“Las Heras escucha, tu lucha es nuestra lucha”

¡SEAMOS MILES!

El 12 de diciembre de 2013, Inocencio Cortez, José Rosales y Hugo González -trabajadores petroleros de la localidad de Las Heras (Santa Cruz)- fueron condenados a prisión perpetua por un crimen que no cometieron. Precisamente, ellos fueron víctimas de una causa inventada por la policía santacruceña en complicidad con el poder Judicial y Ejecutivo provincial.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos sentenciados en esta causa. A Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach también los condenaron a cinco años de prisión por el delito de coacción agravada. Asimismo, Darío Catrihuala también recibió cinco años de la misma pena, pero como partícipe necesario en el delito de lesiones graves.

Ante semejante atropello a la clase trabajadora, sus gritos de justicia se multiplicaron por miles y hoy organizaciones sociales, partidos políticos, personalidades y trabajadores de gran parte del país y el mundo reclaman su inmediata absolución en el contexto de una campaña que busca visibilizar esta injusticia ante la omisión de los medios de comunicación hegemónicos. Puesto que, sólo la lucha y movilización popular harán torcer el brazo del poder.

Esta historia tiene su génesis allá por el año 2006. Época en la que el país era presidido por Néstor Kirchner, quien justamente se jactaba de sostener una posición pacífica y no represiva ante la protesta social. En el transcurso de ese año, los trabajadores petroleros de Las Heras comenzaron a luchar por condiciones laborales dignas.

Principalmente, sus reclamos eran: el encuadramiento en el convenio de petroleros de los trabajadores registrados bajo el acuerdo del gremio de la construcción (UOCRA) empleados en los yacimientos, por una razón muy simple: hacían el mismo trabajo pero cobraban menos; y el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias. Un impuesto que es manifiestamente injusto y desigual, ya que los sueldos de la clase trabajadora no son “ganancias”, sino la retribución que paga la patronal por utilizar y apropiarse de la fuerza de trabajo de sus empleados.

Éste reclamo había sido realizado un año antes por medio de un paro. Ante esta situación, la Comisión Directiva del Sindicato del Petróleo y el Gas prometió ocuparse del tema, logrando con ello que los trabajadores vuelvan a ocupar sus puestos de trabajo. Sin perjuicio de ello, no se obtuvieron los resultados esperados, y es así que a fines de enero de 2006, la situación volvió a repetirse y el obsecuente Sindicato no brindó el apoyo que esperaban los trabajadores, resolviendo los mismos desarrollar desde entonces distintas medidas de lucha, cortando principalmente las rutas provinciales 16, 18 y 43.

En palabras del vocero de los trabajadores, Mario Navarro, que el gremio los haya ignorado se debió a “negocios preexistentes que tenían con el poder político y las operadoras, digamos las generadoras de empleo”. Es por ello que el 6 de febrero de ese año, y luego de varios días de huelgas, asambleas y piquetes, la justicia local -por intermedio del juez subrogante Sergio Gargaglione- ordenó la detención de Mario Navarro por considerarlo uno de los “cabecillas” de los cortes de ruta.

Navarro fue detenido entonces en las instalaciones de la radio “La Soberanía”- única FM local- y de allí trasladado a la comisaría. Pero al instante, cuando el pueblo se enteró, una gran cantidad personas se aglutinó frente a la dependencia policial a reclamar por su libertad. La multitud no estaba compuesta solamente por petroleros; muchos vecinos además de familiares se acercaron al lugar, temiendo que Navarro sea sólo el primero de muchos más presos por luchar.

Dos concejales intercedieron en ese momento ante el Comisario Iñigo exigiendo que se excarcele a Navarro, pero sólo recibieron amenazas de agresión. A partir de allí, se desató una fuerte represión por parte de la policía santacruceña. Frente a ello, los manifestantes embistieron a los uniformados. Éste lamentable enfrentamiento, terminó con alrededor de 30 heridos y un muerto: el Suboficial Jorge Sayago.

ACÁ HAY GATO ENCERRADO

Muchas fueron las hipótesis que surgieron en torno a su muerte, pero lo cierto es que aunque la propia cúpula policial y el gobierno provincial acusen a los manifestantes, estos nada hicieron para evitar la caída del suboficial. Por el contrario, se guardaron en sus oficinas muy tranquilos y, saboreando la próxima donación de las empresas petroleras, esperaron a que el conflicto finalice para luego responsabilizar a los más débiles, los trabajadores. Sino, no se explica por qué en vez de trasladar al policía malherido al hospital de Las Heras, lo llevaron por tierra al hospital de Comodoro Rivadavia, muriendo éste durante el traslado en la ambulancia.

El lugar de los hechos, quedó sin ser perimetrado, permitiendo así que se alteren las evidencias, sobre todo ocultando la utilización por parte de la policía de balas de plomo. Testigos presenciales afirman que la policía disparó con plomo y que luego de la refriega, oficiales salieron a levantar las vainas servidas. La actuación policial cierra perfectamente si se analizan en perspectiva política los hechos hasta allí ocurridos. Al parecer, la muerte de Sayago le vino como anillo al dedo a la clase dirigente y las petroleras. De esta manera quedó relegado el conflicto salarial, ahora había un policía muerto.

Sobre esto, Ramón Amaya -abogado de Mario Navarro- explica: “El policía Sayago es un muerto que le conviene al statu quo. Se elimina el reclamo, se cambia el foco de discusión. A nivel nacional aparece un policía muerto por piqueteros. Desde el punto de vista de lo lógico y lo macabro es perfectísimo”.

Otra vez la complicidad de los medios de comunicación masivos estuvo a la orden del día, puesto que se encargaron de desviar el foco de atención de los sucesos, reproduciendo un mensaje completamente desfasado de la realidad. Un claro ejemplo de ello fue el diario Clarín que, el día siguiente al fallecimiento, tituló en tapa: “Violento reclamo salarial: un muerto”.

LA FARSA: EL JUICIO

Luego de 7 años de investigación, el juicio oral comenzó en el mes de junio de 2013, con 12 personas sentadas en el banquillo de los acusados. Durante el debate oral no apareció ninguna prueba capaz de demostrar la responsabilidad de los trabajadores en el asesinato de Sayago. Por el contrario, lo único que en verdad se pudo probar fueron las ilegalidades cometidas durante la investigación, quedaron al descubierto la enorme cantidad de delitos cometidos por parte de la policía provincial, que actuó en manifiesta connivencia con el Poder Judicial.

Ejemplo de ello fueron las declaraciones testimoniales arrancadas mediante amenazas, golpes y distintos tipos de tortura, a fin de recolectar elementos para perseguir penalmente a los trabajadores imputados. Así es que en ocasión de declarar frente al Tribunal, Graciela Valencia -cuñada de uno de los petroleros (González)- confesó, entre lágrimas, que declaró bajo amenazas y golpes propiciados por la Jueza de Instrucción Graciela Ruata de Leone. “Sinceramente tuve que mentir y arruinar una familia”, manifestó.

Ante la consistencia de esta y otras declaraciones, a lo único que atinaron los magistrados fue a presionar a los testigos sobre la penalidad que acarrea el falso testimonio. Se adiciona a semejante barbarie, las palabras del fiscal Ariel Candia que, reconociendo burdamente las torturas propiciadas, afirmó en su alegato “darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo) no implica decirle lo que debe declarar”.

En síntesis, esta causa desde sus inicios olió a podrido. Los funcionarios públicos que intervinieron para averiguar la verdad real de los hechos, se ocuparon más bien, de perseguir obstinadamente y sin pruebas a los trabajadores. Así fue que de los mil manifestantes que participaron de la pueblada se seleccionaron -arbitrariamente- a doce trabajadores a modo de aleccionar a los demás.

La suerte de los trabajadores estuvo echada desde la misma muerte de Sayago; todo lo demás fue un circo donde los roles ya estaban predispuestos: el verdugo sólo tenía que afilar la cuchilla y las víctimas acomodar sus cabezas.

TODO PRESO ES POLÍTICO

Como dice la canción: “Si esta cárcel sigue así, todo preso es político”; y no es un dato menor que en Argentina haya en la actualidad 6.500 procesados por luchar. Ello significa que existe una política desplegada a nivel nacional para judicializar a quienes hacen uso de su legítimo derecho a la protesta.

El caso de los petroleros de las Heras fue más allá de los límites, y no bastando con el procesamiento de los trabajadores, se dictó una sentencia condenatoria aberrante, sostenida en testimonios falsos arrancados bajo tortura. Este bochorno judicial se asemeja a la condena sufrida por los mártires de Chicago, tal como lo expresara Osvaldo Bayer en su carta abierta.

El derecho a la protesta, como dice Roberto Gargarella, es el derecho a tener derechos. Constituye una manera válida de peticionar ante las autoridades la efectiva vigencia de los derechos reconocidos legalmente, pero omitidos en verdad. Por eso es incomprensible, desde todo punto de vista, que el Estado trate los reclamos sociales con el código penal en la mano.

Es conveniente aclarar que el Estado tiene a su alcance diversos mecanismos para mantener el  status quo (estado de cosas) inalterable, a modo de garantizar la vigencia del actual sistema de producción capitalista. En tiempos de baja conflictividad social, el consenso que brinda la democracia representativa alcanza y sobra para que los ciudadanos se sientan partícipes en la toma de decisiones colocando una vez cada dos años un voto en la urna.

Sin embargo, ésta democracia tiene mayúsculas limitaciones; con ella no se educa, no se come ni se cura (parafraseando a Raúl Alfonsín). Es por eso que, ante imposibilidad de canalizar mediante el voto las demandas sociales, el derecho a expresarse en espacios públicos es vital para que los sectores relegados de la sociedad logren hacer oír su voz.

En este sentido, cuando el consenso no alcanza para mantener inerte a la masa social, principalmente a los sectores oprimidos, el Estado requiere la ayuda de su faz represiva -que siempre está presente, aunque por matar en silencio no lo parezca-. Es así que cuando las clases subalternas tocan los intereses de quienes concentran el poder económico -en este caso las empresas petroleras-, aparecen los palos, las detenciones, las balas de “goma” pero que penetran hostilmente como el plomo, sino hay que preguntarle a los caídos en las jornadas de lucha del caluroso 19 y 20 de diciembre de 2001, a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán; o a Carlos Fuentealba, o a Mariano Ferreyra, y la lista continúa.

En la coyuntura actual se puede vislumbrar un acrecentamiento de la criminalización de la protesta social. Pareciera ser que la condena a los reclamos sociales viene ganado legitimidad en el seno del gobierno, que ya no puede sostener su postura antirrepresiva frente a lo que marca la realidad. Sino, qué explicación tiene la condena a los militantes de M.P.R. Quebracho: Esteche y Lescano, qué se puede argumentar frente a las leyes antiterroristas impuestas por el imperialismo, cómo refutar el Proyecto X para perseguir a los trabajadores que luchan.

Hoy día, corren tiempos en donde la devaluación de la moneda argentina con la consecuente inflación que genera en diversos productos, entre ellos, los que componen la canasta básica de alimentos; cala hondo en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales de los trabajadores, los cuales históricamente han crecido por debajo de los niveles de inflación, produciéndose una redistribución regresiva del ingreso a favor de los que más tienen. ¿Qué implicancia tiene esto? Que seguramente los niveles de conflictividad social aumenten, debido a que los salarios de hambre no van a alcanzar para que los trabajadores lleguen a fin de mes.

Habrá que ver cómo reacciona el Estado, hasta ahora parece ser que la receta no ha cambiado, y es la misma que se viene aplicando: aleccionar a la clase trabajadora, mediante el despliegue de una enorme cantidad de uniformados -sean éstos policías provinciales, federales, gendarmes o prefectos- ante cada protesta social.