Tomemos el cielo por asalto
El pasado 1 de marzo, en la apertura de las sesiones legislativas del Congreso, la presidenta Cristina Fernández hizo un llamado para lxs legisladorxs. Les pidió que sean “creativos” y diseñen una norma para reglamentar la protesta ya que, tal como especificó:“Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles impidiendo que la gente vaya a trabajar”.Los proyectos no tardaron en aparecer, ya hay seis propuestas tanto desde el kirchnerismo y del PRO, como desde el Frente Renovador.
Pero, ¿es ese el trasfondo real detrás de este pedido?¿Acaso las reiteradas y numerosas movilizaciones populares no influyeron en esta decisión?¿Es casual que en la coyuntura económica actual, a la par de un claro fortalecimiento del aparato represivo, se pretenda reglamentar la protesta social? No. No creemos que sea casual, muy por el contrario creemos que esta intención por burocratizar la protesta tiene un solo objetivo: frenar la lucha social a través de la criminalización de la protesta.
La protesta social es,entre todos, el primer derecho. Es la manera mediante por la cual las personas reclaman por el cumplimiento de los demás derechos vulnerados: trabajo, educación, salud, vivienda. Burocratizar, judicializar y hasta criminalizar la protesta no es más que violar nuestro primer derecho. Intentar silenciar los conflictos sociales, no hace más que retroceder las conquistas que fueron ganadas en las calles y congelar las futuras luchas.
Resulta imprescindible recordar que el piquete, como método de protesta, nació en medio de las políticas neoliberales de los `90, allá por el sur, en Cutral Có, localidad de la provincia de Neuquén, cuando se privatizó YPF y muchxs de sus trabajadorxs quedaron en la calle. Método que fue retomado a lo largo y ancho del país con su estallido máximo en diciembre de 2001. Piquetes, huelgas, tomas de fábricas, fueron adquiriendo mayor fuerza entre los sectores populares que vieron –y lo siguen haciendo- en estas medidas la manera de hacer oír sus reclamos.
Resulta imprescindible recordar que el piquete, como método de protesta, nació en medio de las políticas neoliberales de los `90, allá por el sur, en Cutral Có, localidad de la provincia de Neuquén, cuando se privatizó YPF y muchxs de sus trabajadorxs quedaron en la calle. Método que fue retomado a lo largo y ancho del país con su estallido máximo en diciembre de 2001. Piquetes, huelgas, tomas de fábricas, fueron adquiriendo mayor fuerza entre los sectores populares que vieron –y lo siguen haciendo- en estas medidas la manera de hacer oír sus reclamos.
Fue el propio Néstor Kirchner quien llamó a no reprimir estas manifestaciones. Sin embargo, parece que a las palabras se las lleva el viento ya que la represión continuó. Según el informe realizado por CORREPI y la Agencia Walsh, desde 2003 hasta el 2013, fueron 19 los muertos (uno desaparecido) en la represión directa en las protestas.
Una de las contradicciones más peligrosas de este capitalismo en el que vivimos es colocar al pueblo contra el pueblo. A quienes hacen la protesta contra los que, por ejemplo, “quieren ir a trabajar”. El derecho individual –atravesado por circunstancias que obligan a que la persona deba ir a trabajar por sanciones económicas, despidos, etc.- contra un reclamo colectivo de personas con derechos arrebatados.
En abril de este año, Juan Manuel Pedrini, Carlos Kunkel y otros representantes del oficialismo presentaron un proyecto de ley bajo el nombre de “Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas”, que encuentra entre los seis que se están debatiendo en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados para reglamentar la protesta.A lo largo de su texto clasificaba a las protestas en “legítimas” e “ilegítimas”. No constituiría una protesta “legítima” aquella manifestación que impidiera el funcionamiento de servicios públicos, no permitiera la circulación en la calle “en un sentido”, ni la circulación de niñxs, ancianxs, “entre otros”. ¿Quiénes son esos “otros”? Propone además, al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación que podría disponer de las fuerzas de seguridad para “dispersar” la protesta con armas que “no sean de fuego”.
Fuertes críticas se levantaron ante este proyecto, sobre todo de las organizaciones de izquierda e incluso desde aquellos sectores que en el 2001 salieron a la calle a luchar contra las miserias neoliberales dejadas por el anterior gobierno peronista y que en la última década fueron cooptados por el aparato peronista actual. Estos vieron en esta medida un giro a la derecha. Tal fue así que desde el mismo kirchnerismo, en voz del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dieron marcha atrás desligándose del proyecto,argumentando que así como está no sería aprobado. Sin embargo, siguieron insistiendo en la necesidad de reglamentar la protesta. El debate entonces recién empieza.
Frente a ello, creemos necesario no olvidar. No olvidar que la protesta es el derecho a pedir que se cumplan todxs nuestros derechos. No olvidara Fernando Esteche, a Boli Lescano, los petroleros de la Heras ni a lxs másde 6.500 procesadxs por luchar. Tampoco olvidar a Carlos Fuentealba, a Darío Santillán, a Maximiliano Kosteki, a Mariano Ferreyra y a todxs aquellos que fueron asesinados en medio de una protesta, a manos de la policía o fuerza represiva tercerizada, con la firma de un gobernante. Todxs aquellos que utilizaron la protesta como herramienta de lucha, que levantaron su voz y reclamaron por sus derechos y los del resto. Que nos enseñaron y nos enseñan que la lucha se gana en la calle porque al cielo solo por asalto lo tomaremos.
ILUSTRACIÓN: Martín Zinclair
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