Durante los últimos meses, la realidad argentina
estuvo marcada por la conflictividad social. Desde fines del año pasado y
comienzos de este, algunos indicios permitían anticiparlo. Así, el 2013 se iba
con los petroleros de Las Heras condenados a perpetua, y el 2014 amanecía con
una significativa devaluación de la moneda nacional.
Las
señales dejaron de ser tales, para convertirse en realidad. Entre abril y mayo
de este año, la empresa multinacional de capitales españoles Gestamp, ubicada
en Escobar y dedicada a la fabricación de autopartes, despidió sin
indemnización a 67 empleados con motivo de la caída en la actividad automotriz.
El mismo camino siguió la autopartista Lear, de General Pacheco, que despidió a
unos 100 trabajadores y suspendió a otros 200, además de paralizar sus
actividades por 15 días, amenazando con cerrar sus puertas.
Más
cerca en el tiempo, los trabajadores de la empresa Donelley se encontraron una
mañana con la noticia de que su lugar de trabajo cerraría sus puertas y se iría
del país, motivando una acusación pública de la Presidenta : “Alteración al orden económico y financiero”, un delito que enmarca en la ley
antiterrorista.
Estos
no son más que los casos que tuvieron una mayor repercusión en los medios de
comunicación, seguramente por las medidas de fuerza desarrolladas (como toma de
plantas, movilizaciones y cortes de ruta). Sin embargo, esta escena se repitió
a lo largo y ancho de todo el país. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde la
autopartista Valeo echó a 59 empleados, o automotrices como Renault e Iveco
decidieron suspender a la mayoría de sus trabajadores ante la falta de insumos,
provocada por la paralización en las empresas proveedoras.
La
lista no se detiene, y aparecen casos como el de la metalúrgica Visteon,
quien abastece de insumos a Ford y Volkswagen, que a comienzos del mes de julio
también cerró dejando en la calle a 290 trabajadores. O el caso de los 180
empleados del Talar, parte del Ingenio Ledesma, que desde marzo sostienen el
reclamo para su reincorporación. En definitiva, un listado de casos que parece
interminable, pero que al mismo tiempo, es sólo una porción de la realidad que
agobia a los trabajadores de todo el país.
Empresas
del sector automotriz fueron las que comenzaron con la seguidilla de despidos, luego
le siguieron muchas otras de distintos sectores, todas aduciendo una causa en
común: la baja del consumo. Los grupos empresarios vinculan esto con la crisis
económica que está atravesando el país, y frente a dicha situación llevan
adelante distintas medidas con el objeto de mantener siempre su altísima tasa
de ganancia. Es así que lo primero que tienden a hacer es reducir sus costos de
producción, y para ello se sacan de encima lo que en verdad les da su mayor
rentabilidad: la mano de obra de los trabajadores.
Ahora
bien, ¿Es posible que la caída de la demanda sea tan elevada que se vean obligados
a despedir trabajadores? ¿O solamente lo hacen para sostener su ganancia y
seguir llenándose los bolsillos? En todo caso, ¿Por qué tienen la libertad de
hacerlo sin ninguna restricción por parte del Estado?
Ante
este panorama, el Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires y Profesor de Economía Política en la Universidad Nacional
de Rosario, Julio C. Gambina, brinda su mirada a fin de desentrañar las
verdaderas causas económicas que generan la actual convulsión social.
¿Cómo
se relaciona la enorme cantidad de despidos y suspensiones de este año con la
situación económica que atraviesa el país? ¿Qué factores de la economía
nacional provocan la actual crisis?
La
recesión está asociada a una retracción en la inversión productiva. El
argumento de los inversores externos remite al tipo de cambio -retrasado según
ellos- y a las restricciones para remitir utilidades al exterior, como así
también otras limitaciones, por ejemplo las autorizaciones de importaciones,
que en la industria son claves, pues el sistema productivo de “armaduría”
supone la importación de partes componentes del producto final.
El
modelo productivo argentino y la política económica en curso tiene límites para
los objetivos de obtener ganancias y su respectiva acumulación capitalista, por
lo cual, la respuesta empresaria utiliza la recesión para solicitar ajustes de
política cambiaria, y demanda facilidades para las inversiones, los créditos y
otros beneficios que potencien las ganancias. Con las suspensiones o despidos generan presión sobre los
trabajadores para una reducción de los salarios o de sus actualizaciones y con
ello, apuntan al gobierno, que teme a la conflictividad social creciente
derivada del clima laboral.
¿Qué
capacidad de maniobra posee el Estado cuando la actividad económica está
concentrada mayoritariamente en empresas extranjeras?
En
rigor, hay que cambiar el modelo productivo y de desarrollo, difícil a resolver
por un gobierno que tiene un imaginario de desarrollo capitalista sostenido en
una inserción subordinada al mercado mundial. El Estado capitalista en un país
subordinado o dependiente, sólo puede adecuarse a las condiciones de la
transnacionalización y por eso, más que actuar para reactivar la economía con
medidas alternativas, acude a pagar a Repsol, las sentencias del CIADI, del
Club de París y si pudiera cancelaría deuda con los holdout.
Para
que el Estado intervenga eficazmente debe decidir confrontar al orden
capitalista, pensando en un proceso de transición.
Históricamente,
Argentina se ha ubicado dentro de la división internacional del trabajo como
productor de materias primas ¿Qué consecuencias genera la ausencia de
desarrollo industrial? ¿Qué posibilidades existen de desarrollar un verdadero
proceso de sustitución de importaciones?
El
desarrollo industrial está subordinado a la transnacionalización del
capitalismo. En la actualidad funciona el mecanismo de la “armaduría”,
subordinado a la importación de partes componentes del producto final.
Organizar
un modelo de desarrollo industrial no dependiente, requiere asumir un rumbo no
capitalista y un proceso de integración alternativo, no subordinado,
organizando alianzas estratégicas en la región.
Una
de las claves será la independencia tecnológica, a lograr con la promoción de
la educación pública, especialmente la Universidad y los institutos de investigación,
siempre en el marco de la integración regional y con otros países en
disposición de no subordinarse a la lógica del capitalismo.
¿A
qué se debe que el gobierno no haya llevado a cabo medidas como nacionalizar el
comercio exterior, restablecer una junta nacional de granos, modificar la ley
de entidades financieras de Martínez de Hoz, realizar una reforma tributaria
para que los terratenientes paguen tasas impositivas acordes con el altísimo
valor de sus tierras? ¿Cuáles serían los costos políticos? ¿Cómo impactaría
ello en la economía?
Es
una cuestión de clase, que iría contra el bloque económico que sostuvo al
gobierno en la década.
Las
reestatizaciones (que se produjeron en estos diez años) fueron más decididas
por retiro de los empresarios transnacionales que operaban esas actividades que
por decisión propia. Las AFJP se estatizaron en la más profunda crisis
capitalista con impacto en bancos y finanzas y esos recursos se aplican hoy a
sustentar inversiones en bonos de la deuda pública.
Los costos políticos son con las
clases dominantes, y eso es algo que el gobierno no está dispuesto a llevar
adelante. No existe solución para los trabajadores y el pueblo en el marco del
orden capitalista, sustentado en la obtención de ganancias, la acumulación y su
impacto en la dominación social.
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Como señala el economista
Julio C. Gambina, la conflictividad actual se genera a raíz del posicionamiento
privilegiado del sector empresarial, que con la intención de no disminuir su
tasa de ganancia, decide abaratar costos en la producción despidiendo
trabajadores, presionando a la vez al Estado, a fin de que reduzca su
intervención en la economía para así obtener mayores beneficios. Esto conduce a
indagar acerca de cuáles son las condiciones estructurales que brinda la
economía argentina para permitir a un grupo selecto y minoritario llevar
adelante este tipo de acciones.
En este sentido, cabe señalar que
Argentina a lo largo de la historia, se ha posicionado dentro del mercado
mundial como un país productor y exportador de materias primas, donde la
inversión de los capitales extranjeros ocupa un lugar privilegiado para la
explotación de los recursos naturales a raíz del casi nulo desarrollo
tecnológico. A su vez, consolidó, de este modo, una economía fuertemente
dependiente de la importación de productos industriales y altamente
transnacionalizada. No es casual que de las 500 empresas que más facturan en la
actualidad el 66% son extranjeras.
Esta lógica funcional, no ha sido
transformada en los últimos diez años. Por el contrario, ha sido reproducida,
ya que a través del impulso de un modelo “neo desarrollista”, donde el Estado
asumió una mayor intervención para garantizar un mejor funcionamiento del
mercado, las inversiones extranjeras continuaron siendo fundamentales para el
desempeño de la economía, ante los frustrados intentos del gobierno por
conformar una burguesía nacional, reforzándose de este modo el carácter
dependiente antes señalado.
Ahora bien, es fundamental resaltar
la normativa legal en la cual se circunscriben las negociaciones que tiende el
Estado con el capital extranjero, a modo de comprender las facilidades que
tiene éste para hacerse de ganancias en su excursión por el país. Aunque
resulte paradójico, aún
hoy se encuentran vigentes tanto la Entidades Financieras
como la Ley de
Inversiones Extranjeras, provenientes de la última dictadura cívico-militar.
Por un lado, la sanción de la ley de Entidades Financieras
permitió que ingresen al país un elevado número de entidades bancarias, a las
cuales se les concedió la facultad de captar depósitos y regular las tasas de
interés activas y pasivas. Cuestión de vital importancia ya que les posibilitó
estructurar el acceso al crédito sin fijar ninguna pauta de orientación
pública, dando como resultado un predominio de los créditos a corto plazo y la
ausencia de préstamos para la producción.
Por
el otro, la ley de Inversiones Extranjeras generó una apertura a la entrada de
capitales extranjeros, a raíz de garantizarles un trato igualitario respecto de
las inversiones nacionales. Lo cual acentúo el proceso desindustrializador, ya
que ese capital no se situó en los sectores industriales, y además como dicha
ley no obligaba a reinvertir las utilidades en el país, facilitó la fuga de
capitales, que desde el 2003 hasta la actualidad se estima en US$ 200 mil
millones.
Entonces, ¿Cómo es posible revertir
esta situación de dependencia si hay un
marco legal que protege y estimula las ganancias del capital foráneo? ¿Cómo hablar de rupturas con el
orden económico si durante esta década el sector empresario ha incrementado
tajantemente sus ganancias? Más allá de la retórica discursiva
utilizada, la realidad marca que durante esta gestión la clase dominante no ha
visto alterada su posición, y ello se debe sin dudas a una decisión del
gobierno en tal sentido, ya que luego de embestir contra la oligarquía
terrateniente allá por el 2008, se replegó en los márgenes de su modelo
representado por el “capitalismo serio”.
Si se quiere lograr un cambio real
hay que apostar a una transformación estructural, donde el Estado controle de
manera directa los distintos sectores de la economía por sobre el sector
empresarial nacional e internacional, con el objeto de desarrollar una
alternativa por fuera de la lógica del “capitalismo serio” y ligada
verdaderamente a los intereses de la clase trabajadora que lleve a superar la
desigualdad social generada por el actual modo de producción.
Dos
caras de una misma moneda
Frente a la actual conflictividad,
la respuesta dada desde el gobierno no sorprendió a nadie. Era previsible que
ante el descontento de los miles de trabajadores suspendidos y despedidos, las
fuerzas de seguridad sean las encargadas de intentar aplacar sus gritos.
La
solapada transversalidad que ha utilizado el gobierno para colocarse de un lado
y del otro, a fin de sostener el equilibrio entre intereses contrapuestos -el
de los patrones y los trabajadores- ha sido desechada en la actualidad,
posicionándose abiertamente a favor de los intereses patronales.
En
este sentido, no es
ingenua la voluntad política por reglamentar la protesta social manifestada por
la presidenta, Cristina Fernández, al abrir las sesiones legislativas el 1 de
marzo de este año en el Congreso Nacional. Decisión luego receptada por
proyectos provenientes tanto de legisladores del FPV, como por parte de los
armados reaccionarios del PRO y el Frente Renovador.
Esta
intención se enmarca en un contexto funcional de crisis económica, dónde el “capitalismo
serio” -lema del modelo kirchnerista- no impide que las crisis cíclicas propias
de este sistema de producción se eviten. Y, al encontrarse cerradas las vías de
acceso al crédito externo a causa del conflicto con los fondos buitre, las
fuentes de financiamiento internas (ANSES y Banco Central) pese a hallarse en
rojo, continúan utilizándose para inyectar dinero a fin de dar los últimos
coletazos para reactivar la economía. Sin embargo, los planes impulsados
(Progresar, Pro.Cre.Auto, Proemplear) resultan acotados, ya que en nada
modifican lo estructural, sino que aportan momentáneamente a sostener la tasa
de empleo.
Por
ello, el as que tiene el Ejecutivo
es recurrir, como se indicó, a las fuerzas de seguridad a fin de contener el
reclamo de los trabajadores y de este modo llegar a las presidenciales del año
venidero con un menor grado de convulsión social, o por lo menos, a eso aspira.
También
cuenta, en el ámbito de la industria automotriz, con la ayuda de la burocracia del Sindicato de Mecánicos y Afines
del Transporte Automotor (SMATA), la cual sin tapujos se ha ocupado de
perseguir a los trabajadores ante cada lucha emprendida, hasta el punto de
reunirse con otros sindicatos que conforman la CGT oficialista en el marco de la Confederación de
Sindicatos Industriales, con el objeto de diseñar una estrategia conjunta para
combatir la “infiltración” de la izquierda en las fábricas.
Es evidente que en la agenda
oficial no figura la desesperante situación que deben atravesar quienes
quedaron en la calle, sin trabajo ni ingresos y con numerosas familias por
sostener. Sino más bien las consecuencias que de ello se desprende, en
tanto afecten la gobernabilidad.
Por
lo cual, esta reacción ilustra el rol ocupado tanto por el gobierno como las
burocracias sindicales que, sin traicionar su historia, han movido sus fichas a
favor de los intereses patronales.
La única alternativa para la clase trabajadora
consiste en organizarse conjuntamente con las organizaciones de izquierda, con
el objeto de llevar adelante un plan de lucha que permita avanzar contra la
clase dominante, a fin de construir una alternativa superadora que acabe con
las miserias que ofrece el actual modo de producción.
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