Mucha tropa riendo en las calles

En el contexto en que la baja de edad de imputabilidad volvió al debate público, en un escenario electoral, Otro Viento propone mirar a esta problemática desde la vereda de enfrente, que implica en realidad, hablar de la criminalización de la niñez. 

Cuando se hace mención a la criminalización de la niñez se está hablando de estigmatizar y culpabilizar a los niños/as y adolescentes de sus realidades. Pero cabe aquí preguntarse ¿Cuál es el rol del Poder Ejecutivo en todo esto? ¿Dónde está el Estado y qué políticas implementa para evitar que un niño/a caiga en el delito? ¿Cuánto dinero se destina y cómo se implementa en materia de niñez?

La baja de edad de imputabilidad no sólo implicaría criminalizar a los/as pibes/as del eslabón más bajo de la sociedad, considerando que el contexto en que viven resulta determinante. También, estos proyectos de leyes buscan encarcelar a chicos/as como “solución a una problemática” y en realidad son políticas de criminalización de la niñez que retroceden en materia penal y social en nuestra historia.

Leyes a través de los años

A principios del siglo XX, la Argentina comenzaba a organizarse en materia de control social. En 1919 se implementa el paradigma del Patronato, con la Ley Nacional Nº13.903 del “Patronato de menores” donde la solución era penalizar. Se enmarcaba al niño/a como objeto de compasión y no como sujeto de derecho. Se crearon institutos que “remplazarían” las funciones de crianzas, así como también instituciones psiquiátricas o terapéuticas para niños y jóvenes que se encontraban “material o moralmente abandonados”.

Llevó mucho tiempo poder apartarse de esta perspectiva penal, que analizaba las problemáticas de los niños/as como meros aspectos patológicos y como sujetos amenazantes. En el año 2005, nuestro país derogó la Ley de Patronato y sancionó la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, conforme los lineamientos basados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta ley expresa un cambio profundo de concepción estatal acerca de la infancia y la adolescencia ya que se comienza a visualizar al niño como SUJETO DE DERECHOS.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la organización de Estados Americanos y las Reglas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores, establece que debe existir un ámbito especializado para juzgar a las personas menores de 18 años, ya que se las reconoce como personas en desarrollo, esto supone que son responsables de sus actos pero no deben ser castigados sino ayudados a integrarse.

En la Argentina rige el sistema  penal de minoridad de la última dictadura militar, que establece que los menores de 16 años no son punibles, por lo cual no pueden ser penados pero si recluidos si el juez lo dispone, de esta manera la legislación penal juvenil vigente resulta contradictoria ya que no concuerda con los principios establecidos por la Declaración de Derechos del Niño incorporados en nuestra Constitución.  

Al bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes a los 14 años, se violaría el principio de la regresividad. Según este acuerdo internacional este proyecto no sería legal porque significaría retroceder en lo que se había establecido. Además, representaría  también una violación a los derechos del niño de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos en su sentido protectorio. No respetaría el artículo 19 el cual establece que todo niño/a tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Es en este contexto donde Insaurralde, fiel soldado del Frente Para la Victoria, afirmó que “analiza” como proyecto político bajar la edad de imputabilidad a niños/as de 14 años. Más aún, el nuevo Ministro de Justicia,  Alejandro Granados, declaró que la “seguridad no es de ningún partido político ni hace ninguna elección de clase social: al que le toca, le toca”. Sin embargo, es bien sabido que el eje de la “inseguridad” toma como victimarios a los jóvenes, pero no a cualquier joven sino a los de las clases sociales bajas. Pero eso sí, que en Argentina hacia fines de 2012, 2,8 millones de niños de hasta 10 años de edad vivan en condiciones de pobreza, eso no es inseguridad ¿no?

La contracara de esta frase desafortunada es que la problemática de seguridad sí merece un análisis clasista ¿Por qué? Porque los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los que no se encuentran en la repartición de ganancias, los que sufren trabajos precarios, los que conviven con un servicio de salud y educación insuficiente y en malas condiciones, son aquellos que se encuentran  en riesgo.

Las familias que sufren la pobreza estructural no sólo deben soportar sus penurias y malas condiciones de vida sino también el abuso de las fuerzas de seguridad que no sólo tienen “mano dura” y “gatillo fácil” sino que sus grandes cúpulas son los precursoras y mantenedoras de las grandes organizaciones de delito como es el robo de autos, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y que muchas veces pretenden reclutar a los pibes/as para hacerlos cómplices de su delitos.

El intendente de la Matanza Fernando Espinoza dijo que: “Debemos terminar con la puerta giratoria en los juzgados, porque se los detiene y al otro día salen por la otra puerta y esto se debe terminar”. Sin embargo, la solución no es detenerlos y encerrarlos terminando con “la puerta giratoria” sino exigirle al Estado que intervenga antes de que el niño/a llegue a delinquir, es decir, evitar y prevenir que nuestros pibes/as lleguen a pisar un juzgado.

Esta problemática social merece ser tomada en serio, es imprescindible apostar a políticas públicas en materia de prevención. Reconocemos a la Asignación Universal por Hijo como una política necesaria pero no suficiente, el Estado debe implementar políticas más inclusivas y nunca punitivas. Y esto es claramente una decisión política e ideológica resistida y criticada por muchos sectores de la sociedad manteniendo una convicción sin dar manotazos de ahogados y retomar la agenda de la derecha en tiempos de elecciones donde parece que todo proyecto político se reduce a meros votos.

TEXTO: Juliana Arias, Paula Calgaro y Guillermina Aguirre