Marcela Mendoza el 16 de abril del 2018 fue condenada a cadena perpetua por sobrevivir a su femicida Eduardo Gómez, quien murió quemado luego de intentar prenderla fuego. Florencia y Marilyn, la hijas mayores de Marcela, cuentan que su mamá mantuvo una relación de cuatro años con Eduardo, siempre dentro de un marco de violencia. Los celos, los controles, las amenazas y los golpes eran parte de la cotidianidad de su relación. Sus hijas la describen como “tóxica” pero jamás imaginaron este final.
Marcela y sus dos hijos menores vivían en Bavio con Eduardo. Ella, lejos de su entorno familiar y cansada de reiterados episodios de violencia, se animó a denunciarlo en la comisaría de dicha localidad. Desde este momento todo el recorrido que cruzó Marcela fue alojado por un Estado y un Poder Judicial patriarcal.
Luego de las denuncias y con una perimetral vigente, Marcela es citada por el Juzgado de Paz de Magdalena en una mediación para llegar a un acuerdo con el agresor por el alquiler de la casa en la que ella continuaba viviendo. Vale aclarar que esta mediación, donde se encuentran ambas partes presentes, se realiza por fuera de lo que establece la Ley Nacional de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 26.485 que prohíbe las mediaciones en caso de violencia de género. Y aún más llamativo encontramos que durante el juicio, ni el abogado Adrián Rodríguez Antinao ni la familia de Marcela, pudieron dar con el nombre de la jueza a cargo del Juzgado de Paz de Magdalena.
El 7 de agosto del 2015 fue un punto de inflexión entre Marcela y Eduardo. Uno de sus hijos cumplía años y durante el festejo Marcela sube fotos a las redes sociales. Esto provoca una reacción violenta de Eduardo donde la cela porque se encontraba en el cumpleaños un compañero de trabajo de él, sus palabras fueron “me haces quedar como un pelotudo”.
Este hostigamiento continuó hasta el 9 de agosto cuando finalmente Marcela accede a encontrarse con Eduardo para hablar, y es ella quien le avisa a su amiga que se vería con Eduardo en un lugar público ya que temía que sus hijos estén presentes. Efectivamente ese día se encuentran en una panadería al lado de la ruta y es allí cuando Eduardo la “invita” a subir al auto para poder hablar con más “privacidad”.
El tono de la charla iba excediendo los límites de un simple enojo, comienzan los gritos, cachetazos e insultos. Eduardo frena bruscamente al costado de la ruta, y es ahí cuando Marcela ve que él agarra algo del costado de la puerta y se lo tira al cuerpo. Ella atinó a cubrirse la cara con las manos comenzando a sentir las quemaduras, pero no sabe qué le tiró. Es entonces cuando Marcela se tira del auto desesperada para escapar, Eduardo se le abalanza intentando alcanzarla y comienza a quemarse.
Inmediatamente luego de este episodio que relata Marcela, se acercó al lugar del hecho un hombre que escucha los gritos de ella pidiendo ayuda, mientras que Eduardo gritaba “Esta hija de puta me quiso prender fuego”. El testigo se contactó con un móvil de la policía y en pocos minutos llega una ambulancia, la cual traslada a Eduardo al hospital, dado que tenía gran parte de su cuerpo quemado, mientras que la policía se lleva detenida a Marcela.
Desde este día Marcela estuvo privada de su libertad. Primero la retuvieron tres días en la comisaría de Bavio presentando quemaduras en el dorso de las manos y una pierna sin recibir asistencia médica. Luego la llevaron a la comisaría de Magdalena donde fue hostigada (negándole comida y agua) por familiares de Eduardo que trabajan allí, por lo que debe ser trasladada a una comisaría en Mercedes. En este lugar es nuevamente amenazada por sus compañeras y por la misma policía. “No dormía por miedo a que ser apuñalada”, lo que hace que la familia presente un habeas corpus para sacarla de allí. Primero la trasladan por un mes a la Unidad 34 de Melchor Romero, hasta que finalmente queda detenida en la Unidad 33 de Los Hornos.
¿Cómo es que Marcela hoy tiene cadena perpetua?
Bajo este marco de irregularidades y con Marcela privada de su libertad, tres años después, en Abril del 2018 se desarrolla el juicio. Sus hijas, Florencia y Marilyn presentes en todo el recorrido de audiencias, dan cuenta de la falta de pruebas consistentes, de los relatos confusos de los testigos y de la relación que mantenía la Fiscal con la familia de Eduardo.
El juicio estuvo cargado de inconsistencias, las “pruebas” estuvieron desde el día del hecho hasta ese día contaminadas por la mirada patriarcal y poco eficiente de la policía. Primero, no se realizaron pericias de ningún tipo en el lugar del hecho, por lo que no se pudo determinar fehacientemente cuál fue el líquido que Eduardo le arroja Marcela, sino que la versión que toman como válida es la que cuenta la familia de Eduardo alegando “olor a nafta” en la ropa de él que ilegalmente le entrega la policía, sin resguardarla como prueba.Sumado a esto, ocurre que tanto el testigo presencial como la enfermera que asiste a Eduardo deben desmentir en el juicio las palabras puestas en la declaración que ellxs habían hecho a la policía, dado que estaban manipuladas. En ambos casos describen a Marcela como “fría, distante”, pero estas no fueron sus palabras. Todo indicaba que Marcela no podía ser condenada.
El comportamiento de la Fiscal era constantemente acusatorio, “¿su mamá no contaba que sufría violencia?”, “¿les mostraba moretones?”, insistía, carente de una mirada con perspectiva de género. La fiscal solo entendía la violencia a partir de moretones y culpaba a Marcela por no hacer pública su situación, negando los antecedentes de violencia que ella había denunciado.
Pese a todo esto, mentiras, irregularidades, vulnerabilidad, hostigamiento, los jueces decidieron condenarla a cadena perpetua por Homicidio Agravado por el Vínculo. Una vez más el Poder Judicial y sus instituciones dan cuenta de la discriminación y violencia que ejercen sobre las historias de vida de las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Hoy nos toca contar el caso de Marcela Mendoza, una mujer que sobrevivió a un intento de femicidio y que actualmente está privada de su libertad. La fiscal que culpabilizó y estigmatizó a Marcela se llama Silvina Langone, los tres jueces que la condenaron fueron Ernesto Domenech, Santiago Paulini y Andrés Vilati, los mismos que liberaron al “karateca” Martínez por el cuádruple femicidio.
Mientras la justicia patriarcal y misógina sigue disponiendo sobre nuestras vidas, Florencia y Marilyn se organizan y movilizan junto a organizaciones feministas para pedir la libertad y justicia de su mamá. No están solas, porque si algo sabemos las mujeres, es que somos nosotras, las que hacemos justicia feminista y logramos cambiar la historia.
Por Otro Viento
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