Abril nos encuentra nuevamente discutiendo sobre la
reforma de un código de fondo que logró instalar en la agenda posiciones
antagónicas sobre un tema tan sensible como es el sistema punitivo. Otro Viento entrevistó al abogado Roberto
Gargarella para sumar una opinión más ante tanto revuelo mediático.
A pocas horas de la
presentación de Eugenio Zaffaroni del Anteproyecto de reforma del Código Penal,
el presidente de la comisión ad-hoc ha logrado generar instantáneas repercusiones,
que fueron reproducidas por los medios masivos dándole importante trascendencia
a aquellas posturas que hacen de la mano dura el sostén de aparición en radios,
diarios y medios de desinformación.
Uno de los desinformados adrede que
instantáneamente apareció fue el actual diputado Sergio Massa, quien
obsesionado por lograr capitalizar los votos de la derecha, rápidamente lanzó
una campaña de difamación a través de diversas falsedades o afirmaciones
capciosas, que intentan dejar como único mensaje que el nuevo texto legal favorece
a quienes cometen delitos.
Uno de los ejemplos que se
puede mencionar al respecto es el de “confundir” la reincidencia con la
acumulación de penas, al decir que “robar una o cien veces sería lo mismo”. No
sería lo mismo, ya que la acumulación de penas seguiría existiendo, pero lo que
se eliminaría sería la reincidencia como agravante de un delito, lo cual según
una parte de la doctrina, y más precisamente en palabras del juez Zaffaroni en
el caso Ordoñez del año 2008, sería inconstitucional ya que “se toman en consideración características propias de la persona que exceden
el hecho y se enmarcan dentro del derecho penal de autor”.
Otra de las banderas que el
referente del Frente Renovador utilizó para ir contra el nuevo código fue la de
que se eliminaría la prisión perpetua. Lo
que el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner olvida, es que la aplicación de
esta pena sería inconstitucional, ya que la fundamentación por la cual se les
impone penas privativas de la libertad a las personas que cometen delitos por
parte del Estado es justamente su fin resocializador, y no el castigo de los
mismos. Es decir, que el objetivo del Estado -tal como lo expresan la Convención
Americana de Derechos Humanos en su artículo 5 y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10, con jerarquía constitucional
desde 1994, y la Ley 24.660 en su artículo 1- debe ser “reeducar” a esa persona
para que vuelva a vivir en sociedad sin delinquir.
Por tal motivo, es erróneo hacer un juicio de valor en virtud de los montos de las penas, ya que sin una decisión política del Estado que se dedique a tratar las verdaderas razones de consumación del delito y no solamente a complacer la opinión de la clase media-alta, el aumento o disminución de las penas será totalmente inútil.
El máximo atrevimiento tuvo
lugar cuando anunció la recolección de firmas para frenar un Anteproyecto que
ni siquiera tiene estado parlamentario. Esta actitud es similar a prohibirle
correr a un recién nacido. Aquí encuentra su más clara expresión la demagogia
punitiva, buscando instalar un discurso populista acorde a los intereses de una
clase media-alta que se siente segura con más policías en las calles y mayor
castigo a los pobres.
Estamos
convencidos de que es parte de nuestra tarea como comunicadores populares, rechazar
una consulta popular demagógica y políticamente oportunista disfrazada de
democrática. Pretender plebiscitar la reforma del Código Penal es
inconstitucional e implica materializar en normas todos los prejuicios
generados por los medios masivos de comunicación sobre ciertos sectores de la
opinión pública.
Una
opinión autorizada
Por lo expuesto hasta acá, se entiende que es
necesario entrevistar a especialistas con reconocida trayectoria en materia
penal para que puedan dar su tan necesario punto de vista. Más allá de las
subjetividades y los diferentes puntos de acercamiento que se pueda tener con
sus opiniones, resulta importante que tengan voz en la prensa personas que
saben de lo que hablan y no solamente los burros de siempre que patean y destruyen
cualquier intercambio válido de posturas.
Por esta razón es que Otro Viento se entrevistó con
el reconocido jurista y sociólogo Roberto Gargarella[1],
para que brinde su opinión sobre un tema tan presente en el escenario político
del pasado mes de Marzo.
¿Qué análisis
hace sobre las formas, los/as participantes y el contenido del Anteproyecto de
Código Penal presentado a la presidenta el pasado febrero?
Me parece
excelente haber creado una comisión pluralista, y en lo personal, muchos de los
nombres de los participantes me resultan atractivos. Ahora bien, he estado
haciendo algunas críticas a la propuesta ofrecida, porque me parece que se
inscribe en una larga tradición argentina (que es también internacional) de
elitismo penal. La Argentina, como muchos otros países, ha estado oscilando
entre la adopción de políticas elitistas y populistas en la materia.
En ocasiones
como ésta, el péndulo parece correrse hacia el lado del elitismo,
mientras que en otras, como ocurriera durante los primeros tiempos del kirchnerismo
y las presiones de Juan Carlos Blumberg, se corre hacia el populismo.
Finalmente, sin embargo, se trata de dos caras de la misma moneda. En los
hechos, el pueblo siempre parece quedar fuera del debate público.
¿Qué
reflexión hace sobre las apariciones públicas posteriores y los discursos
instalados de diferentes dirigentes políticos? ¿Cuál sería la estrategia para
paliar la demagogia punitiva?
La demagogia
punitiva no ha tardado en aparecer. Como decía, oscilamos entre el elitismo y
el populismo penal. Al elitismo gubernamental siguió el populismo de parte de
la oposición. Ahora bien, corresponde reconocer también el populismo que
recorre vastamente las filas del oficialismo: desde el gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, al Secretario de Justicia. Más todavía, diría que si prestamos
atención a las declaraciones presidenciales de los últimos diez años, lo que
podemos encontrar es que, inequívocamente, los últimos presidentes han sido
consistentemente críticos del liberalismo garantista que, habitualmente, viene
de la mano del elitismo penal. Por lo tanto, diría, el panorama es complejo.
La única forma de combatir esto es el debate
público: difícil de aceptar para muchos, pero creo que es la única solución que
los demócratas podemos recomendar. Si no confiamos en la gente (lo que no es lo
mismo que decir que confiamos en los plebiscitos sin debates, ni en las
encuestas de mercado), no veo por qué seguir autorizando el voto universal.
Sobre la
protesta social, ¿cree que el discurso inaugural de Cristina en la Asamblea
legislativa es un intento de capitalizar votos perdidos ante Massa en las
últimas elecciones? ¿O forma parte de las políticas represivas sistemáticas de
este gobierno como los desalojos en Villa Lugano luego del discurso?
Otra vez, los
discursos presidenciales en la materia son consistentes: la protesta es un
problema que, en el mejor de los casos, no se reprime (algo que no ha pasado
demasiado, a pesar de la retórica oficial); los que protestan no juegan en
“primera división”; los que protestan deben formar su propio partido político y
ganar elecciones; los que protestan le hacen perder el tiempo a los demás.
Quiero decir, lo señalado por la presidenta en la asamblea forma parte de un
modo de pensar que no ha cambiado en la última década, por más que a algunos
ingenuos los haya tomado de sorpresa.
[1] Abogado
y sociólogo. Profesor Universidad de Buenos y Universidad Torcuato Di Tella.
Doctor en Derecho por las universidades de Buenos Aires y Chicago. Ha sido
profesor visitante en varias universidades europeas. Publicó, entre otros
libros, The Scepter of Reason, La justicia frente al gobierno y Los fundamentos
legales de la desigualdad, publicado por Siglo XXI de España Editores y
coeditor de Nuevas ideas republicanas y Razones para el socialismo, también en
el año 2008 publicó El derecho a la protesta. El primer derecho, Departamento de Publicaciones UBA y Editorial
Ad-Hoc. En 2000, obtuvo la beca John Simon Guggenheim y en 2002 la Frank Simon Guggenheim.
Por Aramis Lascano, Ignacio Saffarano y Martín Drago
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