martes, 2 de julio de 2013

La gota que nadie esperó

Postinundación
A tres meses de la desidia en La Plata

La inundación del pasado 2 de abril en La Plata dejó un sin fin de perjudicados que, con suerte, fueron asistidos en los días posteriores a la torrencial caída de agua sobre la ciudad. Sin embargo, a tres meses, aún no hay precisiones sobre los posibles responsables políticos y ni siquiera la propia ciudadanía tiene una concisa respuesta sobre la cantidad de fallecidos y la identidad de los mismos. Si bien en parte esta situación debería ser explicada desde el Estado provincial, ¿por qué nadie habla de las responsabilidades municipales?



Desde que comenzaron las investigaciones penales los medios de comunicación se propusieron, como ocurre habitualmente, a confundir de alguna manera a la sociedad sobre cómo eran encaradas las investigaciones para determinar las causas del temporal y el número de víctimas. La primera cuestión fue dirigida al fiscal Jorge Paolini, quien se encarga de hallar a los presuntos funcionarios responsables de la precaria situación de obras públicas e hidráulicas con la que cuenta La Plata y que facilitaron que la lluvia inunde las calles para convertirlas en ríos urbanos. La segunda causa, era investigada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien recientemente dejó de lado la investigación luego de varias solicitudes para que el fiscal se apartara. Luego de su retirada, la investigación de los certificados de defunción de personas registradas en clínicas platenses quedó en manos de Paolini, por lo que ambas causas quedaron en su poder.

Por otro lado, desde la Cámara de Senadores de Buenos Aires se procedió a comenzar una investigación en diversas comisiones para recabar información de todas las instituciones que participaron de la asistencia en los días posteriores al temporal, y que finalizará con un informe que cada sector debe entregar con sus respectivas conclusiones. La metodología, además de esto, fue mantener entrevistas con los principales protagonistas como el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal; el de Salud, Alejandro Collia; el de Infraestructura, Alejandro Arlía; la de Educación, Nora De Lucia; el juez de Garantías, Guillermo Atencio (encargado de supervisar a los fiscales Condomí Alcorta y Paolini); el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Federico Arias (denunció más muertes que las 52 oficiales), y el defensor penal juvenil, Julián Axat (removido por la procuradora general María del Carmen Falbo).

De igual manera, la Cámara de Diputados conformó una comisión investigadora presidida por el diputado oficialista Raúl Pérez para estudiar la situación, de la cual participa el ‘guardaespaldas político’ y hermano del intendente Pablo Bruera, Gabriel. Si bien ningún funcionario puede ser obligado a prestar declaración ante el Poder Legislativo, se entiende por sentido común que si no hay cuestiones que esconder o situaciones que no tienen una explicación razonable, ningún dirigente se negaría a dar testimonio de los pasos que siguieron a la tragedia, ya que todos desearían llegar a la verdad de lo ocurrido lo más pronto posible. Sin embargo, el director de la morgue platense, Sergio Marano, no quiso asistir al Senado, algo que los medios de comunicación pasaron por alto pero que días más tarde retomarían con la negación de exposición política y mediática ante el Senado por parte del propio intendente platense.

Luego de más de un mes del temporal, se pudo evidenciar que las muertes oficiales no eran 52 como se dijo en un primer momento, sino que ascendieron a 67 defunciones (Arias mantiene actualmente que él aún registra más víctimas) provocadas como consecuencia del temporal. A este paso, no extraña la falta de datos certeros, y menos cuando ciertos funcionarios continúen en la negativa de contribuir a las investigaciones que se han gestado desde diferentes dependencias.


El señor mudo

Pablo Bruera, intendente de la ciudad de La Plata desde el 10 de diciembre de 2007, sufrió en su cargo una de las tragedias más grandes que atravesó la ciudad de las diagonales, y misteriosamente, su respuesta no se corresponde con la realidad. En cuanto a los llamados que recibió para declarar ante las investigaciones de la Legislatura, le comentó a la prensa que “yo no tengo ningún problema en asistir, yo voy a cualquier lado; pero me parece que lo más importante que se necesita es una palabra técnica”. Sin embargo, aún lo siguen esperando.



Por estos días, el funcionario platense es el más buscado por los vecinos, que lo apuntan como uno de los principales responsables de la falta de obras públicas. Por su parte, el jefe municipal desde el temporal sólo ha sabido sembrar dudas en la sociedad, ya que después de enviar una publicitaria carta a la casa de los damnificados pidiendo “ayuda” para levantar la ciudad e instalar un servicio de mensaje de texto avisando la proximidad de “tormentas fuertes con ráfagas y caída de granizo”, se negó a brindar declaración frente a los senadores bonaerenses, ya que como informó Gabriel Bruera, el Senado no es un lugar en el cuál Pablo se sienta cómodo para dar explicaciones, además de la casi patética respuesta de argumentar que “le tiene miedo a la prensa”.

No es posible negar el accionar político y cuasimafioso de los medios de comunicación, pero no brindar explicaciones ante el Poder Legislativo, teñido supuestamente como un escenario objetivo ante la inundación, no sólo genera la indignación de la sociedad que aún espera respuestas de su intendente, sino que también genera dudas en torno al propio Bruera para afrontar una situación, que como explicó y alertó en reiteradas oportunidades la Universidad Nacional de La Plata, no se pudo prevenir totalmente pero sí se podría haber fomentado una prevención estatal que brinde un mayor soporte de asistencia ante una catástrofe de estas características, que actualmente desde el ámbito municipal se controla con el Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM).


La falta de seguridad del municipio pone un paño oscuro a un presente gris, porque remarca nuevamente las críticas que se le han hecho a la gestión por ser un impulsor de las inversiones hoteleras y edilicias que rediseñaron la ciudad desde su llegada. Probablemente la justicia tenga razón en pedir tiempo para determinar a los responsables, pero mientras el burocrático Poder Judicial investiga, relee y determina a quien se va a culpar, el tiempo pasa y borra las falencias que nunca se reconocieron pero están a la vista de todos. Un todos compuesto por ciudadanos que más que indignados se encuentran avergonzados de no tener seguridad alguna, ni consistencia política de cuándo se sabrán las perdidas reales del temporal y cómo será la adaptación de una ciudad desprotegida. La Plata es muestra y se agrega a la larga lista de ciudades bonaerenses, en las que se dice estar en buenas condiciones sociales mediante eslóganes publicitarios engañosos, se derrochan millones, se pierde una batalla iniciada desde el centro del poder político, se llora un camino sin retorno, y finalmente, se reclama ayuda a quienes decían que iban a compensar meses atrás.

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