Este octubre parecería ser un mes de
complicaciones para la cúpula política bonaerense. La designación por parte del
gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, de la nueva ministra de Educación,
Nora de Lucía, trajo consigo un manto de ajuste económico y salarial que hizo
poner en un grito a los trabajadores estatales de la Provincia.
Si se habla de De Lucía, es imposible no
olvidar de mencionar la vital pasada presencia como Subsecretaria de Política y
Coordinación Económica del Ministerio de Economía bonaerense. Más allá de esto,
el mandatario de la provincia con mayor cantidad de habitantes del suelo
argentino, decidió colocar a una figura política arraigada a los “números” para
administrar uno de los sectores más desprotegidos y apabullados de las últimas
décadas. La renuncia de la ex ministra Silvina Gvirtz en agosto pasado habló
por sí sola; el ajuste salarial en la Provincia comenzaría por el área encargada de la
formación de los jóvenes argentinos.
Cuando los trabajadores ven abolidos sus
derechos a un salario digno, y deben acostumbrarse a transitar condiciones
laborales no optimizadas para que los pibes y pibas de la Provincia puedan ser
alimentados en los comedores y aprendan en las escuelas, no les queda otra
alternativa que utilizar la única herramienta que nunca se ha derribado desde
el poder político enmascarado en la imagen de la democracia. Así, se llegó a la
situación actual con la toma permanente de las instalaciones de la Dirección
General de Cultura y Educación, ubicada en las calles 13 y 56
de La Plata.
Esta medida de fuerza de más de 2 mil
trabajadores del Estado no fue suficiente para que los gobernantes provinciales
se replantearan la obligación de hallar una solución a un legítimo reclamo que
mantiene al sistema educativo estancado. El pedido de los docentes no sólo no
fue escuchado a nivel provincial, sino que en el caso particular de los
empleados de la sede de la cartera educativa de La Plata, el gobernador bonaerense
ordenó desde que comenzó la semana del 25 de septiembre pasado, la permanencia
de los efectivos policiales en las afueras del edificio e intentó presentar una
orden de desalojo, que más tarde fue desmentida por el propio jefe del
operativo ante la llegada inminente de diversos dirigentes gremiales.
A pesar de estos antecedentes, al día
siguiente del intento de represión, la propia ministra de Educación, en
declaraciones a la prensa, reafirmó que no habrá marcha atrás con la reducción
del 10 por ciento de la canasta básica salarial que prevé recortes en los pagos
de las horas extras y viáticos. Asimismo, denunció a los trabajadores de
“violentos”, fundamentándolo con un hecho aislado que ocurrió luego de una de
las reuniones maratónicas entre los delegados gremiales y los funcionarios, sin
siquiera un tinte de positivismo.
Un día más tarde, hicieron lo propio desde el
Frente Gremial. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEBA) y la Federación de
Educadores Bonaerenses (FEB), marcharon hacia la Casa de la Provincia en la Capital Federal,
con el mismo pedido de aumentos salariales y pagos atrasados a los servicios
educativos. Las respuestas nunca llegarían. Esta continuidad de la contestación
nula no sólo derriba las condiciones como ciudadanos de los trabajadores, sino
que resalta la verdadera y oculta cara de los políticos provinciales, que saben
que las cuentas no cierran a pesar de los acuerdos paritarios pautados a
principio de año, y deben recortar los salarios del escalafón más inferior, frenando
así el crecimiento en los sectores más golpeados por la crisis económica que
atraviesa el territorio bonaerense como lo son la educación, la salud y el desarrollo
social.
Lejos de acoplarse a esta “necesidad” de
recortar gastos en el sector educativo provincial, la actual ministra Nora de
Lucía -según datos publicados por el portal lapolíticaonline el pasado 23 de
septiembre- destinó “700 mil pesos en mantenimiento de vehículos oficiales, 388
mil en pasajes, 6 millones en una consultora médica y hasta 22 mil en la
refacción del baño de la residencia oficial”. Los datos fueron arrojados por la Subdirección de
Tesorería de la Dirección
de Educación y comprenden los consumos realizados sólo en los primeros dos
meses de la abogada al frente de la cartera educativa.
El pasado mes de julio, miles de trabajadores del
Estado también habían realizado una protesta frente a la Casa de Gobierno en oposición
al pago desdoblado del aguinaldo. Ese reclamo, finalmente torcería el brazo del
gobernador por implementar el desembolso en cuotas del pago anual
complementario reflejado en la Ley
de Contrato de Trabajo (artículo 121-123). A diferencia de esto, la segunda
gran concurrencia de miles de estatales durante el corriente año al centro
platense, poco influyó en la dirigencia política. El diálogo con los gremios permaneció
fragmentado y los diversos sectores tercerizados para asistir a la educación
pública -transportistas escolares, personal de seguridad e higiene,
distribuidores alimentarios, etc.- también comenzaron una lucha que no hace más
que agravar un problema que los funcionarios no quieren escuchar, el deterioro
de la asistencia a los miles de chicos de la Provincia que durante el
cierre del año escolar están atravesando la falta de insumos para acceder a la alimentación
y la educación pública.
La lucha de los docentes continúa, y
continuará como mañana será la de los trabajadores de la salud o cualquiera de
los otros sectores públicos que deben convivir día a día con la falta de
iniciativas políticas que recuerden la primordial función del poder político
estatal, servir a la sociedad y generar nuevas vías de desarrollo.
Si en un momento, la lucha que los
trabajadores desplegaron por las calles hizo retroceder al gobernador en la
toma de decisiones que benefician a los sectores más enriquecidos de la Provincia (como las
prepagas médicas privadas de los docentes), en la actualidad el grito de los empleados
estatales fue respondido con la mejor arma que cuentan los gobernantes al
poder: ser ciegos, sordos y mudos. No dar respuestas; sólo ver pasar a la gente
que reclama un salario digno bajo una intensa lluvia de octubre, cerrar las
cortinas del despacho gubernamental y brindarle una mano a los grupos
monopólicos más concentrados del país, porque sin ellos, que sería de la vida
de los mandatarios.
Y en el medio los otros, los trabajadores que
dan funcionalidad a la
Provincia pero que nuevamente deberán enfrentar al máximo
poder y esperar, una vez más, que el grito sea más fuerte que la mano y la
firma del aparato político establecido. Grito que corta calles, que se hace
escuchar pero que se intenta tapar con medidas económicas acorde a las
necesidades de un sector hegemónico enriquecido, que lejos de parecerse al de
los peones estatales, gobierna, consume y se va.
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