En una misma publicación Presidencia anunció la creación de hogares de protección integral para mujeres víctimas de violencia de género dando las direcciones de las mismas constituyendo así un peligro evidente.
Parece que resulta necesario explicarle a quienes están en el gobierno que las “Casa Refugio” son instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia de género, en aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza a su integridad física, psicológica y/o sexual.
Es por ello, que la no divulgación de su ubicación es no solo necesaria sino obligatoria. El “error” ya fue suplantado por un texto que advierte que se suprimieron las “ubicaciones por razones de seguridad para las personas que allí reciben asistencia”.
Más allá de los refugios que existen por trabajo militante, la Ley Nacional de Violencia contra las Mujeres Nº 26.485 establece la creación de los mismos siendo entonces una herramienta para exigirle al Estado que esto se haga efectivo.
A pesar de que la existencia de estos espacios resulta imprescindible, hay un hecho para remarcar. Desde lo legal no existe norma que reglamente tanto el funcionamiento o las estructuras laborales de los refugios, es decir, cómo deben ser las condiciones edilicias, qué profesionales deben trabajar allí, qué tipo de acompañamiento se debe realizar, entre otros.
En este sentido, por ejemplo, hoy en día no todas las localidades de la Provincia de Buenos Aires cuentan con refugios. Y donde los hay, existen numerosas irregularidades en su funcionamiento. Entonces, con este vacío desde lo legal que deja a “voluntad” de quienes gobiernan las decisiones de las características que toman estas nos preguntamos: una vez que estén esos refugios que con bombos, platillos y mucha desprolijidad se enunció desde Presidencia, ¿cómo será su funcionamiento? No vaya a ser que sea solo para la foto...
Hablando de cosas para la fotos…
Mariu Vidal también enunció dentro del “Plan género” la creación de la Línea telefónica Nacional 144 en Provincia de Buenos Aires. Nos vemos en la obligación de aclarar que dicha Línea no “recibe denuncias por violencia de género contra las mujeres” como dice una nota publicada en el portal del Gobierno de la Provincias de Buenos Aires sino que está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia.
Lo que además le faltó decir a la gobernadora, es cómo iba a funcionar este espacio. Hoy en día las situaciones de contratación de las trabajadoras son: algunas son contratadas como monotributistas y por otro lado, las operadoras se encuentran contratadas de manera tercerizada a través de la empresa Provincia Net, figurando legalmente como “empleadas de comercio”. Asimismo, según comentaron las trabajadoras en un comunicado, existen diferencias salariales por la misma tarea, y salarios por debajo de la línea de pobreza.
La situación no mejora al escuchar cómo trabajan, “en promedio una operadora está atendiendo por día alrededor de entre quince y veinte llamadas, y si tomamos en consideración el tiempo que puede llegar al promedio de atención de 15 o 20 minutos para una escucha real, que hoy por hoy, se encuentra no solo precarizado sino que además la cantidad de trabajadoras que lo están llevando adelante es insuficiente”, dijo Verónica Misseri, delegada de ATE en una entrevista con Anred.
De esta manera vemos que las políticas de género, caballito de batalla de Cambiemos, se quedan en una enunciación difundida como un “gran logro” y para colmo con información errónea o que perjudica a las mujeres víctimas de violencia de género, siendo las mujeres de las organizaciones quienes denuncian las irregularidades. Por ello somos nosotras, las mujeres, quienes seguiremos exigiendo que el Estado se haga responsable con verdaderas políticas públicas y no con fotos.
Parece que resulta necesario explicarle a quienes están en el gobierno que las “Casa Refugio” son instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia de género, en aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza a su integridad física, psicológica y/o sexual.
Es por ello, que la no divulgación de su ubicación es no solo necesaria sino obligatoria. El “error” ya fue suplantado por un texto que advierte que se suprimieron las “ubicaciones por razones de seguridad para las personas que allí reciben asistencia”.
Más allá de los refugios que existen por trabajo militante, la Ley Nacional de Violencia contra las Mujeres Nº 26.485 establece la creación de los mismos siendo entonces una herramienta para exigirle al Estado que esto se haga efectivo.
A pesar de que la existencia de estos espacios resulta imprescindible, hay un hecho para remarcar. Desde lo legal no existe norma que reglamente tanto el funcionamiento o las estructuras laborales de los refugios, es decir, cómo deben ser las condiciones edilicias, qué profesionales deben trabajar allí, qué tipo de acompañamiento se debe realizar, entre otros.
En este sentido, por ejemplo, hoy en día no todas las localidades de la Provincia de Buenos Aires cuentan con refugios. Y donde los hay, existen numerosas irregularidades en su funcionamiento. Entonces, con este vacío desde lo legal que deja a “voluntad” de quienes gobiernan las decisiones de las características que toman estas nos preguntamos: una vez que estén esos refugios que con bombos, platillos y mucha desprolijidad se enunció desde Presidencia, ¿cómo será su funcionamiento? No vaya a ser que sea solo para la foto...
Hablando de cosas para la fotos…
Mariu Vidal también enunció dentro del “Plan género” la creación de la Línea telefónica Nacional 144 en Provincia de Buenos Aires. Nos vemos en la obligación de aclarar que dicha Línea no “recibe denuncias por violencia de género contra las mujeres” como dice una nota publicada en el portal del Gobierno de la Provincias de Buenos Aires sino que está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia.
Lo que además le faltó decir a la gobernadora, es cómo iba a funcionar este espacio. Hoy en día las situaciones de contratación de las trabajadoras son: algunas son contratadas como monotributistas y por otro lado, las operadoras se encuentran contratadas de manera tercerizada a través de la empresa Provincia Net, figurando legalmente como “empleadas de comercio”. Asimismo, según comentaron las trabajadoras en un comunicado, existen diferencias salariales por la misma tarea, y salarios por debajo de la línea de pobreza.
La situación no mejora al escuchar cómo trabajan, “en promedio una operadora está atendiendo por día alrededor de entre quince y veinte llamadas, y si tomamos en consideración el tiempo que puede llegar al promedio de atención de 15 o 20 minutos para una escucha real, que hoy por hoy, se encuentra no solo precarizado sino que además la cantidad de trabajadoras que lo están llevando adelante es insuficiente”, dijo Verónica Misseri, delegada de ATE en una entrevista con Anred.
De esta manera vemos que las políticas de género, caballito de batalla de Cambiemos, se quedan en una enunciación difundida como un “gran logro” y para colmo con información errónea o que perjudica a las mujeres víctimas de violencia de género, siendo las mujeres de las organizaciones quienes denuncian las irregularidades. Por ello somos nosotras, las mujeres, quienes seguiremos exigiendo que el Estado se haga responsable con verdaderas políticas públicas y no con fotos.
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