En abril de este
año, la empresa multinacional de capitales españolesGestamp ubicada en Escobar,
Buenos Aires, y dedicada a la fabricación de autopartes; decidió suspender a 65
trabajadores de planta, con motivo de la caída en la actividad automotriz. La
medida iba a durar 30 días, los suspendidos percibirían el 65% de su salario y
no debían presentarse a trabajar hasta reincorporarse al siguiente mes.
Sin embargo, en mayo
la empresa decidió renovar las suspensiones a los mismos trabajadores. Ante lo
cual éstos se opusieron decidiendo en asamblea que las suspensiones fueran
rotativas, por considerar que extender la suspensión nuevamente a los mismos
equivaldría a un virtual despido.La repuesta de la empresa no tardó en llegar:
67 telegramas, 67 despidos con causa, es decir, sin indemnización.
Ante tamaña
arbitrariedad, los trabajadores decidieron convocar un paro para el día 7 de mayo
que, ante la falta de respuesta de la empresa, se fue extendiendo y
radicalizando hasta llegar a tomar la fábrica durante cinco días, provocando
con ello que se pare la producción tanto en Gestamp como en las industrias
automotrices dependientes de sus insumos (Ford, Volkswagen, General Motors y
Peugeot).
A raíz de las
medidas tomadas, el Ministerio de Trabajo provincial dictó una conciliación
obligatoria con el objeto de que se levante la toma, disponiendo la apertura de
una instancia de diálogo por el plazo de 15 días hábiles, que incluía la
reincorporación de los despedidos. Sin embargo, insólitamente tres días después
fue revocada, con la excusade que se trataba de un conflicto “pluripersonal” y
no sindical porque el reclamo no contaba con el aval del Sindicatode Mecánicos
y Afines del Transporte Automotor (SMATA).
La circunstancia
de que el conflicto no cuente con el aval del sindicato es una realidad, pero
de ningún modo puede ser utilizada como argumento para revocar la conciliación
ya que desde los inicios el sindicato estuvo contra los trabajadores, es decir,
a favor de las suspensiones y despidos. Cómo va a ser de otra manera si la
conducción del SMATAen cabeza del afín al kirchnerismo, Ricardo Pignanelli, es
una ferviente defensora de los intereses empresariales.
El mismo
Pignanelli dejó en claro su postura al manifestar públicamente: “No son
trabajadores y están bien despedidos”.
Los métodos de la burocracia son por demás conocidos, el asesinato de Mariano
Ferreyra en manos de la patota sindical de la Unión Ferroviaria es un claro
ejemplo de ello.
Asimismo, es
trascendental resaltar que los despidos estaban específicamente dirigidos a la
planta número cuatro ya que allí desarrollaban sus tareas trabajadores -algunos
a la vez militantes políticos- que no se conformaban con las migajas ofrecidas
por sus patrones y por eso mismo cuestionaban la conducción sumisa de
Pignanelli. Por lo cual, se busca no solo sacar del medio a los activistassino
también disciplinar al resto de los trabajadores para que vean qué es lo que
les sucede a los que luchan.
Por otro lado, en
un gesto manifiestamente fascista, las dirigencias de los sindicatos que
componen la CGT oficialista se reunieron en el marco de la Confederación de
Sindicatos Industriales de la República Argentina, con el objeto de diseñar una
estrategia conjunta para combatir la “infiltración”de la izquierda en
las fábricas. ¿Hasta dónde puede llegar la obsecuencia de la cúpula sindical
ante el agotamiento del modelo y las políticas de ajuste? ¿Quiénes son
verdaderamente los infiltrados?¿Los burócratas que en vez de defender los
intereses de los trabajadores se arrodillan ante las patronales o los
trabajadores que se organizan para luchar por sus derechos?
Por cierto, el
círculo no se cierra aquí, falta mencionar la participación fundamental del
Estado que, ante las medidas de fuerza tomadas por los trabajadores, respondió
militarizando la fábrica. Respecto a esto, Cristina Fernández lanzó desde Río
Gallegos un discurso netamente antiobrero: “La fuente de trabajo no se
defiende tomando fábricas”. ¿Y cómo se hace entonces para evitar ser
despedido ante la triple alianza antiobrera?
Lo que se pretende
desde el gobierno y la oposición pro patronal es un movimiento obrero
desarticulado y servil a los intereses empresariales.Por esto mismo, en un
contexto donde las empresas deciden reducir sus costos de producción, la única alternativa
para la clase es la genuina organización de las bases en conjunto con las
organizaciones de izquierda para poder desarrollar un plan nacional de lucha
con el objeto de frenar el abuso de las empresas y, de este modo, garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo.
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