por Colectivo Cultural Otro Viento.
En realidad yo puedo comentar la particularidad del área en la cual me desempeñaba como trabajadora social. Hay baja de contratos en la Subsecretaría de Política Integral de Promoción y Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en áreas que atienden la temática de violencia contra la mujer y en la Casa del Niño, entre otras.
Desde el área de Inclusión y Emergencia Social se ha trabajado con un total de 60.896 personas desde el año 2008 a la actualidad; todas familias del municipio de Quilmes en situación de vulnerabilidad socio económica. Se trabaja haciendo hincapié en la problemática habitacional. Si bien este se constituye en el eje central de la intervención profesional, se realizan abordajes integrales con el objetivo de la inclusión cuando los derechos vulnerados son otros, como la alimentación, el acceso a la salud, a la educación. Las problemáticas con las que se interviene desde el área se encuentran atravesadas por la emergencia; entre las mismas podemos mencionar situaciones de violencia de género, situaciones de calle, incendios, temporales climáticos, inundaciones, entre otras.
Al asumir la nueva gestión no se nos dio la posibilidad de comentar el modo de trabajo nuestro y por el contrario se nombró a una coordinadora (supuestamente Psicóloga Social) quien fue la que evaluó nuestro trabajo. Desde ese momento comenzó una suerte de caza de brujas, preguntando una y otra vez cuál había sido el modo de ingreso a la Subsecretaria, a lo cual se respondía a través de concursos, mediante evaluación de curriculum vitae y varias entrevistas.
Se nos obligó y se sigue obligando a compañeras que aún están trabajando a realizar prácticas profesionales alejadas del marco que nos exige la Ley Federal de Trabajo Social N° 27072, aprobada en diciembre de 2014.
El día 30 de diciembre nos dan la baja de los contratos a un grupo de seis trabajadoras sociales y una administrativa. El fundamento de la Secretaria María Angeles Sotolano fue que no nos “aggiornamos al cambio”. Sin poder mostrar un informe sobre nuestra evaluación, una situación concreta que lo demarcara.
A partir de allí comenzamos una serie de reuniones, siempre con el acompañamiento de ATE Quilmes, con el subsecretario de gobierno, luego con el secretario de gobierno, y hasta el día de hoy aún no tenemos respuestas. La única respuesta que obtuvimos es que van a existir injusticias tanto de un lado como del otro. Se van a despedir trabajadores, y continuaran trabajando aquellos que hace más de dos meses no se acercan a sus puestos laborales.
¿Tenían algún arreglo pactado para lxs trabajadorxs contratadxs?
En realidad desde el día uno de la nueva gestión manifestamos nuestra preocupación debido a la finalización de nuestro contrato el día 31 de diciembre. La respuesta de la Secretaria fue que la teníamos cansada de esa misma pregunta y que nos pusiéramos a trabajar porque no se darían de baja aquellos contratos de las personas que así lo hacían. A partir de allí evasivas tanto de la secretaria como de la subsecretaria y amenazas en relación a la continuidad o no. Se utilizó este momento como un instrumento de coerción hacia el grupo de trabajadores.
El día 29 de diciembre reunidas con uno de los directores del área la respuesta fue similar y al día siguiente nos hicieron interrumpir nuestra tarea cotidiana para darnos aquellas noticias. Quedando truncas intervenciones ya iniciadas y algunas a punto de comenzar.
¿Cuál fue el argumento que les dieron las nuevas autoridades?
Como comenté no existió ningún fundamento. Solo se repite aquello que se escucha día a día en los medios de comunicación, que los despedidos son ñoquis, que tenían vinculación política con la gestión que se fue, etc, etc. Todas excusas para enmascarar el plan de vaciamiento de las políticas y programas que fueron creadas para dar respuesta a la vulneración de derechos de las poblaciones más empobrecidas de la ciudad.
A nosotras en particular nos dijeron que no nos aggiornamos al cambio. Lo que significa que dijimos que no al avasallamiento de los derechos de las personas con las que trabajamos y a la vulneración de los lineamientos de la ley de ejercicio profesional.
¿Cuáles son las medidas a seguir a partir de esto?
Estamos coordinando con Ate y con los demás compañeros despedidos para realizar reuniones con las autoridades en pos de la reincorporación. Y asimismo en contacto con el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires para que intervengan en las formas de trabajo y en este vaciamiento de la política pública existente que estamos denunciando.
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Compartimos el comunicado de las trabajadoras:
Los trabajadores estamos de Paro
Los trabajadores de la Subsecretaría de Inclusión y Emergencia Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de Quilmes, hemos decidido tomar diferentes medidas de fuerza, entre ellas declarar el PARO de este servicio público, debido a la no renovación de los contratos de compañeros trabajadores de diferentes áreas. Estos despidos se producen en el marco de otros mil, ocurridos en otras áreas del Municipio.
El día 30 de diciembre se convocó a un grupo de compañeras para informarles que quedaban en “stand by” como trabajadoras de la Subsecretaria de Inclusión y Emergencia Social. De esta manera, comienza el derrotero de desaciertos de las nuevas autoridades.
El único fundamento explícito para el despido fue que las compañeras “no se aggiornaron al cambio”. No hubo un argumento claro, un informe impreso, una actitud que pudiera explicitar esa falta de adecuación a lo nuevo. Asumieron el 10 de diciembre ¿qué podes evaluar sobre un trabajador cuando no existe ningún conocimiento de él?
Cabe destacar que, el día 29 de diciembre, uno de los directivos nos dijo que los contratos se iban a renovar automáticamente, que no había decisión política de dar la baja a nadie. Según él, hablaba como trabajador y jefe de familia.
Posteriormente, el día 4 de enero, muchos de los compañeros concurrieron a trabajar como todos los días y, al momento de firmar la planilla de asistencia, fueron notificados que habían sido dados de baja.
Ambas situaciones dejan en claro que no existió aviso previo ni calidad humana para informar el despido.
Como los compañeros de la Subsecretaría de Política Integral de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia repudiamos la informalidad en la comunicación institucional, así como esta aleatoriedad manifiesta carente de razones concretas, que intentan sumirnos en la incertidumbre y el temor. Ante las evasivas recibidas y los mecanismos de amedrentamiento este colectivo de trabajadores rechaza la manipulación ejercida por esta gestión desde su asunción, negándonos a asumir el rol de víctimas pasivas y defendiendo la calidad del Servicio y la fuente laboral de cada uno de los trabajadores de esta Subsecretaría.
Por último, destacamos que no sólo se están vulnerando nuestros derechos como trabajadores sino que también, vulneran los derechos de los sectores con los que trabajamos día a día. Desde la Subsecretaría de Inclusión y Emergencia Social intervenimos con aquellas familias en situación de extrema vulnerabilidad social, buscando garantizar sus derechos de forma integral y comprometida. Esta reducción del personal, tanto profesional como administrativo, no se ajusta a los llamados ‘ñoquis’. Por el contrario, conlleva a la prestación de un servicio precario, ineficiente y desjerarquizado. Trabajar con personas en situación de pobreza no implica prestar ‘servicios públicos pobres’.
Exigimos a la Secretaria de Desarrollo Social María Angel Sotolano y al Intendente Martiniano Molina la inmediata reincorporación de los compañeros despedidos, sosteniendo las medidas de fuerza hasta tanto se efectivice.
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