¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de
pacienciay asco? ¿Sólo graffiti?
¿Rock? ¿Escepticismo? También les queda no deciramén, no dejar que les
maten el amor, recuperar el habla y la utopía,Ser jóvenes sin prisa y
con memoria situarse en una historiaque es la suya, no
convertirse en viejos prematuros…Mario Benedetti
Difícil es la tarea que
me enfrenta: sintetizar en algunos párrafos el compromiso con los derechos
humanos del apellido Kirchner desde su llegada a la Casa Rosada unos 9 años
atrás. No obstante lo cual, estas palabras serán las primeras sobre distintas
problemáticas que continuaré analizando en notas ulteriores al menos, hasta el
cese de las distintas manifestaciones agresivas por parte del Estado contra los
derechos humanos y los valores democráticos. Manifestaciones recientes de la
presidenta respecto al Servicio Penitenciario Federal como “un modelo” o expresiones sarmientistas
en una conferencia como “estamos en Harvard, no en La
Matanza, por favor… Esto es Harvard… Esto es Harvard, señores, Harvard… Por
favor” para descalificar
la pregunta de un estudiante de aquella Universidad son verdaderamente
preocupantes y fueron uno de los tantos diversos motivos para la materialización del
análisis a la etapa kirchnerista y la regresividad como política de Estado.
La
arremetida contra el derecho a exigir el resto de los derechos.
Se encuentran un escritor inglés y una intelectual
revolucionaria muy adinerada de origen italiano, en el hotel de esta última.
Llamémosla Ofelia. Intercambiando distintos conceptos sobre marxismo. Él la
interrumpe y le manifiesta:
-"Hay algo que tengo que consultarte Ofelia” mientras
bebía whisky escocés servido de un botellón de cristal traído en una bandeja de
oro por una mucama vestida con uniforme negro y delantal blanco, en el salón
del primer piso del opulento hotel del siglo XVIII.
Prosigue el intelectual inglés:
-“Quizás suene ingenuo y hasta descortés, pero no puedo
contener más mi curiosidad...sólo quiero saber... cómo te las arreglas para
reconciliar el vivir como una millonaria y el ser marxista”.
Ofelia, que estaba fumando un cigarrillo inserto en una
boquilla de marfil, lo agitó en el aire y replicó:
-“Por supuesto que reconozco las contradicciones en nuestro
estilo de vida, pero esas son las contradicciones características de la última
fase del capitalismo burgués, que finalmente lo llevarán al colapso. Por
renunciar a nuestro propio pedacito de privilegio” y mientras hablaba extendió
sus manos en un gesto modesto y decente que implicaba que ella y su marido
(fallecido hace algunos años) disfrutaban de un tipo de vida superior en sólo
uno o dos grados al de, digamos, una familia nicaragüense que vive de lo que le
da el Estado y continuó:
-“No aceleraríamos ni por un minuto la consumación de ese
proceso, que tiene su propio e inexorable ritmo e impulso, y que está determinado
por la presión de los movimientos
populares, no por las débiles acciones de los particulares. Dado que en
términos de materialismo dialéctico no hace diferencia al proceso histórico si Ernesto
y yo, como particulares, vivimos como ricos o pobres, más vale que seamos ricos porque es un rol que sabemos llevar a cabo
con cierta dignidad. Mientras que ser pobre con dignidad, pobre como lo son
nuestros obreros precarizados, es algo que no se aprende fácilmente, sino algo
que se lleva marcado en los huesos, por generaciones”.[1]
Si bien la conversación se centraba en la presunta
discordancia entre la militancia marxista y un estilo de vida opulento, llama
la atención como Ofelia hace alusión a la participación central de los
movimientos populares para la consumación del marxismo. Trasladando esta conversación a la realidad
nacional ¿Qué sucedería si el Estado decide reaccionar ante las manifestaciones
populares en la vía pública? Suelen estar en juego distintas clases de
derechos: el de petición, la libertad de expresión, al trabajo, a la igualdad,
a transitar, a un medio ambiente sano, a no escuchar ruidos molestos, etc. El derecho al tránsito está en un lugar
bastante inferior dentro de nuestra pirámide de derechos y sumamente distante
del nervio democrático. No ocurre lo mismo con la libertad de expresión y el
derecho de peticionar a las autoridades, cuya proximidad con la estructura
democrática es patente ¿Cómo reacciona el Estado? Suele recurrir al enorme
aparato coercitivo para silenciar los reclamos de los sectores vulnerables que luchan
por derechos prioritarios, bajo el pretexto de mantener la paz social y el
orden ¿Y qué ocurriría si la potencial presión
y manifestación de las corrientes populares está permanentemente amenazada por
patotas que no dicen estar identificadas con el aparato estatal, aunque
verdaderamente, están a su servicio? A este fenómeno se lo conoce como tercerización
de la represión estatal que, indefectiblemente, cumple con sus objetivos: reprimir
(extra) oficialmente a los trabajadores y al pueblo, buscando su desmantelación
y su desmovilización permitiendo, a su vez, que los funcionarios estatales se
mantengan al margen e impunes. Operativos como estos terminaron con la vida de,
entre muchísimos otros, Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero allá por
octubre de 2010.
Luego de pasadas las
elecciones presidenciales de 2011 cuyos resultados ya son más que conocidos, la
“profundización del modelo” no pudo esperar para avasallar contra los movimientos populares y en
diciembre, sancionaron la Ley Antiterrorista (amparándose en la presión de un
organismo de segunda como el GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional-), símbolo
directo de cómo el gobierno pretende resolver las problemáticas sociales
eligiendo al monstruoso aparato represivo antes que al diálogo.
Esta
sistematización de la represión estatal para acallar la protesta es, sin dudas,
una política federal. Sobre un total de 2238 casos que cuentan con
identificación de sector criminalizado se observa que los sectores a los que ha
apuntado con más fuerza esta política de criminalización son el sector sindical
(31,6%) y los pueblos originarios (31,4%), que suman el 63% del total de casos
registrados, y son en total 167 las
organizaciones, comunidades y grupos de pertenencia que se relevaron como
criminalizados hasta marzo de 2012 según Organismos de Derechos Humanos
nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia[2].
Así, se puede identificar que el aparato represivo se direcciona sobre una
diversidad de sectores sociales, cuya situación de vulnerabilidad es homogénea
y cuyos reclamos tienen sustento en la Constitución Nacional. Este es el
kirchnerismo de los derechos humanos. Aquel que se manifiesta a través del
silencio en el discurso y la sistemática
represión a lo largo y ancho del país contra las necesidades nac & pop.
Las
organizaciones de derechos humanos en pugna y la permanencia de los intereses
cómplices con la dictadura.
Un miércoles 24 de
marzo de 2004, Néstor Kirchner manifestó: “Que quede bien claro, el terrorismo
de Estado es una de las cosas más sangrientas que le pueden pasar a una
sociedad. No hay nada que habilite el terrorismo de Estado, y menos la utilización
de las Fuerzas Armadas”. Luego continuó "Vengo a rescatar el espíritu
sanmartiniano del Ejército para que juntos podamos reconstruir el país con
democracia, pluralidad y justicia social". Ese día bajaba los cuadros de
Jorge Rafael Videla y Roberto Bignone, y
el diario La Nación titulaba “Duro mensaje a los militares”.
¿Quién no tuvo una
ligera esperanza esa tarde de que, de una vez por todas, se depuren las
instituciones del peor germen setentista? Sin embargo, hoy 8 años después, esa
ilusión está sepultada bajo tierra (y aún más demagogia estaba por venir).
En el mismo año,
Kirchner inauguró el Museo de la Memoria en lo que era la Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA) y Estela de Carlotto previamente había manifestado a la
iniciativa como “un hecho magnífico de derechos humanos”. Fue en estos
contextos cuando comenzó la neutralización del rol crucial de las
organizaciones de derechos humanos como instancia de contrapoder y de
salvaguarda de las garantías del presente, del futuro y no sólo del pasado del
pueblo, funcionando, en la actualidad, como agentes de propaganda oficial. La
inducción de las organizaciones de derechos humanos a respaldar todas las
acciones del poder aun las más sospechadas de corrupción y atropello
institucional fue una permanente estrategia política. Estas estructuras tienen
la función de luchar cotidianamente para que el Estado no los viole y deben ser
independientes de gobiernos y dispositivos estatales. Incorporarse y ser
funcionales a intereses oficiales, deforma sus cometidos.
No puede dejar de
destacarse la recomposición de la Corte Suprema y la anulación de las leyes de
punto final y obediencia debida como hitos del gobierno kirchnerista. Sin
embargo, esto se contrasta directamente con la verticalización del ejercicio
del poder institucional, la funcionalidad de la justicia federal a los
intereses oficiales y la articulación de
aparatos represivos cada vez más militarizados como el Servicio Penitenciario y
la Policía Bonaerense. La designación de Ricardo Casal comandando la “seguridad” de los habitantes de la
provincia finalizando el 2007 tenía un destino muy claro: evitar el control
civil sobre la estructura penitenciaria y profundizar las políticas de mano
dura y represión en la provincia (interesante concepción del binomio seguridad-inseguridad
que tiene el ex motonauta). Cualquier parecido con algún alcalde neoyorkino y la
política de “tolerancia cero” es mera coincidencia (Rudolph Giuliani quien
comandó desde 1994 a 2001 la ciudad estadounidense, manifestó en varias
conferencias que “la lucha contra la criminalidad comienza reprimiendo a los
limpiaparabrisas, pintores ambulantes, artistas callejeros, ambulantes,
mendigos, prostitutas, ebrios, pues ellos son vistos como el primer eslabón de
la delincuencia común”. Algunos lo denominaron como el “racista que está creando un Estado fascista” [3]).
Parece que el viento punitivo que sopla desde el Norte del continente llegó al
gobierno bonaerense.
Casal fue cabo,
adjunto y subalcaide del Servicio Penitenciario provincial durante la dictadura
militar. Ingresó como guardia, en 1978 fue ascendido a cabo y desde 1980 fue
adjuntor. En 1981, fue designado subalcaide del escalafón técnico y
profesional, es decir, personal superior con rango de oficial. Recién pidió su
baja(al menos en los papeles) como penitenciario en 1992, con el grado de alcalde
mayor.[4]
La continuidad del conservadurismo punitivo está evidenciada en los cuerpos de
los clientes del sistema penal. La Comisión Provincial por la Memoria informó
que, en 2011, se registraron 126 muertes en 39 de las 54 unidades
penitenciarias bonaerenses, es decir, un promedio de 10 mensuales. Hace poco
más de un mes, en declaraciones radiales, Casal manifestó que “en la historia de la República Argentina
sólo dos Presidentes se ocuparon de poner en valor el tratamiento del servicio
penitenciario: Juan Domingo Perón y la actual presidenta Cristina Fernández de
Kirchner".[5] El
funcionamiento y la estructura homogénea de la maquinaria represiva estatal
tiene evidentes similitudes con el modus
operandi setentista. Cifras estremecedoras surgen de un informe solicitado por Myriam
Bregman (abogada militante del PTS y miembro de Justicia Ya!) en 2006, para
saber sobre cuántos miembros del aparato policial bonaerense provenían de la dictadura. El resultado es
escalofriante: 9026. Claramente, esto no es una mera eventualidad.
Estas señales
están cicatrizadas en Julio López y
Luciano Arruga, 2 de los 195 desaparecidos
en democracia, según informa CORREPI (Coordinadora Contra la Represión
Policial e Institucional). López fue desaparecido por ser un testigo clave en
los juicios contra, entre otros represores, Miguel Etchelolatz. Néstor Kirchner
dijo en 2006 que este secuestro estaba relacionado con grupos policiales o
parapoliciales ¿qué pasó? A seis años no hay ni un solo imputado. Es manifiesto
el rol encubridor del Estado K en actuación conjunta con la policía bonaerense
y su vínculo permanente con militares retirados, implicados con el testimonio
de López. Arruga, un pibe de 16 años, fue secuestrado el 31 de enero de 2009
por policías del destacamento de Lomas del Mirador y nunca más se lo volvió a
ver.
No parece casualidad
que Cristina Kirchner ni siquiera nombre a los desaparecidos en democracia en
sus continuos monólogos mediáticos. Esto oculta un persistente estilo de
gobernar. Que, desde el regreso a la democracia, todo gobierno, de facto o
constitucional, ha utilizado a la represión, la tortura y el gatillo fácil como
política de estado. Quizás algunos puedan hablar de que estas manifestaciones
son un resabio perverso del terrorismo de Estado[6]. Sin embargo, la práctica de esta clase de
políticas tienen fines específicos: administrar a la sociedad estratificada,
garantizar su gobernabilidad y defender a los sectores opresores.
[2]
Más información en: http://encuentromvyj.wordpress.com/
[3]
Wacquant, Loïc, Las cárceles de la miseria, Buenos Aires, Manantial, 2004.
[4]
Verbitsky, Horacio. Atando cabos. Nota completa en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/148400-47635-2010-06-27.html.
[6]
Verbitsky, Horacio, “Parar la mano”, Página 12. Ver nota completa en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-199840-2012-07-29.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario