“Si pueden votar a los 16
años, que vayan a la cárcel” gritan
ciertos sectores impolutos e individualistas de la clase media-alta.
Lamentablemente para ellos, caen en un error. A partir de los 16 años, nuestra
legislación nos responsabiliza penalmente por los ilícitos que cometemos. Si
bien no se los envía a una de las 54 unidades penitenciarias en la provincia de
Buenos Aires, sí se los deposita en
centros de detención de menores aún peores.[1]
Que los adolescentes puedan ser encerrados, pero no puedan decidir quiénes
direccionarán las astas del Estado parecería, al menos, incongruente.
Ahora bien centrándose en la ley ¿qué es lo que trata
este proyecto presentado por el oficialismo? Elaborado por Elena Corregido y
Aníbal Fernández, la ley publicada en el Boletín Oficial el 2/10, modifica seis
leyes y el primer artículo del Código Electoral para permitir el voto a cargos
nacionales: a los argentinos
nativos y por opción desde los 16 años y a los argentinos naturalizados desde
los 18 años. El voto es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años, y por ello
quedan exentos de sanciones (se los equipara a los mayores de 70 años). Así, el padrón
electoral argentino, que es de aproximadamente 29 millones de personas,
aumentará a algo más de 30 millones de electores.
Desde el
oficialismo, el senador Aníbal Fernández en su web titula sobre el proyecto: “A
los jóvenes: a no bajar las banderas, participando”.
Por su parte, Daniel Filmus remarcó que "esto genera que los chicos discutan historia, que vean la realidad y
que tengan la oportunidad de debatir". ¿Debatir dónde? Los jóvenes
pueden debatir y no es imprescindible que ejerzan este derecho político, o
acaso ¿el oportunismo permite que piense lo contrario?
Si la dirigencia política cree que con modificar ciertas leyes va a
generar conciencia política mágicamente en la sociedad, está equivocada. Para
ello es necesaria una política direccionada a la apertura de espacios de
discusión, en los cuales la sociedad no calle y cada ciudadano tenga voz propia
en verdaderas instancias de participación, que no se reduzcan a una concepción
ignota de la democracia resumida en depositar un voto en la urna. Ahora bien
¿El gobierno de turno quiere una sociedad concientizada en términos reales o
prefiere un pueblo que ignore las causas de sus problemas sociales? A pesar del
discurso romántico y democrático, todo poder anhela mantenerse en el poder, y
qué mejor que una sociedad muda para consolidar esa naturaleza de las cosas.
El sufragio resulta aún un instrumento sumamente torpe
para contribuir al establecimiento de un diálogo entre los representantes
electos y sus electores; es incapaz de demostrar los diversos matices que quiere manifestar el pueblo en
los comicios bianuales (incorporar otras voces, priorizar ciertas políticas,
apoyar otras iniciativas o exigir el cumplimiento de otras, etc.,). Pero es otro factor el
que dirige el fortalecimiento de las prácticas representativas: el ejercicio de
poder.
No hay espacios para la participación cívica
en la toma de decisiones. Que instituciones democráticas como el referéndum o
el plebiscito nunca hayan sido utilizados a nivel nacional desde la reforma de
la constitución en 1994 es una clara manifestación de que los gobiernos no
quieren participación popular directa. ¿Y esto a qué se debe? ¿El pueblo no debe hacer
nada más que votar cada 2 años?
Entender
que el “el arma más importante
de la democracia es el voto en las urnas"[2] es una
concepción limitada de la democracia y legitimante de un ejercicio vertical del
poder. El instituto de la democracia indirecta se presenta como el único camino
que conduce al bienestar social (vivienda - alimento - educación - trabajo).
Dejando de lado la teoría puede verse una realidad distinta. Por ende, debe ser
criticado y reformulado en vías de hallar otras formas que se adapten mejor a
los problemas sociales que acechan al conjunto del pueblo.
La democracia participativa-deliberativa se presenta como vía
alternativa de participación, discusión y debate con importante influencia en
los avatares políticos de la sociedad, relegando el gobierno de las elites y
entendiendo que la deliberación se dirige a obtener, idealmente, un consenso
unánime. Cabe preguntarse si esta forma le conviene al poder de turno, o si por
el contrario le quita el poder que absorbe del pueblo en su investidura. La
hipocresía discursiva es fácil de detectar analizando un poco los intereses de
quienes dominan y deciden el rumbo del pueblo.
[1] Un claro ejemplo
fue lo ocurrido en el Instituto Almafuerte, ubicado en Abasto, donde 5
adolescentes fueron golpeados un salvajemente por “celadores” un domingo de
septiembre. Para más información: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-202767-2012-09-06.html
[2] Palabras manifestadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su aparición mediática el jueves 1° de noviembre de 2012.
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