña, se pudo ver la otra campana que repudia semejantes actos atroces. Mario Juliano explicó: "En menos de una semana se reunieron 13 mil adhesiones que también son ‘la gente’ y también es la sociedad que claramente dijo ´no compartimos este modo salvaje de resolver los conflictos, esto se trata claramente de delitos, de linchamientos, y seguimos apostando por el Estado democrático de derecho y las formas de resolver los conflictos con todas las dificultades y defectos que eso implica´".

Desde el gobierno provincial, aprovecharon el apogeo de la violencia directa de muchos contra pocos contra la criminalidad, para irrumpir en el escenario con la declaración de emergencia en materia de seguridad, en la misma línea: la violencia de muchos contra pocos. Seiscientos millones para fortalecer el aparato represivo y a la organización criminal más importante del territorio: la Policía Bonaerense.

Mario Juliano calificó a la declaración de emergencia como “absolutamente simbólica”, cuya finalidad es “sortear los mecanismos licitatorios para la adquisición de bienes, en este caso, patrulleros e insumos”. Más aún, en relación a la medida, agregó que estas fórmulas consisten en la militarización del espacio público, en el amplio despliegue de fuerzas de seguridad y en una manera de focalizar la respuesta a los conflictos reales desde una perspectiva estrictamente represiva, “que son las fórmulas que se vienen utilizando desde hace muchos años y que a las pruebas nos remitimos, están fracasadas”.

Somos lo que decimos para no comprender lo que hacemos

Era un 2 de abril, y mientras en La Plata se reclamaba por Memoria, Verdad y Justicia; en Palermo, Gerardo Romano junto a un robusto portero de la zona, evitaban dos posibles conflictos penales: un hurto –o un robo, en el peor de los casos- y un homicidio agravado. Pasado el mediodía, en pleno barrio porteño, un hombre arrebató el reloj de una turista, comenzó a correr con su alarmante botín para escaparse de los vecinos, que lograron retenerlo para comenzar a golpearlo. Gerardo Romano participó de la detención pero luego se interpuso para evitar el triunfo de la violencia de la propiedad privada, sobre la vida.

El conjunto de la sociedad palermitana y el bloque de la hegemonía mediática más unida y organizada que nunca, quedaron a la expectativa de una decisión “ejemplar” de Facundo Cubas, juez de instrucción porteño, que tenía en sus manos el hecho sucedido. Cubas decidió liberar al arrebatador, a las pocas horas del hecho, luego de estar detenido bajo custodia policial, advirtiendo que no se presentaban ninguno de los riesgos procesales previstos en la ley que permitan el dictado de la prisión preventiva: no tenía antecedente condenatorio, se constató que vivía donde indicó y no registraba ningún pedido de captura dispuesto por otro Tribunal.

Sin lugar a dudas, el juez no violentó ni la constitución, ni los tratados internacionales, ni el código procesal. Ahora bien, toda la comunidad esperaba la respuesta de un funcionario público, no de un androide de escritorio actuando como “que pase el siguiente”. La automatización judicial y la estandarización de los conflictos encierran al magistrado en el mundo de la burocratización: tan cerrado que se redacta en un lenguaje que no sale de la jaula, inaccesible para sus verdaderos destinatarios y aparentemente leal al lema “ante respuestas injustas, palabras en latín”.

En cuanto a ese universo en que parece inmerso gran parte de los magistrados, Juliano entiende que “el Poder Judicial ha sido muy refractario a dar respuestas racionales o comprensibles para la sociedad y se ha encapsulado dentro de un mundo artificial creyendo que eso era lo que correspondía y eso ha generado una brecha con la sociedad”. Si bien admite que durante muy buena cantidad de tiempo los involucrados en los conflictos han sido tratados como números, alega que es en base a “tratar a todos los conflictos de la misma manera".

Por su parte, Edgardo Salatino sostuvo que: "El poder judicial es el poder más conservador de los tres órganos de poder. Históricamente lo fue. Hay operadores que siguen tratando como número de expedientes, relativizando que hay personas atrás de esos expedientes". Ante esta problemática, José Cipolletti opinó que al pretender algunos que con el Código Penal se solucionen los problemas de inseguridad, se trasladan los problemas de gestión global al Poder Judicial, que no puede hacerse cargo y "en la medida que quiera hacerse cargo de los problemas de gestión global, va a tener tanto trabajo que no tiene más remedio que burocratizarlo".

Los integrantes de Asociación Pensamiento Penal suelen cuestionar permanentemente el rol de los operadores judiciales, atacar los lugares comunes del Derecho Penal y reflexionar más allá de lo que el statu quo intenta imponer. Desde la presentación de “amigos del tribunal" (o “amicus curiae” en latín) en un amparo para que se garantice a Alejandro Cibotti, una persona con HIV que padece dolores agudos por enfermedades residuales, el uso de la marihuana con fines medicinales hasta una campaña de neutralidad religiosa que busca el retiro de símbolos (principalmente crucifijos) exhibidos en las salas de audiencias de tribunales. Vale aclarar que, “amigos del tribunal" es una figura por la cual terceros ajenos al proceso judicial se presentan voluntariamente en una causa a los efectos de aportar información o argumentos jurídicos referidos a un caso pendiente de resolución.

Aún más interesante es la iniciativa “Banco de la Infamia”, sitio donde Pensamiento Penal sistematiza solo algunos de los casos (que toman estado público) de presos sin condena firme que luego, son absueltos o sobreseídos. Personas presumiblemente inocentes privadas de su libertad (y de un cúmulo de derechos interminable) que sufrieron daños irreparables.

Como bien señaló el constitucionalista Lucas Arrimada, en reiteradas oportunidades, hay abismos y puentes entre el Poder Judicial, como institución política, y la justicia, como horizonte y espacio social de lucha política. Las iniciativas de Pensamiento Penal intentan deslegitimar las injusticias más espantosas que, gran parte del Poder Judicial, intenta imponer en nombre de un valor tan importante como la justicia.  

Por Aramis Lascano y Florencia Abelleira