Viernes 19 de abril de 2013, Comodoro Py colmado. Muchísimas
organizaciones, muchísimos cánticos. Ese día podría marcar un antes y un
después para el movimiento obrero argentino. Un juicio que comenzó en agosto de
2012 y que podía llegar a hacer historia. Su resultado era fundamental.
Numerosos intereses en juego. Numerosas personas bajo la lupa, más allá de los
17 imputados. Algunos confiados en la justicia, otros preparados para que su
destino no sea el mejor. Estos últimos corren con ventaja: ya saben lo que les
puede pasar.
Mariano, aquel 20 de octubre
de 2010, solo fue a manifestarse y nunca imaginó que un tiro en el abdomen no
permitiría la vuelta a su hogar. Elsa Rodríguez, quien recibió un disparo en la
cabeza aquella fatídica tarde en Barracas, nunca estimó que por una “jauría de
perros” iba a estar en coma e iba a quedar inmovilizada en silla de ruedas con
serias dificultades en el habla (pese a ello concurrió a varias audiencias durante
el desarrollo del juicio). Nelson Aguirre y Ariel Pintos, trabajadores
ferroviarios tercerizados, también fueron heridos en la manifestación y nunca
fueron a buscar ese resultado. Todos reclamaban el pase a planta permanente y
la reincorporación de trabajadores despedidos de distintas empresas que prestan
servicios para la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE). Todos y cada uno de ellos estaban
ejerciendo un derecho, el primer derecho, el derecho a la protesta. Los
manifestantes habían decidido en asamblea que, al ser imposible tomar la medida
de acción directa, debían desconcentrarse. El ataque fue sorpresivo y cobarde.
Se decidió que cada uno vaya a su casa y todos volvieron a sus hogares, salvo
uno.
El fallo condena a penas elevadas a 8 de los 10 imputados integrantes
de la patota ferroviaria: a Pedraza y Fernández, secretario general y segundo
de la Unión Ferroviaria, probados cerebros de la convocatoria fatal, a 15 años,
como partícipes necesarios del homicidio y de la tentativa de homicidio; a
Pablo Díaz quien armó y manejó directamente la patota ferroviaria que reprimió
a los tercerizados, como partícipe necesario, a 18 años; a Favale y Sánchez,
cobardes tiradores durante la represión, como coautores del crimen, a 18 años;
a los delegados Pipitó y González quienes interceptaron las cámaras de C5N
evitando la filmación del momento preciso en el que se producían los disparos
de arma de fuego, los condenó a 11 años por coacción y participes necesarios, y
al también delegado Alcorcel, quien convocó a Favale para ser parte de la
sangrienta patota, como partícipe secundario, a 8 años. Uño y Perez, acusados
de participar en la recolección de armas durante el tiroteo, fueron absueltos.
Las penas a los integrantes de la Policía Federal fueron notoriamente inferiores. Los comisarios de la División Roca, Mansilla y Ferreyra quienes dieron órdenes de liberar la zona para que la patota ferroviaria reprimiera, fueron condenados como partícipes necesarios a 10 años, una pena menor a la que recibieron el resto de los condenados con la misma figura penal. Absolvieron, en relación al homicidio y la tentativa de homicidio, a todos los policías de la Dirección General de Operaciones- comisario mayor Lompizano, y los oficiales Conti y Echeverría-, a los cuales sólo responsabiliza penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, con una pena de dos años en suspenso, y al camarógrafo Villalba se le impuso una multa e inhabilitación. Al subcomisario Garay, responsable de los patrulleros de la seccional 30 y presente en el lugar, lo absuelve de toda responsabilidad.
“Es el fin anunciado de un burócrata
sindical que le ha hecho mucho daño a los trabajadores como al mismo
ferrocarril”, explica el Ruben “el Pollo” Sobrero, delegado de la Unión
Ferroviaria. José Ángel Pedraza,
ingresó al ferrocarril en los ‘70. La década del ’90 fue su época de jolgorio,
como la de muchos otros. Le avaló a Menem el despido de decenas de miles de trabajadores
ferroviarios. De la noche a la mañana pasó a tener un patrimonio extraordinario
que le permitió tener una mansión en Parque Leloir, y un piso de 1.000.000 de
dólares en esa cuna de la corrupción llamada Puerto Madero, donde fue,
casualmente, detenido. Los intereses económicos y políticos que se ponían en
juego con el ingreso a planta permanente de los tercerizados afectaban
directamente a la opulencia de Pedraza y
su familia, tanto por su participación en las empresas subcontratistas que
precarizaban a estos trabajadores como por la potencial puesta en cuestión de
su hegemonía en el gremio. Esa
tercerización que impide la organización y dificulta los reclamos, que abarata
la mano de obra, que restringe los derechos de la clase trabajadora fue un
negocio redondo para Pedraza que más que un sindicalista, era un empresario por
inclusión, manejando pilas de millones a costa de los trabajadores. Cuando se
detallaba en el juicio oral todo el
negociado, mostrado y demostrado en los alegatos, observaba con una mirada tan
ingenua como astuta. Con una dosis inalcanzable de hipocresía, Pedraza tuvo el
atrevimiento de manifestar, haciendo uso de su oportunidad de hablar ante el
Tribunal antes del veredicto, que: “La bala que rozó el corazón de Néstor
Kirchner, rozó el corazón de todos los ferroviarios y, en particular, el mío”. Pedraza
llegó preso al juicio y se fue en las mismas circunstancias: custodiado por sus
amigos del aparato represivo. Si no hubiera estado la movilización y el pueblo
en la calle reclamando, probablemente, la situación procesal de Pedraza hubiese
sido distinta.
El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°21,
Horacio Días, comenzó la mínima explicación del veredicto con expresiones que
chorreaban demagogia. Luego, no pudo con sus convicciones y sus manifestaciones
fueron en caída libre. Mirando directamente a Ismael Jalil y María del Carmen
Verdú, abogados de CORREPI, su profunda ignorancia y altanería fueron
materializada en imbéciles palabras: “en
una sociedad fatalista como la nuestra, la muerte de Carrasco, terminó con el
servicio militar obligatorio, y la muerte de Walter Bulacio terminó con las
razzias…”. Fue una ofensa a su militancia social y no lo dijo un día cualquiera.
Un 19 de abril unos 22 años atrás, Walter, el pibe de 17 años de Aldo Bonzi era
detenido en el operativo policial dirigido por el comisario Espósito. Una
semana después, murió como consecuencia del apaleamiento recibido. Entre el
25 de mayo de 2003 y fin de noviembre de 2013, otros 2.224 adolescentes y
jóvenes fueron asesinados por el aparato represivo estatal, según informes de
la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, y una gran
cantidad de ellos después de ser detenidos, como Walter, en razzias, por
averiguación de antecedentes o reclutados para servir a la billetera de la
comisaría de Lomas del Mirador como Luciano Arruga, por faltas o
contravenciones, incluso en festivales de rock, como Rubén Carballo. Distan de
ser ciertas y verídicas las palabras de Su Señoría, y son el resultado de ser
parte de lo peor de la estructura elitista y aristocrática del Poder Judicial.
Pedraza está encerrado, pero esa raza llamada burocracia sindical se
expande con Luis Barrionuevo y Hugo Moyano a la cabeza ¿CGT Oficialista? ¿Qué
significa eso? Charlas telefónicas entre amigos fueron parte de la causa. “¡Ministro!”,
saluda Pedraza a Tomada. “¡Mi querido!”, le devuelve Carlos Tomada, actual
ministro de Trabajo y ex abogado de la Unión Ferroviaria, en este diálogo
producido el 14 de enero de 2011. “A los tercerizados hay que trabajarlos
sindicalmente, no son todos del PO o del PTS. Armar cursos de capacitación y
hacerles la cabeza”, se mofaba Tomada. Pedraza acota: “Bueno, nosotros estamos,
hemos estado y estamos trabajando en eso…”. En la ´escucha´ que la involucra a
la mano derecha de Tomada, Noemí Rial, se comunica con Pedraza para expresarle
su solidaridad y ponerse a su disposición “para cualquier cosa que necesites”.
En ese momento, el domicilio de Pedraza había sido allanado en el marco de la
investigación por el crimen de Mariano Ferreyra. Resulta extraño que, al menos,
los jueces no hayan siquiera buscado en Google a Noemí Rial. Hasta el mismísimo
buscador les sugiere el nombre de Mariano Ferreyra. Todos estamos esperando la
renuncia de estos funcionarios del Ejecutivo, dosificando la impunidad que
gozan los ocupantes de los estrados del poder.
Murales, graffitis, panfletos, casacas, publicaciones, tatuajes,
agrupaciones estudiantiles, centros culturales, intervenciones, campañas
políticas, todas con el rostro y el
nombre del militante del Partido Obrero y estudiante de Historia. El disco
“Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreyra”, con intervenciones de Manu
Chao, Karamelo Santo, Pablito Lescano, Vicentico, Raly Barrionuevo, Las Manos
de Filippi, entre otros (“¿cómo escribir solo en una canción tanta vergüenza y
amor?” cantan cuestionándose Calican Groove & John Guarenas). Un libro,
luego canalizado en una película protagonizada por Martín Caparrós, “¿Quién
mató a Mariano Ferreyra?”. Formas de sellar y no olvidar el nombre de
Mariano Ferreyra. Más allá de estas importantes interpretaciones, algunas
cuestionables, otras no tanto, Mariano Ferreyra fue asesinado, pero sus ideales
continúan respirando.
Página 12 tituló al día
siguiente del asesinato de Mariano: “Morir por apoyar a trabajadores
despedidos”. Observando ese titular, reaparece en la mente de los militantes de
organizaciones populares aquel titular del diario Clarín, al día siguiente a
los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en 2002 que escondía
otro mensaje: “La crisis causó 2 nuevas muertes”. Todo el camino atravesado
desde aquel 20 de octubre de 2010 hasta este reciente 19 de abril no se resumen
en un “apoyo de los trabajadores despedidos”. No hay que abandonar la lucha de
Mariano contra la tercerización laboral, que se repite en todos los estamentos
del Estado y es una práctica habitual de las distintas multinacionales y
corporaciones, tejidas conjuntamente con la burocracia sindical o el
sindicalismo empresario. No hay que abandonar la lucha contra la
criminalización de la protesta y la participación acostumbrada de grupos de
choque sindicales, vinculados a barras
bravas (Favale era barra de Defensa y Justicia y Sánchez de Racing) ejerciendo
violencia contra los manifestantes siendo una suerte de policía subcontratada. No hay que renunciar a la lucha de Mariano
que no se sintetiza en la condena a algunos miembros del peor cáncer de nuestra
sociedad. Esa “particular visión del mundo” a la que hacía alusión
ofensivamente el juez Días es la lucha nuestra: la lucha por la transformación
social.
(Nota perteneciente al Nº 5 de la Revista Otro Viento)
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