Viernes 19 de
abril, Comodoro Py colmado. Muchísimas organizaciones, muchísimos cánticos. Un
juicio que comenzó en agosto de 2012, podría marcar un antes y un después para
el movimiento obrero argentino. Su resultado era fundamental. Numerosos
intereses en juego. Numerosas personas bajo la lupa, más allá de los 17
imputados. Algunos confiados en la justicia, otros preparados para que su
destino no sea el mejor.
Mariano, ese
20 de octubre de 2010, solo fue a manifestarse y nunca imaginó que un tiro en
el abdomen no permitiría la vuelta a su hogar. Tampoco Elsa Rodríguez nunca
estimó que por un disparo en la cabeza iba a estar en coma e iba a quedar
inmovilizada en silla de ruedas con serias dificultades en el habla. Nelson
Aguirre y Ariel Pintos, trabajadores ferroviarios tercerizados, también fueron
heridos en la manifestación y nunca fueron a buscar ese resultado. Todos
reclamaban el pase a planta permanente y la reincorporación de trabajadores
despedidos de distintas empresas que prestan servicios para la Unidad de Gestión Operativa
Ferroviaria de Emergencia (UGOFE). Todos y cada uno de ellos estaban ejerciendo un derecho, el primer
derecho, el derecho a la protesta. Los manifestantes habían decidido en
asamblea que, al ser imposible tomar la medida de acción directa, debían
desconcentrarse. La cobardía de esas balas no permitieron que todos volvieran a
sus hogares.
El fallo
condena a penas elevadas a 8 de los 10 imputados integrantes de la patota
ferroviaria: a Pedraza y Fernández, secretario general y segundo de la Unión
Ferroviaria respectivamente, probados cerebros de la convocatoria fatal, a 15
años, como partícipes necesarios del homicidio y de la tentativa de homicidio;
a Pablo Díaz quien armó y manejó directamente la patota ferroviaria represora,
como partícipe necesario, a 18 años; a los tiradores Favale y Sánchez , como
coautores del crimen, a 18 años; a los delegados Pipitó y González quienes
interceptaron las cámaras de C5N evitando la filmación del momento preciso en el
que se producían los disparos de arma de fuego, los condenó a 11 años por
coacción y participes necesarios, y al también delegado Alcorcel, quien convocó
a Favale para ser parte de la sangrienta patota, como partícipe secundario, a 8
años. Uño y Perez, acusados de participar en la recolección de armas durante el
tiroteo, fueron absueltos.
Las penas a
los integrantes de la
Policía Federal fueron notoriamente inferiores. Mansilla y
Ferreyra, quienes dieron órdenes de liberar la zona para que la patota ferroviaria
reprimiera, fueron condenados como partícipes necesarios a 10 años, una pena
menor a la que recibieron el resto de los condenados con la misma figura penal.
A todos los policías de la Dirección General de Operaciones -comisario mayor
Lompizano, oficiales Conti y Echeverría-, sólo se los responsabiliza penalmente
por incumplimiento de los deberes de funcionario público, con una pena de dos
años en suspenso, y al camarógrafo Villalba se le impuso una multa e
inhabilitación. El subcomisario Garay, responsable de los patrulleros de la
seccional 30 y presente en el lugar, fue absuelto de toda responsabilidad.
“Es el fin anunciado de
un burócrata sindical que le ha hecho mucho daño a los trabajadores como al
mismo ferrocarril”, explica Rubén “el Pollo” Sobrero, delegado de la Unión Ferroviaria. José Pedraza, ingresó al ferrocarril en los
’70 y en los ’90 comenzó su orgía patrimonial. Le avaló a Menem el despido de decenas de
miles de trabajadores ferroviarios y de la noche a la mañana pasó a tener un
patrimonio extraordinario que le permitió tener una mansión en Parque Leloir, y
un piso de 1 millón de dólares en esa meca de la corrupción llamada Puerto
Madero, donde fue, casualmente, detenido. El ingreso a planta permanente de los
tercerizados afectaban directamente a la opulencia de Pedraza y su familia,
tanto por su participación en las empresas subcontratistas que precarizaban a
estos trabajadores como por la potencial puesta en cuestión de su hegemonía en
el gremio.
Con una dosis
inalcanzable de hipocresía, Pedraza tuvo el atrevimiento de manifestar, ante el
Tribunal antes del veredicto, que: “La
bala que rozó el corazón de Néstor Kirchner, rozó el corazón de todos los
ferroviarios y, en particular, el mío”. Pedraza llegó preso al juicio y se
fue en las mismas circunstancias. Si no hubiera estado la movilización de las
organizaciones en la calle reclamando, probablemente, la situación procesal de
Pedraza hubiese sido distinta.
El
presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°21, Horacio Días, comenzó la mínima
explicación del veredicto con expresiones que chorreaban demagogia. Luego, no
pudo con sus convicciones, y sus manifestaciones fueron en caída libre. Mirando
directamente a Jalil y Verdú, abogados de CORREPI, su profunda ignorancia y
altanería fueron materializadas en imbéciles palabras: “en una sociedad fatalista como
la nuestra, la muerte de Carrasco, terminó con el servicio militar obligatorio,
y la muerte de Walter Bulacio terminó con las razzias…”. Esta ofensa no la
dijo un día cualquiera. Un 19 de abril unos 22 años atrás, Walter, el pibe de
17 años de Aldo Bonzi era detenido en el operativo policial dirigido por el
comisario Espósito y a la semana siguiente, murió como consecuencia del
apaleamiento recibido. Entre mayo de 2003 y noviembre de 2012, otros 2.224
jóvenes fueron asesinados por el aparato represivo estatal, según informa la CORREPI,
y una gran cantidad de ellos después de ser detenidos, como Walter, en razzias,
por averiguación de antecedentes o reclutados para servir a la billetera de la
comisaría de Lomas del Mirador como Luciano Arruga. Distan de ser ciertas y
verídicas las palabras de Su Señoría, y son el resultado de ser parte de lo
peor de la estructura elitista y aristocrática del Poder Judicial.
Pedraza está
encerrado, pero esa raza llamada burocracia sindical se expande con Luis
Barrionuevo y Hugo Moyano a la cabeza. ¿CGT Oficialista? Charlas telefónicas entre amigos fueron parte de la causa. “¡Ministro!”, saluda Pedraza a Tomada, actual
ministro de Trabajo y ex abogado de la Unión Ferroviaria. “¡Mi querido!”, le devuelve Carlos Tomada en este diálogo producido
el 14 de enero de 2011. “A los
tercerizados hay que trabajarlos sindicalmente, no son todos del PO o del PTS.
Armar cursos de capacitación y hacerles la cabeza”, se mofaba Tomada.
Pedraza acota: “Bueno, nosotros estamos,
hemos estado y estamos trabajando en eso…”. En la escucha que la involucra
a la mano derecha de Tomada, Noemí Rial, se comunica con Pedraza para
expresarle su solidaridad y ponerse a su disposición “para cualquier cosa que necesites”. En ese momento, el domicilio de Pedraza había
sido allanado en el marco de la investigación por el crimen de Mariano
Ferreyra. Funcionarios al servicio y disposición del empresariado sindical son
responsables de este crimen político.
Murales, casacas, agrupaciones, centros
culturales, campañas políticas y más. El disco “Cuerpo, canciones a partir de
Mariano Ferreyra”, con intervenciones de Manu Chao, Pablito Lescano, entre otros.
Un libro, luego canalizado en una película protagonizada por Caparrós, “¿Quién
mató a Mariano Ferreyra?”. Más allá de
las grandes interpretaciones, algunas cuestionables, otras no tanto, Mariano
Ferreyra fue asesinado, pero sus ideales continúan respirando.
Página 12
tituló al día siguiente del asesinato de Mariano: “Morir por apoyar a
trabajadores despedidos”. “La crisis causó 2 nuevas muertes” titulaba Clarín,
luego del asesinato de Kosteki y Santillán. Todo el camino atravesado desde
aquel 20 de octubre de 2010 hasta este reciente 19 de abril no se resume en un
“apoyo de los trabajadores despedidos”.
No hay que abandonar la lucha de Mariano contra
la tercerización laboral, repetida en todos los estamentos del Estado y
práctica habitual del empresariado, tejidas conjuntamente con la burocracia
sindical. No hay que abandonar la lucha contra la criminalización de la
protesta y la participación acostumbrada de grupos de choque sindicales (Favale
era barra de Defensa y Justicia y Sánchez de Racing), actuando contra los
manifestantes como policía subcontratada. No hay que renunciar a la lucha de
Mariano que no se sintetiza en la condena a algunos miembros del peor cáncer de
nuestra sociedad. Esa “particular visión del mundo” a la que hacía alusión
ofensivamente el juez Días es la lucha nuestra: la lucha por la transformación
social.
Por Aramis Lascano
Fotgrafías: Facundo Miguel Nívolo - Mestiza: Fotografía latinoamericana
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