En el día de ayer, mientras se sucedían una serie de manifestaciones para pedir por la liberación de la militante de la Tupac Amaru, Milagros Sala, se aprobó en el Consejo de Seguridad Interior el protocolo para regular piquetes.
“Queremos cambiar la cultura del corte", dijo Bullrich estableciendo que les darán total libertad a las fuerzas de seguridad para que actúen ante una manifestación que corte “total o parcialmente” la calle. El "Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas" establece lo siguiente: ante el corte los policías darán aviso al Ministerio del área, luego a la Justicia quien debera intimar a las personas para que terminen con la protesta y luego como “último recurso” estaría el visto bueno para que la policía pueda “disolver” la protesta. Son varias las palabras entrecomilladas, porque son muchas las dudas que genera este supuesto protocolo que palabras más, palabras menos, permite y legaliza la represión.
Cortar la calle será entonces un delito penal y tal como lo establece el artículo 194 del Código Penal aquella persona que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias” podrá recibir de 3 meses a 2 años de prisión. Se podrán pedir identificaciones, sustraer elementos “peligrosos”, los manifestantes deberán hacerse cargo en caso de que se “rompan bienes públicos”, entre otras cosas. Este accionar se trasladará a las provincias, dejando que cada una lo “adapte” a su contexto.
Lo que buscan con esto es que las manifestaciones sucedan en lugares que “no molesten” la libre circulación. Una vez más, poniendo en dos veredas a los que, por ejemplo, “quieren ir a trabajar” y a los que reclaman sus derechos a través del corte. El derecho individual –atravesado por circunstancias que obligan a que la persona deba ir a trabajar por sanciones económicas, despidos, etc.- contra un reclamo colectivo de personas con derechos arrebatados.
Las manifestaciones “permitidas” serán aquellas denominadas “programadas” mediante la cual los manifestantes deberán establecer e informar a la justicia un recorrido, tiempo de duración y realización y estimación de participantes para que se le dé aviso a las demás personas queriendo así quitar el carácter espontáneo y de lucha que tienen los piquetes.
El piquete, como método de protesta, nació en medio de las políticas neoliberales de los `90, allá por el sur, en Cutral Có, localidad de la provincia de Neuquén, cuando se privatizó YPF y
muchxs de sus trabajadorxs quedaron en la calle. Método que fue retomado a lo largo y ancho del país con su estallido máximo en diciembre de 2001.
Ya durante el gobierno de Cristina Fernández se había llamado a lxs legisladorxs a que sean “creativos” y diseñen una norma para reglamentar la protesta. Seis fueron los proyectos que se presentaron en ese entonces pero ninguno prospero. Estas propuestas venían tanto desde el kirchnerismo y del PRO, como desde el Frente Renovador.
Hoy con este nuevo gobierno, el del presidente Mauricio Macri y con este nuevo protocolo antipiquetes nos quiere sacar nuestro primer derecho. Porque la protesta social es, entre todos, el primer derecho. Es la manera mediante por la cual las personas reclaman por el cumplimiento de los demás derechos vulnerados: Burocratizar, judicializar y hasta criminalizar la protesta no es más que violar nuestro primer derecho.
Por Otro Viento
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