Primero de Mayo: Día Internacional de lxs trabajadorxs

Testimonios de una resistencia que crece desde abajo

Desde la RNMA La Plata, Berisso y Ensenada este Primero de Mayo recuperamos las historias de nuestro pueblo trabajador, en un contexto de profundización del ajuste y la represión: testimonios de despidos, continuidad de situaciones de precarización laboral, vaciamiento de políticas, pero también traemos las experiencias de resistencia, lucha y organización.

En esta entrega, sumamos la denuncia en  torno a los despidos y el vaciamiento, al tiempo que amplificamos las voces de trabajadorxs que se organizan en sindicatos de base, fábricas recuperadas, en los territorios populares, por sus derechos, contra la represión y por una sociedad igualitaria.
Los medios populares, comunitarios y alternativos nos sentimos parte de estas luchas y asumimos el compromiso de ser un puente para que estas historias se crucen y fortalezcan al campo popular.

                                                                                      

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Detras de los despidos

Inventa, inventa, que algo quedará

Ella es Jessica, tiene 28 años y vino desde Chubut a la ciudad a estudiar Sociología. Ella trabajaba en el Registro Nacional de las personas en una dependencia en La Plata que queda en 7 entre 54 y 55. Es un Centro de Documentación Rápida (CDR). Allí se hacen los trámites de DNI y pasaporte, “yo estaba en atención al público, estaba en la parte de informes hasta la toma de los trámites, estaba en todo el circuito desde que la persona entraba, iniciaba el trámite hasta que se iba”. Jessica, al igual que sus compañeras y compañeros estaba contratada, su contrato se renovaba automáticamente cada 6 meses. Con la asunción del nuevo gobierno en su trabajo las cosas cambiaron. Tanto a ella como a sus compañeras y compañeros, les avisaron que los iban a reubicar por 15 días para “refaccionar el lugar”, algo que les llamó poderosamente la atención debido a que las instalaciones eran nuevas. “Nunca nos reubicaron, llegó el último viernes de trabajo cuando el lugar cerraba y nunca nos avisaron a dónde nos iban a reubicar; nos tuvieron una semana sin darnos respuestas con el lugar cerrado. Luego, nos llegaron los telegramas de despido a nuestras casas pero nunca dando algún tipo de explicación”.

Jessica nos contó además, que esta situación se replicó en distintas partes del país donde funcionaban los CDR: “La política del macrismo fue bastante inteligente ya que iniciaron con los despidos en las sedes que están descentralizadas donde hay menor organización de los trabajadores y trabajadoras, no había mucho respaldo en tanto que no tenías más compañeros con quiénes organizarte”.

Sin embargo, ella, sus compañeras y compañeros no se quedaron con los brazos cruzados y emprendieron una lucha por recuperar su trabajo o al menos para exigir explicaciones. Esta lucha se vio truncada: “nos fuimos organizando, tratamos de hacer algunas medidas en el lugar pero fue muy difícil por no tener un respaldo gremial fuerte, el UPCN decidió no hacer mucho quilombo en principio y además al no tener otras compañeras y compañeros de laburo que te salgan a acompañar, cuesta”.

Finalmente, ella se convirtió en una más de las tantas despedidas. Esta es su historia detrás del número, la historia de una persona que todos los días se levantaba para ir a laburar y a quien un día sin previo aviso, le avisaron que ya “no precisaban de sus servicios”.

“Te desmoraliza muchísimo sobre todo por cómo fue, es muy desalentador. En mi caso considero que era una joven privilegiada porque tenía un laburo en blanco, más allá de que la contratación era precaria. Fue como un cachetazo, te desestabiliza económicamente porque es empezar de cero pero también desde lo emocional porque las condiciones de tu vida se alteran, se hace difícil pagar el alquiler y más con todo lo que aumentó.”

Hoy en día Jessica pudo agarrar unas horas para dar clases desde marzo está trabajando sin cobrar. Sobre la búsqueda de trabajo dejó muy en claro su parecer: “Hay una impronta ideológica muy fuerte sobre qué tipo de profesionales se busca en el Estado y no estaría encuadrando en ese perfil…”

Ailén tiene 25 años. Es abogada y trabajaba hace poco más de un año en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Viviendo en La Plata y trabajando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo la oportunidad de estar un poco más cerca de su casa, en Ensenada, y no lo dudó: dejaba de cumplir tareas administrativas para formar parte del nuevo Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en la ciudad de Ensenada, disfrutando el ejercicio de su profesión “para acercar las políticas públicas a los sectores más vulnerables”.

Comenzó a trabajar en el CAJ de Ensenada en noviembre pasado, junto a una psicóloga, una trabajadora social, y dos administrativos/as.

Trabajaba de lunes a viernes de 8 a 14, 14.30hs, dependiendo el volumen de trabajo. Iba conociendo cada vez más gente, aprendiendo todos los días, haciendo de su cotidianidad una experiencia enriquecedora.

Un jueves 10 de marzo estaba trabajando como todos los días, y recibe un llamado de su casa: “volvete que te llegó el telegrama”. En ese momento, en el CAJ solo quedaban dos personas. A los pocos días, llegó el telegrama que faltaba.

Ailén estaba contratada: “no éramos estrictamente empleados públicos, es la precarización laboral que el Estado suele utilizar hace tiempo”. Su contrato como el de tantas/os otras/os no tenía fecha, se renovaba automáticamente todos los años.

Se había mudado en enero. Tenía un sueldo que le permitía poder “darse el lujo de independizarse”. La inflación, la quita de subsidios, y la acumulación de gastos que antes no tenía son factores que diagraman un panorama no muy alentador.

Sin embargo, Ailén no se desanima: “en estos momentos más difíciles es cuando más energía tenes que tener, tenes que focalizarte en algo, para tener energías y poder luchar”. Y no se quedó en palabras. Tradujo la bronca en lucha y organización y comenzó a participar en La Maza, un colectivo que interviene codo a codo con los vecinas/os y otras organizaciones en los barrios populares de La Plata.

Valentina Pereyra tiene 30 años. Nació en Santiago del Estero, La Banda, pero se vino a vivir a La Plata hace unos años ya que en su provincia, tal como menciona ella, la sociedad es muy cerrada y de mentalidad muy machista. Dice que algún día le gustaría volver, pero para dar pelea por los derechos igualitarios y luchar desde su activismo.

Estudió diversas carreras, desde abogacía, educación especial, tecnicatura en ciencias jurídicas, y actualmente se encuentra cursando el profesorado de teatro, aunque le gustaría en algún momento volver a abogacía.

Comenzó trabajando en la Dirección de Políticas de Género en el año 2013 donde fue  capacitada en violencia de género. Luego fue trasladada a prestar servicio en el área de migraciones, referida a las identidades y colectividades.

Tiempo después, se crea el programa “Centro Integral para la Mujer Víctima de Violencia” que dependía de Desarrollo Social, en el marco de la Municipalidad de La Platadel cual comienza a formar parte junto a 15 compañeras más.

Ella era la cara visible del centro ya que estaba en la parte de atención al público e informes.

Después de las elecciones el panorama era cada vez menos alentador. Valentina cuenta que ella junto a sus compañeras sospechaban algo. “Calculábamos que este tipo de gobierno iba a venir por todo, pero no tan rápido. Calculábamos que en algún momento nos iban a decir que no nos iban a dar más subsidios o creía que me iban a mandar a trabajar a otro lado, pero no que me iban a dejar sin trabajo”.

Algunos días después del 31 de diciembre ya nadie atendía el teléfono en Desarrollo Social y cuando se acercaron a las oficinas se encontraron con la noticia de que el programa fue dado de baja, y con él las 16 compañeras. “Yo particularmente con otras chicas más nos preocupábamos por la situación de las compañeras más vulneradas que son las compañeras  trans, incluyéndome”.

Valentina aún no fue reincorporada, a pesar de las promesas de la nueva funcionaria de políticas de género. Ya pasaron cuatro meses y aún no obtuvo respuestas y es por ello que eligió el camino de la justicia para continuar su reclamo y el de tantas otras compañeras.  Tocó puertas en el Municipio, en Provincia, presentó cartas reclamando el cumplimiento efectivo de la ley de cupo laboral trans, inició una acción legal junto a los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Aún continúa esperando alguna respuesta.

Mientras tanto, Valentina busca la manera de reorganizarse no solo a nivel económico sino también en su vida cotidiana, aunque no es la primera vez que debe hacerlo, ella integra ATTTA La Plata(Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros)