El problema de la inflación

El Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Profesor de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario, Julio C. Gambina,  brinda a Otro Viento y a todos sus lectores herramientas para comprender un poco mejor la inflación que afecta la cotidianeidad argentina.

La inflación o suba de los precios es un fenómeno que impacta seriamente en la calidad de vida de la población, especialmente entre los sectores de menores ingresos.

El sistema de precios es un mecanismo de distribución de la riqueza socialmente generada, donde se evidencia la fuerza que diferentes sectores sociales tienen  para apropiarse de la renta. Es conocido que la renta nacional se reduce esencialmente a salarios y ganancias, por lo que en el sistema de precios se define la distribución del producto social. Así, el fenómeno de la inflación en el capitalismo esconde la primacía del capital sobre el trabajo en el orden productivo y la circulación de mercancías, servicios y los propios capitales.

En definitiva, se trata de una puja desigual entre precios en general y el precio específico de la fuerza de trabajo, de los salarios. Es parte de la lucha de clases que se manifiesta como disputa por la renta nacional. Se trata de uno de los temas más trascendente de la Economía Política, difundido como distribución funcional del ingreso.

Las patronales exigen mejoras salariales a cambio de aumentos de productividad. Desde el gobierno se sostiene un relato que alude a la inclusión social derivada de la distribución del ingreso sostenida en política social y previsional masiva, aun cuando se trate de ingresos mínimos. Los trabajadores a su vez generan conflictos y tensiones sociales en la actualización salarial que solo logran el 46,7% del conjunto de los trabajadores asalariados regularizados y ocupados plenos, según la EPH-INDEC.[1]

Por eso existen opiniones y balances diferenciados entre empresarios, el gobierno y las organizaciones de trabajadores, más allá de la identidad política entre algunos dirigentes y/o centrales sindicales y el gobierno, lo que se manifiesta en luchas y demandas a la patronal estatal. Es el caso de los docentes en varias provincias y en el orden nacional, e incluso organizaciones sindicales del sector privado que disputan más allá de convergencias patronal-gubernamental. El problema de la precariedad y los bajos salarios exacerban la conflictividad derivada del aumento de los precios en la vida cotidiana.

No solo se moviliza el sindicalismo crítico. Son demandas por ingresos en el mismo momento en que se cierra una etapa de “acuerdo de precios”, de febrero a mayo pasado de 2013, con escasos resultados, y se renueva  desde el primer día de junio hasta fines de octubre, con un acuerdo sobre 500 productos de la canasta cotidiana de consumo. La novedad es la convocatoria a la militancia social y política para la vigilancia sobre el cumplimiento del acuerdo.

Está claro que existe impunidad empresarial, sea en la fijación de precios por las principales empresas productoras como por las principales cadenas de distribución y comercialización al público: los grandes supermercados. En ambos sectores deben encontrarse a los principales favorecidos por la escalada de precios. Al mismo tiempo existe escasa capacidad estatal para disciplinar a estos sectores monopólicos. Debe quedar claro que no hay “control” de precios, sino “acuerdos”, los que no siempre se cumplen. El acuerdo actual alcanza a los grandes centros urbanos y a las mayores cadenas de supermercados, dejando fuera y a la intemperie a buena parte de los consumidores de más bajos ingresos del interior del país y las provincias.

El control militante anunciado y esbozado al comienzo del operativo puso en contradicción la voluntad militante con la impunidad empresarial que boicoteó los operativos de vigilancia, dificultando un proceso necesario de construcción de subjetividad popular en la disputa por la distribución de la riqueza, algo que debe comenzar por el accionar sindical. En este último sentido debemos considerar la dificultad operada por la fragmentación sindical y la no convergencia de objetivos generales de política económica con los específicos de los trabajadores, especialmente los relativos a la defensa del salario afectado por la evolución de la inflación.

En una visión desde los trabajadores se debe insistir en el control estricto sobre la formación de los precios en las esferas de la producción y la comercialización, completados con la extensión de ferias populares en todas las ciudades al estilo del Mercado Central, con precios regulados por el Estado para asegurar el consumo popular. El control popular debe ejercerse desde los trabajadores en origen, algo que demanda la recuperación de la capacidad de organización y lucha unitaria de los trabajadores, más allá de la especificidad organizativa y de lucha según el modelo sindical de cada Central.

Asumir la inflación

Tal como hemos sostenido, es sano que se asuma desde el gobierno el diagnóstico del encarecimiento de los precios, de la inflación como fenómeno que corroe los ingresos de aquellos que menos perciben. Lo curioso es que el INDEC y todos sus superiores jerárquicos persistan en la mentira estadística, especialmente cuando el dólar ilegal aparece contenido, claro que en un precio muy superior al del dólar administrado por el Banco Central,  y la devaluación del tipo de cambio oficial se mueve lenta pero persistentemente hacia el alza, desmintiendo lo señalado oportunamente contra la devaluación. Llamamos la atención sobre el asunto, porque es conocido que cada alza de las divisas impacta en los precios, producto de la dependencia argentina en materia de comercio externo e insumos estratégicos para la producción local, cotizados, por cierto, en divisas cada vez más costosas.

Más allá de las opciones electorales que asuma la población, la realidad muestra un creciente conflicto social por la disputa de la renta nacional, que como hemos sostenido se reduce a ganancias o salarios. Siempre recordamos en cursos y conferencias que todo vivimos de ganancias o salarios, incluso de quien se apodera ilegalmente de recursos que en origen provienen de patrones o trabajadores. El Estado cumple con sus obligaciones porque captura ingresos de unos o de otros por la vía impositiva, más allá de discutir la justeza de las proporciones de esas fuentes tributarias. Convengamos que los asalariados regularizados de mejores ingresos demandan la disminución e incluso la eliminación del impuesto a las ganancias que hoy tributan esos trabajadores.

El conflicto visible en la sociedad expresa la lucha por la renta nacional socialmente generada. Es una disputa entre propietarios de medios de producción con capacidad de fijar precios, y propietarios de fuerza de trabajo que pretenden ejercer su derecho de lucha para fortalecer capacidad de negociación, disputa y posibilidad de ganar. Es claramente una cuestión de poder en la relación social fundamental del orden económico, entre patrones y trabajadores, donde el Estado no es neutral, y en definitiva pone de manifiesto la disputa al interior del Estado, de sus políticas y sobre el destino de los ingresos fiscales.

No es un tema sencillo, y no solo en la Argentina. La disputa por la renta es manifiesta en prácticamente toda la región latinoamericana. Es que parece agotarse el proceso de crecimiento a tasas elevadísimas de la década anterior, que eludía el conflicto ante la satisfacción a dos puntas, de ganancias y de salarios, aun siendo bajos e incluso en situación de informalidad. La recesión en buena parte de los países capitalistas desarrollados y la desaceleración o escaso repunte en otras latitudes del “primer mundo” dan cuenta de restricciones objetivas ante la crisis mundial del capitalismo. Cada país, y la Argentina no escapa a ello, intenta desde las políticas nacionales esquivarle lo más posible a la crisis mundial, aun sabiendo que el problema es el propio capitalismo y su anarquía, que motiva que todos busquen respuestas nacionales y no globales.

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[1] Estudio realizado por el Equipo de Economía Política de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.