La aristocracia
judicial: justicia por y para pocos.
Finalizaba el 2012 y, en Tucumán, 3 jueces
tenían en sus manos el destino de 13 personas y la esperanza de muchos más. Alberto
Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, absolvieron a la
totalidad de los imputados en la causa por el secuestro y desaparición de
Marita Verón en 2002[1].
El repudio a esta sentencia fue generalizado en todos los ámbitos. Se acusó a
los jueces de proxenetas, y hasta el mismísimo gobernador de Tucumán se mostró
indignado.
Aprovechando el contexto, desde la dirigencia
política tiraron en la mesa, entre otras cartas, al juicio por jurados como
alternativa viable para la solución de los problemas que se desarrollan dentro
de la urbe judicial. Desde 1853, nuestra constitución exige la
instauración del juicio por jurados en el marco de la estructura judicial. Hace
7 años que rige este sistema en la provincia de Córdoba. Permite que un grupo
de ciudadanos diga “si” o “no” ante las pruebas reunidas contra el acusado,
reservando el análisis del derecho de fondo y su rectitud, a la erudición de
los ilustrados profesionales del derecho con sus cabezas repletas de prejuicios
de toda índole (religiosos, étnicos, género, etc.). Agregándose que, según
estadísticas del Tribunal Superior de Justicia (2005-2011), 9 de cada 10
sentencias son condenatorias. ¡Qué estadística amigable! ¿No? En el caso de
Córdoba, como se ve, no hace más que fomentar el populismo penal, temible
producto de la actuación de ciertos sectores de la opinión pública reclamando
“seguridad”. Oportunidad que la dirigencia política no quiere perderse y espera agazapada para desplegar todo el
aparato represivo estatal (más pena, nuevas figuras penales, menos derechos,
menos garantías, etc.,). Más allá de los posibles beneficios que puede
brindarnos el juicios por jurados: más transparencia, más control popular, más
dinamismo (ante los sabidos problemas de los eternos procesos penales,
padecidos por los cuerpos de más de las tres cuartas partes de los privados de
libertad en la provincia de Buenos Aires, cumpliendo prisión preventiva-por las
dudas-), resulta sumamente complejo analizar las consecuencias de su aplicación
y no parece una alternativa para resolver los problemas en el seno del Poder Judicial.
Allá
por octubre de 2011, en Bolivia se desarrolló un experimento al menos
innovador. Los ciudadanos bolivianos eligieron a los miembros del Tribunal
Superior de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Agroambiental
y el Consejo de la
Magistratura mediante el sufragio. Roberto Gargarella, uno de
los constitucionalistas más importantes en la actualidad, manifestó, respecto a
la iniciativa boliviana, que “los
problemas democráticos de la justicia no pueden resolverse o atacarse siquiera,
con la elección democrática de sus miembros”. Tales conflictos tienen que ver,
sobre todo, con el ejercicio de la función judicial, y “querer atender a los
mismos concentrándose en la selección de los jueces es quedarse en la puerta de
entrada del problema”. Asimismo, resultaría contraproducente la
elección popular de magistrados como posible solución a su carácter
contramayoritario ¿o acaso la democracia se resume en el sufragio periódico?
Por último, el jurista destaca que la experiencia fue interesante aunque “el
resultado no fue malo, si no peor”. El
gobierno de Evo manipuló la selección de los candidatos judiciales: fueron
preseleccionados por un Congreso controlado, en su mayoría, por el oficialismo.
Sólo de ahí podían salir los candidatos a disputar bancas judiciales. Las
posibilidades reales de que se elija un juez, en principio, crítico con el
gobierno eran ínfimas. Y para oscurecer aún más el panorama dicha operación fue
acompañada de diversas formas para maniatar la discusión pública, a partir de
prohibiciones sobre los candidatos, los ciudadanos, y los medios de
comunicación (destaca que, por ejemplo, se prohibió que los medios difundieran
información sobre los candidatos).
Más allá de la, en un principio, interesante
apuesta boliviana, el sistema vigente en nuestro país permite que el Poder
Judicial (no solo la
Corte Suprema ) sea una suerte de aristocracia integrada por
miembros de una elite privilegiada, donde predominan los postgrados en el
exterior o fastuosos prontuarios académicos, despreciándose convicciones y pensamientos
críticos a la legalidad reaccionaria o regresiva.. Un abogado graduado con
honores de la universidad regional o el más amigo, más inofensivo o más “tonto” (en palabras
de un juez de la Corte
Suprema ) , se transforma, previa venia política en el Consejo
de la Magistratura
o en el seno del Poder Legislativo, en juez de tal o cual departamento judicial
y por ejemplo, aplica penas perpetuas o deniega derechos fundamentales a las
personas que forman parte, en su mayoría, del núcleo más desventajoso de la
sociedad sin siquiera haber paseado por helicóptero cerca de un barrio marginal
¿Acaso es necesario haberlo hecho? ¿Un proceso que incluye un examen, un
concurso (¿público?) de antecedentes y una entrevista con integrantes del Consejo
de la Magistratura ,
permite la independencia judicial? ¿La construye? Casi. Este sistema termina en
un proceso de selección política arbitraria (que puede ser postergado a gusto y
piacere si los candidatos no simpatizan demasiado). Y pasada la selección
realizada por el Consejo, los nominados forman una terna y la última palabra la
tiene el Poder Ejecutivo, cuestión que para nada llama la atención en el marco
del presidencialismo ortodoxo.
La ciudadanía exige participación directa en el proceso de selección de magistrados,
dentro y no solo mediante el Consejo de la Magistratura (órgano
incorporado en 1994 a
nuestra constitución que, además administra el presupuesto judicial e impone
sanciones), integrado por “representantes” (del Ejecutivo, Legislativo, y Judicial; del ámbito académico
y profesional) y las ya corrientes y distinguidas presiones del poder político.
Más que un órgano pluralista y democrático parecería, luego de varios años y
“reformas” en su funcionamiento, un comité de amigos dónde se distribuye el
Poder Judicial. El pueblo es el “pueblo” y no quienes pretenden hablar en su
nombre. El primero exige participación, el segundo ya la tiene y la ha
desaprovechado.
José Massoni, ex juez y ex titular de la Oficina Anticorrupción
(1999-2002), autor de “La
Justicia y sus secretos”, manifestó que “el valor
internalizado en la gran mayoría del cuerpo de operadores de la justicia es que
‘los negros’ (es decir, el populacho que componen todos los que no son ellos
mismos, exceptuando a los miembros de la clase media exitosos económicamente),
cuando llegan ante sus estrados, en principio, no tienen razón en nada y, si la
tienen, no hay que dársela”. Y que “las cosas están organizadas y funcionan de
modo tal que las grandes mayorías del
país no tienen acceso a la
Justicia y que el reducido grupo de privilegiados que accede,
no consigue nada -o muy poco-, porque la Justicia demora y generalmente resuelve en contra
de los intereses de los más pobres.”[2][3]
Descripta esta escena, resulta mucho más
sencillo para la agencia judicial “resolver” un problema sin conocer, en lo
absoluto, al protagonista. Solo se
relacionan con un número: el de expediente. Pretenden palpar necesidades pero
lo único que manipulan son hojas de papel. Se sacan de encima un escollo,
un problema que no le interesa. Y siempre desde un mismo lugar: lejos del
damnificado. Como dijo alguien alguna vez, los jueces parecen estar aislados en una torre de cristal.
La corporación judicial es una suerte de
casta privilegiada. Son vitalicios y gozan de ciertas garantías como la
estabilidad en el cargo y la intangibilidad en sus sueldos, previstas para un
entorno político y social sustancialmente diferente (su origen se remonta a la
constitución estadounidense). Su inamovilidad en el cargo está fundamentada en “la única garantía
verdadera de la independencia de los magistrados judiciales en el desempeño de
sus cargos” (leyéndola una y otra vez ese fundamento aparece el juez federal
Norberto Oyarbide, funcional a los intereses del menemismo y ahora, paladín de
la justicia oficial). Junto a fiscales y secretarios de juzgados (exceptuando a
los bonaerenses), están exentos del impuesto a las ganancias sobre sus remuneraciones
a partir de la Acordada
20 de 1996 firmada por la Corte menemista liderada por los
nefastos Julio Nazareno y Eduardo Moliné O’ Connor ¿Cómo va a pagar ese tributo
un juez de la Corte
Federal que supera los ínfimos $60.000 mensuales o un juez
federal que percibe más de $25.000? Mientras tanto estando cada vez más
cerca de la finalización del año, miles de empleados comienzan a hacer los
cálculos para determinar qué parte del aguinaldo terminará yendo realmente a
sus bolsillos y cuánto del mismo al Fisco Nacional en concepto de
impuesto a las ganancias. Si los trabajadores perciben un salario, los
empresarios ganancias y éstos dos pagan este tributo, es sumamente absurdo el
privilegio que gozan los jueces y atento contra el principio de igualdad ante
la ley. Parece que este año, afortunadamente, entre los proyectos del cuerpo de
legisladores oficialistas figura terminar con esta exención. En materia
previsional, los magistrados judiciales gozan de jubilaciones $22.353, en
promedio, y que, al no existir topes ni al monto de la jubilación ni al de los
aportes, el haber más alto supera los
$62.000[4].
Los magistrados y funcionarios judiciales hoy pueden jubilarse a los 60 años
–en el régimen general para todos son 65 años–, con 30 de servicio, de los
cuales 15 o 20, según fueran continuos o discontinuos, deben desarrollarse en
la carrera judicial. [5]
Aunque la agencia judicial sigue estando
compuesta por personas, en su mayoría, de las clases más acomodadas de la sociedad,
hay una minoría judicial que surgió en, este último tiempo, de sectores más
desaventajados o incluso, provienen de sectores pudientes pero, pudieron
transgredir esa barrera de clase para ejercer su función. El reclamo exigiendo
la participación de los sectores más vulnerables en la magistratura fue
sostenido alguna vez cuando, por ejemplo, se reclamó que en la Corte Suprema se
designe por lo menos a alguna mujer. Debería ser ampliada esta oportunidad a
algunos miembros provenientes de los principales grupos menos favorecidos de la
sociedad[6] (miembros de pueblos originarios, de
minorías raciales, etc.,) y más, en un eslabón del poder donde prima el
nepotismo (esa desmedida preferencia en contratar a familiares y amigos,
construyendo la famosa familia judicial). Si bien la presencia de un sector
particular dentro de la estructura jerárquica del Poder Judicial no garantiza
el respeto a los derechos de ese grupo, mejora, ampliamente, sus posibilidades.
Otra característica propia que marca la
distancia entre los justiciables y los jueces es el lenguaje. Lo que ocurre
habitualmente es que el derecho es escrito, aplicado e interpretado por una
elite, empleando un lenguaje inaccesible para las masas, fijando un claro sesgo
clasista. De esta manera, hay un sector de la sociedad que no puede entender lo
que se le está diciendo. Si la respuesta es injusta, lo más beneficioso es
utilizar un lenguaje de estas características: complejo e insondable. Mientras
el Derecho se presume conocido por tod*s (un verdadero fraude en la práctica), negarle
la posibilidad a la ciudadanía de participar en su producción y posterior
aplicación es un absurdo, propio de las formas elitistas de reflexionar y aplicar el
Derecho. Democratizar la justicia no
es solo fomentar la elección popular de los magistrados: es superar esa
infranqueable barrera de clase y activar la recíproca comunicación entre
reclamos ciudadanos y respuestas judiciales. Si el tránsito hacia ese horizonte
llamado justicia queda reservado para privilegiad*s, la formación universitaria
resulta trascendental para la destrucción de estos obstáculos, activando la
real participación de las minorías en la construcción de una sociedad más
igualitaria, desde el Derecho.
Dado este esquema, ¿Qué deberían hacer los
jueces? ¿Criminalizar a un Qom[7], condenar
la pobreza[8] o
rechazar derechos fundamentales protegiendo el presupuesto anual[9]? El juez nunca tiene que olvidarse que es un actor
político y debe posicionarse y corregir las injusticias propias que se dan en
el proceso político, tomando distancia de esa suerte de casta que pretende defender
sus propios intereses. El Poder
Judicial tiene que abrirle las puertas al pluralismo y al pensamiento
innovador. Es elemental para la concreción de estos ideales, una
revolución institucional en el marco vigente que propone la aristocracia
judicial, a menos que nuestras intenciones se direccionen a que la justicia quede
reservada para unos pocos.
Proveer
de conformidad ¿Será justicia?
Por Aramis Lascano
[1] Recientemente, la
comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán aceptó el pedido de destitución
de los tres jueces.
[2] Entrevista dada al Diario
La Nación , 23
de septiembre de 2007.
[3] Julián Axat, relata en su
blog (http://elniniorizoma.wordpress.com) que, conversando con un sastre, éste
le manifestó: “en la justicia federal, si vos no sos un tipo elegante, a
medida, olvidate que te atienda el juez, o la gente de la mesa de entradas te
trate como es debido, se fijan en eso, un buen abogado es un tipo perseguido
por un sastre…”.
[4] “Jueces en la mira por
jubilaciones de privilegio”, por David Cufré, en Página 12, 4 de enero de 2012
[5] Los obispos y los
diplomáticos también se unen a los jueces en el goce de esta jubilación
privilegiada, llegándose a pagar, según la ANSES , hasta $112.000 por mes. En el caso de los
obispos cobran, en promedio, “el 70 por ciento de la jubilación de los
jueces”.
[6] La experiencia judicial
en sociedades cosmopolitas reproducen esta visión. La ciudad canadiense de
Quebec, multicultural por excelencia, tiene garantizados tres de los nueve
asientos de la Corte Suprema
Nacional. La Corte
Europea de DD.HH. garantiza que cada miembro de la comunidad
tenga una voz real dentro del órgano decisor.
[7] Aunque recientemente la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia, con grandes argumentos democráticos, revocó el
procesamiento de Félix Díaz y su esposa,
Amanda Asijak, pertenecientes a la etnia Qom, procesados y embargados (hasta $300) por el juez federal
de Formosa como coautores del delito de entorpecimiento de transporte por vía
terrestre previsto y reprimido por el art. 194 del Código Penal, por una
manifestación ocurrida en Formosa en 2010.
[8] La Sala II
de la Cámara Nacional
de Casación Penal en la causa “G., H.H.,
s/ recurso de casación” absolvió a un desocupado, que había sido condenado por
el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional nro. 6 a quince días de prisión en
suspenso por haber intentado apoderarse de dos piezas de carne tipo palomita
del interior del Supermercado Día de Avenida Cabildo en 2008
[9] La Corte Suprema de
Justicia de la Nación
en abril pasado, revocó la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, en consecuencia, ordenó al gobierno local que garantice a una
madre y su hijo discapacitado, que se encontraban en “situación de calle”, un
alojamiento con condiciones edilicias adecuadas en la causa “Q. C., S. Y. c/
Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires s/ amparo”.
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