A tan sólo tres meses de haber
asumido su mandato, Horacio Cartes, ya ha tomado una serie de medidas que
prometen una vuelta hacia el neoliberalismo en Paraguay. Las privatizaciones
aparecen como la línea rectora en la "gerencia" del Estado. El país
queda, de esta forma, a merced de los intereses económicos y el capital
extranjero.
La
calles continuaban inundadas, los techos todavía estaban en el piso y la comida
no había llegado a los platos de los casi 60 mil inundados paraguayos, cuando
el Senado debatía cómodamente en Asunción la Ley de Alianza Público - Privada,
más conocida como APP.
La semana anterior, cinco
departamentos habían sido afectados por un fuerte temporal de lluvias y
granizo, con vientos de esos que se llevan las cuatro paredes de la casa, los
cultivos plantados y la vida de más de uno; pero eso no importaba, ni siquiera
la autorización que ya había otorgado la Cámara de Diputados para una
ampliación presupuestaria de 20 mil millones de guaraníes, el equivalente a
unos 5 millones de dólares, para asistir a las personas afectadas; acá se estaba
acordando la entrega de todas las instituciones estatales, toda la
infraestructura y servicios públicos a manos privadas.
A los pocos días, el 28 de
octubre, Horacio Cartes, el empresario devenido en político del Partido
Colorado, la agrupación que estuvo en el poder 61 años incluyendo el mandato
del dictador Alfredo Stroessner hasta la asunción de Lugo en 2008, celebraba
por Facebook el quórum obtenido en Diputados: “Quiero felicitar y agradecer
a la Cámara de Diputados por la aprobación con amplia mayoría de la Ley de
Alianza Público-Privada, después de más de cinco horas de debate”.
Exactamente una semana después
la Ley ya entraba en vigencia, bajo el número 5102, y el Paraguay podía empezar
a venderse al mejor postor, ya que como dijo su ministro de Hacienda, Germán
Rojas, luego de un encuentro que mantuvo en Nueva York con representantes del
grupo de inversión y valores Goldman Sachs: “Hoy en día, Paraguay se está
vendiendo solo”.
La
Ley se llama "De fomento de las inversiones en infraestructura, a través
de la participación público - privada", lindo eufemismo para nombrar un cuerpo teórico que viola la Constitución
Nacional, al dejar todas las decisiones en manos del Ejecutivo y borrar del
mapa al Congreso y al Poder Judicial: "El Poder Ejecutivo queda expresamente
facultado a determinar, detallar y precisar, los términos, contenido,
condiciones y características de los proyectos específicos a ser ejecutados”,
señala en su artículo 52.
Así, Horacio Cartes en los
tres meses que lleva como presidente, ha centralizado todo el poder en sus
manos, confundiendo el gobierno de un país con la gerencia que ha ejercido
dentro de su conglomerado de empresas: tabacaleras, industria textil, bebidas,
carnes y hasta la medicina. Si bien la norma hace referencia a la
infraestructura, en realidad abarca toda la esfera pública, tanto para obras
como para servicios: transporte, electricidad, agua, educación, salud, son solo
algunos de los sectores que podrían pasar a manos de privados, por un período
de entre treinta y cuarenta años.
La
gran pregunta sería cuáles son los beneficios para el Estado paraguayo, la
respuesta estremece: nulos. Quien asume todo el riesgo de estas inversiones no
es nada más ni nada menos que el Estado y libera así a la iniciativa privada. Incluso, estos ni siquiera
pagarán el costo del proyecto que presenten, y en caso de perder la licitación
le será devuelto ese dinero.
Parece que Cartes nada tiene
que envidiarle al ex dictador de su país, Alfredo Stroessner, al ex presidente
de facto chileno, Augusto Pinochet, o al máximo exponente del neoliberalismo
argentino, Carlos Saúl Menem. El empresario está vaciando el Paraguay,
vendiendo todo lo que sea vendible, y prevé quedarse con una muy buena tajada a
costa de perjudicar, aún más, al 60 por ciento de la población que vive
sumergida en la pobreza.
Como si las ventajas no
resultaran suficientes para los "buitres" extranjeros y locales, que
han recibido con gran beneplácito el "remate" de Cartes, todo aquel
que haya realizado un proyecto tendrá un 10 por ciento adicional sobre
cualquier otra competencia, lo que no hace otra cosa que favorecer así
situaciones oligopólicas, otorgándole un claro beneficio a las empresas más
poderosas. Esto está prohibido por la
Constitución, pero a Cartes poco parece importarle la letra de la Carta Magna.
"Un pálido ejemplo de
la situación que plantea la ley en cuestión es lo que hizo el señor Gramont
Berres a fines de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se le ocurrió hacer una
planta procesadora de frutas con aval del Estado. Como la planta fue inviable
–nunca funcionó– el Estado debe hoy unos 80 millones de dólares, según la
justicia suiza, y debido a ello el Paraguay no puede depositar sus reservas en
bancos que le paguen algo de interés por las mismas (US$ 5.000 millones) que,
tan solo a un año, le daría un lucro de US$ 50 millones que, así, el Estado
pierde cada año debido a, justamente, una participación público-privada
realizada por Gramont Berres durante la dictadura de Alfredo Stroessner",
explica el ingeniero y secretario de Relaciones Internacionales del Frente
Guasú, Ricardo Canese, en una nota que fue censurada por el diario de mayor
tirada en el Paraguay: ABC Color. El director de este medio, Aldo Zuccolillo,
apoya fervientemente la ley de APP, de la misma manera que apoyó todo el
proceso de desestabilización, que concluyó con el juicio político y posterior
destitución del ex presidente, Fernando Lugo.
Desde el oficialismo
argumentan que éstas no son privatizaciones, de hecho, Cartes, al retornar de Nueva
York, donde asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas para exponer los
ejes principales de su gestión de gobierno, declaró: “De ninguna manera (son)
privatizaciones o ventas del Estado. Aprovecho para decir que soy enemigo
acérrimo de ventas de ningún patrimonio del Estado. Muy por el contrario.
Quisiera mostrar que nosotros los paraguayos somos tan capaces como cualquiera
que pueda venir a comprar cualquier empresa del Estado”.
Pese
a las declaraciones del presidente, la
realidad y la nueva ley indican algo muy distinto, ya que se habilita al Poder
Ejecutivo a concesionar unilateralmente bienes, recursos y servicios públicos
por plazos de hasta cuarenta años.
Recientemente, en una reunión
con empresarios uruguayos, Cartes ofreció a Paraguay, diciendo que es como una
mujer "fácil" y "bonita", comentario que rápidamente desató
una ola de críticas por su tinte machista. De esta forma, el actual gobierno
paraguayo, presenta a las privatizaciones como las garantes de un efecto
positivo sobre la economía, favoreciendo el ingreso de capitales extranjeros.
Pero
esto sólo será mientras se esté llevando a cabo el proceso de "desestatización"
de las empresas públicas, porque cuando estas empresas y servicios ya
pertenezcan al sector privado, todos los dividendos y ganancias irán hacia el
exterior, nada de esto quedará o se reinvertirá en el país.
Pero esta no es la única ley
que, Cartes, ha sancionado en pos de perjudicar a las clases populares y
acrecentar el poder de la oligarquía paraguaya. La aprobación de la
modificación a la Ley de seguridad para el uso de las Fuerzas Armadas en
conflictos internos ha permitido que, con la excusa del Ejército del Pueblo
Paraguayo, una especie de grupo terrorista de cuya conformación no hay pruebas
fehacientes, se justifique la matanza de los líderes campesinos y el avance
voraz de los empresarios sojeros brasileros y paraguayos, quienes ilegalmente
se adueñan de tierras estatales.
Por otro lado, en el ámbito
económico, y acompañando a la ley de APP, se dictaminó la ley de
Responsabilidad Fiscal, con el objetivo
de recortar un cuatro por ciento anual de gastos públicos y congelar los
salarios del sector público por cuatro años.
El slogan con el que Horacio
Cartes realizó su campaña política parece cumplirse: "Un nuevo rumbo para
Paraguay", un rumbo que de por cierto favorece a la oligarquía nacional y
extranjera, dando marcha atrás a las conquistas sociales para las clases
populares campesinas, logradas durante el gobierno de Fernando Lugo. Un
"nuevo rumbo", aunque suena idéntico al que llevó adelante el ex
dictador, Alfredo Stroessner. En este camino el poder avanza a pasos
agigantados, haciéndose lugar con la ayuda de balas, sobornos y leyes injustas.
El "kiosquito" de Cartes ya está abierto, sólo basta la llegada de los compradores.
Por Luciana Rodríguez Sacco
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