Una profunda lucha de conciencia en el corazón de la Provincia

Los barrios tomados de la ciudad de La Plata muestran mucho más de lo que se evidencia. La necesidad de la tierra propia exponen lo mejor y lo peor de cada sector social en el medio de una batalla que dejó de ser de clases para comenzar a ser cultural.

Ocupas, usurpadores, vagos, violentos y hasta delincuentes. Estas son algunas de las descalificaciones que se pueden encontrar reflejadas en los medios de comunicación masivos cuando se remite a un grupo de personas que se encuentra viviendo transitoriamente en un terreno privado, en la mayoría de los casos abandonado por su dueño y/o el Estado. La intención es clara, redirigir el foco de la problemática social e instaurar la culpabilidad en las familias.

Esta situación es exactamente la que se vive actualmente en la ciudad de La Plata. Cinco barrios: La Cantera, San Cayetano, Aeropuerto, El Olvido y Romero; presentan algunos predios privados tomados por 580 familias que no tienen derecho a la vivienda en la capital de la Provincia más rica del país. Como si esto no fuera suficiente, todos los barrios implicados conviven con sentencias eternas de desalojos.

De estos sectores, sólo los vecinos de La Cantera lograron que el Poder Legislativo bonaerense se muestre interesado en aplicar una Ley de Expropiación del predio ubicado en 28 entre 513 y 514, y que involucra a más de 100 niños. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y hasta el 5 de diciembre se extiende el plazo para que haga lo propio Diputados.

¿Por qué es de vital importancia esta ley? El juez Daniel José Dipp, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 13 de La Plata, ordenó el desalojo de las familias el pasado 28 de septiembre. Luego, ante un amparo presentado por los vecinos, la medida del desalojo recayó sobre el juez José Terrier, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3, quién finalmente el 5 de octubre rechazó la medida cautelar. Sólo la presión de los vecinos con un corte total de la Avenida 7 frente a la Legislatura bonaerense y el tratamiento del proyecto de ley en el Senado impidieron que el desalojo se realizará a fines de octubre y se extendió el plazo un mes más.

La intervención de los diputados y senadores se produjo como última medida ante la falta de acción política. Anteriormente, el dueño de la parcela de La Cantera intentó llegar a un acuerdo con la Mesa Interministerial compuesta por autoridades de los organismos provinciales y municipales, para vender las tierras al Estado y resolver rápidamente la problemática. Sin embargo, no solo no se llegó a un acuerdo, sino que la cúpula bonaerense permitió que se emitiera la orden de desalojo cuando ni siquiera existía un plan de reubicación para las familias, lo que las dejaría literalmente en la calle.

Entonces… ¿De quién es la responsabilidad? y, ¿es válido que un jefe de familia quiera pagar un terreno pero no pueda hacerlo por los bajos ingresos que posee y los altos costos inmobiliarios? Ambas preguntas no tienen respuestas sencillas pero si pueden responderse juntas. La responsabilidad de que los habitantes se desarrollen socialmente con normalidad correspondería a los mandatarios de turno que, a su vez, mantienen una estrecha relación con los grandes grupos monopólicos de la construcción, ya que construir un country en la periferia de la ciudad es necesario muchas veces para complacer a los “contactos políticos” y genera un excedente mucho mayor que el que puede provocar un plan social que garantice la vivienda única a las familias que no desean lucrar, sino tener acceso a un hogar propio.

Precisamente el abogado defensor de estas familias, Sebastián Cuccia, dialogó con Otro Viento y comentó que “dentro del mercado formal es imposible que las familias compren tierras y en el mercado informal depende del municipio platense, y es claro que no hay una falta de política de tierra sino que hay una política que no responde a las necesidades de la gente, la justicia social ni la equidad. La gente de los barrios trabaja y puede pagar en cuotas, eso marca que no son vagos como señalan algunos sino que el problema existe por la falta de política estatal”.

“Cuando la gente decide tomar un terreno que creen que es fiscal y termina siendo privado ya se jugaron muchas cosas y asumen un riesgo y las consecuencias que esto conlleva. No lo hacen porque sí, necesitan un lugar donde vivir. Hoy en día en cualquier barrio con proceso de desalojo que se encuentra consolidado con más de un año, el 50 por ciento ya compró el terreno entre mil y hasta 20 mil pesos, y la gente genera un lugar de pertenencia con su casa, no pueden desalojarlos luego de siete años, si quieren tomar medidas que lo hagan cuando recién se instalan las familias.”, explicó el letrado.

Las órdenes de desalojo implican que las familias no puedan invertir en sus casas por miedo a perderlas, por lo que la batalla legal en La Cantera continuará. De no aprobarse la ley en la Cámara Baja, o en caso de que el gobernador Daniel Scioli vetara la ley una vez aprobada, el desalojo podría realizarse con total normalidad por las especializadas fuerzas de la Policía Bonaerense. Es decir, que 39 familias podrían quedar sin un suelo estable para vivir, como sí lo vienen haciendo desde hace siete años.

Más allá de estas particularidades, la situación conlleva un sinfín de luchas y enfrentamientos con los cuáles los vecinos deben convivir a diario. Cuccia remarcó que “la cuestión es mucho más profunda de la que se lo muestra; "a muchos se le hace dificil entender lo mucho que les cuesta a los vecinos desarrollar la vida diaria cuando no tienen la seguridad de donde viven. Estamos resistiendo una derrota cultural que está latente. Si derrotan a los vecinos culturalmente sería una verdadera crisis, porque se empezaría a tomar como natural los que les toca vivir a los pobres”.

“Si nosotros como sociedad no nos desarrollamos y no programamos políticas en cuanto a donde y como va a vivir la gente entonces no hay futuro para una parte de la sociedad, una sociedad que si no es justa en un derecho básico como el acceso a la tierra indudablemente será insegura”, finalizó el abogado.

La falta de acción política, social y económica por parte de las autoridades provinciales con complicidad de las municipalidades, generan que de alguna manera un puñado de habitantes se encuentre ante una situación medieval. El escenario es crítico, pero mucho más preocupante es la facilidad con la que los responsables miran para otro lado mientras unos 50 barrios platenses deben afrontar condiciones de higiene inhumanas. Reorganizar los barrios es un negocio poco rentable para el intendente y los funcionarios provinciales. Mientras tanto, los niños crecen, las madres rezan por no perder las tierras y los padres trabajan, aunque más que nunca, son los vagos, los usurpadores y los ocupas.