En el día de ayer, se conoció el
veredicto por el cual se condenó a Claudia, una travesti/trans peruana, a 5
años y 3 meses de prisión. El juez Juan José Ruiz hizo lugar a lo peticionado
por el fiscal de juicio platense, Martín Chiorazzi, quién ordenó su detención
inmediata luego de la condena. Claudia había sido detenida en abril de 2014,
cerca de 4 y 64 en la ciudad de La Plata, y estaba provisoriamente con prisión domiciliaria.
Luego de la sentencia, fue trasladada a la sede de la Comisaría Novena de La
Plata.
El Poder Judicial, el Diario El Día y asociados, junto
a las fuerzas policiales de la Bonaerense y el Municipio, en especial, la
Comisaría Novena (implicada en el asesinato de Miguel Bru), el Comando de
Patrullas (ex C.P.C.), Control Urbano, la Coordinación Departamental de
Investigaciones (Ex D.D.I.) forman parte de la escalonada y sistemática
criminalización, persecución y estigmatización de las travestis, transexuales y
transgénero que ejercen la prostitución en las calles de nuestra ciudad. Cada
uno ocupa un rol que parece planificado en el laboratorio del
heteropatriarcado.
El diario más vendido en la ciudad tiene un gordo
prontuario de transfobia y xenofobia a lo largo y ancho de sus páginas. Utilizar
el masculino, entrecomillar sus nombres y recurrir al nombre registral para
individualizarlas, señalar irrelevantemente su procedencia nacional, acudir
regularmente a la calificación de
“narcotravestis”, negar la vigencia de la Ley de Identidad de género (cuestión
que se replica en los expedientes judiciales), disfrazar travesticidios por “simples
homicidios” son parte de las múltiples alternativas que utiliza cotidianamente
el Diario El Día para fomentar y legitimar la violencia ejercida a las
travestis, transexuales y transgénero.
La línea de conducta transfóbica de este diario
platense es lo que convierte a la condena a Claudia como un hecho noticiable.
No por nada titularon ayer: “Más de cinco
años de cárcel para una travesti por vender droga y ser peruana”. Ni un
ápice sobre el incumplimiento en la implementación en la administración pública
de la ley de cupo laboral trans, por la cual luchó Diana Sacayán y el
movimiento LGBTTTIPQ, y que la Legislatura provincial sancionó en septiembre
del año pasado.
A la consolidación del estereotipo “narcotravesti”, le
agregaron el componente de su nacionalidad peruana. Insatisfechos con esta
demandante tarea, ahora parece que quieren retroceder a la doctrina de la
seguridad nacional de la “Ley Videla” (Decreto-ley N°22.439, vigente hasta 2004[1]) que dejaba bien en claro
que las/os migrantes indeseables e invasores de “nuestra soberanía” eran las/os
provenientes de Nuestramérica, y la migración tenía que provenir desde el norte
del otro lado del Atlántico. En esta tarea de volver al pasado, su marco de
alianza ya sabemos dónde está posicionado.
Por su parte, las fuerzas represivas de la Policía
Bonaerense junto al brazo armado municipal son quienes se encargan de la tarea
cotidiana. Comienzan con la vigilancia, pasando a la hostilidad, para luego ir
por la violencia física y el armado de causas a las trans y travas que ejercen la
prostitución.
Suelen ser diversas las estrategias policiales pero son
clásicas las tareas de inteligencia y el montaje de operativos ilegales. Como denunció
Nicolás Cuello, activista de la Coordinadora Antirrepresiva LGBTTTIQP: “hay policías
de civil, que van y compran cocaína, conversan con ellas, las hostigan, les
mienten, les preguntan cosas como si no fueran ratis, y a la menor señal de que
tienen algo para vender, de que tienen información de lo que sea, la carnada se
va, y en menos de dos segundos cae el patrullero, la carnada señala quién tiene
qué, quién dijo qué, y se va corriendo por su ruta, mientras la policía monta
el operativo”, aclarando que “luego
no se sabe que hacen con lo que compran, si se lo toman, si se lo tiran a las
pibas mientras se van”.
En esta línea, el pasado 9 de marzo catorce compañeras
trans y travestis, junto a la Asociación Civil Otrans, presentaron un habeas
corpus preventivo, es decir, una herramienta legal de la que se valen
habitualmente distintas personas y organizaciones sociales ante el riesgo
permanente de detenciones arbitrarias y violencia en la vía pública o en los
lugares de detención. Este instrumento legal lo utilizan regularmente en forma
colectiva, por ejemplo, quiénes llevan adelante la Marcha de la Gorra ante la
situación de lxs jóvenes de las barriadas populares de Córdoba.
Finalmente, quiénes ocupan otro rol decisorio en el
ejercicio de la violencia hacia las trans y travestis en nuestra ciudad, están
en el ex edificio de la ex Dirección de Vialidad sobre calle 7 y 8 entre 56 y
57: fiscales, jueces y juezas que forman parte del fuero penal en la estructura
judicial bonaerense.
Esta vez quiénes se llevaron el beneplácito del
heteropatriacado fueron el juez Juan José Ruiz y el fiscal de juicio platense,
Martín Chiorazzi. Una de las cuestiones centrales que planteó la acusación de
Chiorazzi al momento de cuantificar y agravar la pena fue “la condición de extranjera de la imputada, por venir de una nación
hermana y delinquir en el país que la recibe” y que “vendía
en la vía pública y los trastornos que le ocasiona esa actividad a los vecinos”. En síntesis, en base
básicamente a la sobre jerarquización de los testimonios de los/as policías que
intervinieron, lo que quiere decir este agente policial de traje y corbata es
lo siguiente: sos peruana y encima que te “dejamos cruzar las fronteras”, infringís
“nuestra ley”.
En realidad, los
“trastornos” tienen más que ver con un problema de moralidad pública que con un
problema de “seguridad urbana”, es decir, cuáles son los intercambios sexuales
legítimos/legitimados, y qué es lo que amenaza la tranquilidad del paisaje
urbano[2]
si la presencia de los cuerpos trans y travestis en la vía pública o el posible
comercio de estupefacientes, bajo regulación policial.
Según señala el Diario El Día, a Claudia la detuvieron
con un gramo y medio de cocaína en su poder, cerca de la “zona roja” platense,
es decir, una conducta que, en el peor de los casos, podría encuadrar en el
delito de “tenencia simple de estupefacientes” (cuya pena puede ir de uno a
seis años de prisión) y no “comercialización” (la pena es de cuatro a quince
años), ambos regulados por la retrógrada Ley 23.737. Obviamente que ante la disyuntiva, el Poder
Judicial eligió la alternativa más punitiva.
Cabe aclarar que esta problemática ley permite que
inclusive esta figura de “tenencia simple” pueda ser utilizada por las/os
operadores/es judiciales para avanzar en el proceso penal cuando no consigue
pruebas en el juicio para demostrar la comercialización y, finalmente, llegar a
una condena.
Por su parte, el juez Juan José Ruiz se valió de una
gama unidireccional de argumentos xenófobos y eurocéntricos para justificar su
sentencia. Entre otros párrafos, hay uno que parecería más ser parte del guión
de un personaje de Capusotto que formar parte de una sentencia judicial: “¿Quién de entre nosotros los argentinos,
incluso el suscripto, no tiene un abuelo o una abuela español, un nono o una
nona, un grandfather o grandmother, corriendo por la sangre de sus venas?”. Parece
ser necesario señalar a este señor que no paga impuesto a las ganancias que, ni
la cultura, ni la nacionalidad, ni tampoco la identidad depende de una
portación sanguínea.
Luego se defiende de que su sentencia no infringe “el
principio de igualdad ante la ley y no discriminación”, tomando como referencia
los postulados más reaccionarios y periféricos del Preámbulo y la Constitución
Nacional y parangonando (e intentando equiparar) la situación de “nacionales” y
“extranjeros” en la Guerra de Malvinas, al decir que éstos últimos “gozaban de todos los derechos (aunque no de
todas las obligaciones como se ve) veían desde la comodidad de su hogar el
conflicto, sin temor a ser convocados”.
No solo que es falso lo que señala este juez (sobre
todo, teniendo en cuenta la vigencia de la “Ley Videla” sobre migraciones, e
intentando trasladar y equiparar la lectura de procesos históricos diferentes),
sino que tiene un nivel de arbitrariedad e ignorancia enorme para justificar la
violación a derechos humanos.
El año pasado fue el exjuez de la Casación bonaerense,
Horacio Daniel Piombo, quien huyó despavorido ante el repudio social
generalizado ante una sentencia más, profundamente discriminatoria. Este año el
premio judicial -que modificó levemente su nominación- a la homolesbobitransfobia xenófoba parece ir
a manos de Juan José Ruiz y Martín Chiorazzi.
En el último informe presentado por
el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo
bonaerense, a cargo de Laurana Malacalza, hay algunos ejemplos que señalan la
constante violación a la identidad de género autopercibida y a las garantías
más básicas en el marco del proceso penal. Asimismo, desde el OVG marcan que la
política pública del municipio platense (en ese entonces, de Bruera), a través
de la Subsecretaría de Control Urbano, se reduce a relocalizar la “zona roja”
en las inmediaciones del bosque platense para “invisibilizar la responsabilidad integral del Estado frente a la
situación de vulneración de derechos en la cual se encuentra el colectivo trans
y travesti”, siendo más bien “una
medida tendiente a apartar de la mirada social a este colectivo.”
La situación no es muy
esperanzadora si tenemos al mando del municipio platense a Julio Garro
(PRO-Cambiemos) quien es necesario recordar que, ante
la pregunta por el cupo laboral trans, manifestó: “no se me ocurre darle un trabajo a un travesti cuando hay madres y
padres con hambre”.
Multiplicar la organización, la furia y resistencia
travesti, la lucha, las jornadas antirati en Plaza Matheu contra la
militarización de la zona roja, el repudio de las más diversas formas a la
criminalización, la violencia, el coimeo, el hostigamiento y persecución
policial al colectivo trans y travesti son las estrategias que nos tenemos que
valer para no encuadrar en esa categoría de “vecinos” que utilizan desde el
Estado y las vías de comunicación hegemónicas para poner en práctica e imponer
su visión heteropatriarcal del mundo. No hay muchos caminos posibles: la
alianza o la lucha contra el heteropatriarcado. Porque, como dijo la gran
Lohana Berkins, “ahora es tiempo de
resistir y el tiempo de la revolución
es ahora”.
Por Aramis Lascano
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