Este 2 de abril se cumplen 4 años de la inundación que
azotó a la ciudad de La Plata y sus alrededores, llevándose consigo una enorme
cantidad de vidas y ocasionando innumerables pérdidas materiales.
Más
allá de la fecha simbólica, la memoria tiene que ser un ejercicio cotidiano y
una construcción colectiva para mantenerse viva en el imaginario social. Recordar
que nos inundamos -mejor dicho, que nos inundaron-. Y no tan sólo recordar;
sino tener presente y tomar conciencia que seguimos siendo inundados e
inundadas, porque las causas estructurales de la inundación siguen vigentes, al
igual que en otras
ciudades de la provincia que se vieron afectadas por el mismo fenómeno.
Lejos
de construirse e implementarse políticas que permitan evitar las inundaciones, éstas siguen
siendo todavía promesas que adornan los discursos electorales, pero no más que eso.
Recordar y tener presente resulta imprescindible para
organizarnos entre los vecinos y las vecinas de cada barrio; y de ese modo
intentar una salida colectiva a los problemas comunitarios. Si en las horas
posteriores a la lluvia, fuimos capaces de poner el cuerpo, por qué no retomar
esa experiencia para transformar la realidad de nuestros barrios, de nuestra ciudad.
Contra los discursos construidos por los diarios más
vendidos de la ciudad, en complicidad con las autoridades gubernamentales de
ese entonces -y también las de ahora-, seguimos sosteniendo que NO FUE CULPA DE LA LLUVIA.
La lluvia no sancionó un Código de Ordenamiento Urbano a
medida de las grandes empresas de la construcción, ni promovió la especulación
inmobiliaria. Tampoco expulsó a los sectores populares a la periferia de la
ciudad, ni provocó el desmonte en Berisso. La ausencia de obras hidráulicas y
un plan de contingencia, claramente, no fueron por la lluvia.
El ajuste
y pérdida de valor de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, va
acompañado de políticas públicas urbanas que benefician al mercado y los
interese privados. Políticas que lejos están de satisfacer la demanda de miles
de familias que siguen viviendo al lado de arroyos contaminados. Los barrios
populares de la ciudad de La Plata siguen siendo víctimas del olvido y el abandono, sin estar sus reclamos presentes
en las consignas de la marcha del 2 de abril, ni en los medios masivos de
comunicación.
Víctimas de la desidia, la intervención del Estado nunca
llegó a completarse, y ante lluvias intensas siguen teniendo agua en los pies. Víctimas de la corrupción, los recursos
públicos que se destinan siguen siendo manejados por los punteros para que
tejan sus políticas, desgastando los espacios asamblearios generados luego de
la inundación. Víctimas de la
inoperancia, los subsidios de mejora de vivienda solo fueron un parche, y
las obras hidráulicas llevadas a cabo sólo resolvieron el problema de los
barrios del casco. ¿Víctimas del
desconocimiento? Los políticos se pasean cada año electoral por los barrios
de la periferia, conocen muy bien la situación, y prefieren mirar a un costado.
Así como en las horas posteriores a la
inundación, se pudo suplir la desidia y el abandono del gobierno, con la
solidaridad y la cooperación de las personas y las organizaciones sociales,
políticas y culturales, no es imposible pensar y apostar a que sean estos
mismos actores quienes, mediante el impulso de la organización popular, puedan
dar soluciones integrales a los problemas de la región, a través de la creación
de un nuevo modelo de ciudad donde nadie quede afuera.
Por eso, hay que mantener encendida llama de la memoria.
Para que se convierta en fuego. Uno que encandile y se vuelva organización. Que
queme y se convierta en más organización. Para resistir, luchar, avanzar y no
retroceder.
Que exija y construya justicia para las víctimas. Que discuta la problemática de
manera integral, entendiendo que las cuestiones urbanas y habitacionales son el
reflejo de un modelo socio-económico desigual. Que piense,
cree, y construya una ciudad nueva, que avance contra el negocio inmobiliario,
que desarrolle políticas que permitan el acceso a la tierra,
a la vivienda, a los derechos básicos que el Estado debe garantizar a toda la
población.
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