Para el pueblo lo que es del pueblo

Hace ya mucho tiempo que América Latina viene siendo sometida a las presiones e intereses del imperio, y no sólo eso, la mayoría de las veces, quienes están al mando de los distintos países hermanos, modifican y redireccionan sus medidas de gobierno, influenciados por las políticas imperialistas, optando por abrirle las puertas al libre comercio y sostener así la llamada “política de pantalones bajos”.

En éste marco, se ha producido una bifurcación reciente entre los países que intentan sostener la soberanía nacional y quienes se ocupan de disminuirla a su máxima expresión, de manera que sean las potencias extranjeras quienes decidan sobre su rumbo. Esta última situación es la que está atravesando actualmente Colombia.

“Nuestros países han dejado de ser amigos para convertirse en verdaderos aliados, el presidente Obama nos ha cumplido y esto nos da acceso permanente a la economía más grande del mundo con más de 300 millones de consumidores y 250 mil puestos nuevos de trabajo”. Fueron algunas de las palabras con las que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, caracterizó la relación entre su país y los Estados Unidos.

Todo éste tipo de negociaciones, hechas tanto por Colombia como por otros países latinoamericanos con los Estados Unidos de Norteamérica, trajeron de nuevo a la agenda regional la discusión acerca de los estilos de integración. Y cabe preguntarse: ¿En qué medida un país emergente se beneficia comerciando con una potencia como Estados Unidos? ¿Acaso el presidente Santos, al vociferar los beneficios que traería dicho tratado para Colombia, pensó en el pueblo? Sin duda que no, y es por eso que hoy miles de hermanas y hermanos colombianos están dando batalla en el campo, en las calles y plazas defendiendo sus vidas, la de sus hijos y la de su soberanía nacional.

¡Paro Nacional Agrario y Popular!

La suscripción al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y  Colombia, fue un proceso largo e ingrato. Fueron años de negociación, primero entre Bush y Uribe, y concretado finalmente entre “el Bush negro” y Santos. Un acuerdo que termina la obra emprendida por gobiernos anteriores, de profundizar al máximo el sistema neoliberal y de privatizaciones impulsado por Washington, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero a pesar de todas las protestas, reclamos y demandas de numerosos sectores sociales, Colombia ratificó el tratado en el 2007 y el TLC entró en plena vigencia el 15 de Mayo de 2012.

Hoy, transcurrido poco más de un año de su puesta en vigor, Colombia se encuentra sumida en un escenario que oscila entre el paro masivo, nacional, agrario y popular y la mesa de negociaciones que propone el gobierno. Las manifestaciones de mayor concurrencia están directamente relacionadas con el grado de abandono y el hambre a las que las malas políticas han llevado a la población de ese país. Prácticamente no ha quedado lugar en toda la geografía del territorio, que no haya sentido los efectos devastadores producidos por el TLC.

Su puesta en vigencia aceleró la fuga de capitales y la destrucción ambiental; aumentó la privatización de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud; incrementó la desigualdad y el trabajo precario; redujo la producción alimentaria debido al ingreso de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos; y sobre todo, se perdió la soberanía económica y política de la nación.

Distintas organizaciones campesinas y populares ya hace varios años que vienen denunciando los efectos que los TLC tendrían sobre las mayorías empobrecidas del país, sobre todo para los sectores rurales. En este sentido, una cuestión muy debatida y polémica fue dada a raíz de un documental producido por Victoria Solano, llamado “9.70”, que es justamente el número de la resolución que regula el uso de la semilla en Colombia.

Este audiovisual se centra entonces, en la historia de un grupo de campesinos a los cuales el gobierno colombiano le incautó y destruyó 70 toneladas de arroz en defensa de los intereses de empresas transnacionales,  obligando a los campesinos a comprar únicamente semillas certificadas. Esta resolución, implica que los campesinos se vean en la obligación de dejar de recolectar las semillas de sus cultivos, cosa que venían haciendo tradicionalmente generación tras generación, para comprarlas a multinacionales americanas como es el caso de Monsanto.

El objetivo que tienen estas negociaciones es de garantizar privativamente al gran capital  de Estados Unidos, su libre acceso a las materias primas, a los recursos naturales, a la mano de obra barata y a los mercados del continente como vía para enfrentar la competencia internacional de los crecientes polos imperialistas de Europa y Asia.

Desde un plano más regional, fue acertada la decisión de varios gobiernos latinoamericanos de oponerse, durante la III Cumbre de las Américas efectuada en Argentina en el 2005, a la llamada Área de Libre Comercio (ALCA) que propugnaba Estados Unidos. Sin embargo, nefasta ha sido la aprobación de Tratados de Libre Comercio (TLCs) por parte de Chile, Colombia, Perú y otros países.

Todo esto lo había vaticinado Chávez al desligar a Venezuela de La Comunidad Andina (CAN) argumentando su salida justamente por los TLCs suscriptos por Perú y Colombia con los Estados Unidos, considerando a la misma Comunidad como una “entidad  muerta”  y calificando a los TLCs como un mismísimo “veneno”. Sin ir más lejos, operan con la misma lógica que proponía el ALCA, siempre facilitando la depredación del águila del norte.

La estrategia del Gobierno

Ante el levantamiento del pueblo colombiano frente a una situación en la que su trabajo, sus recursos y sus vidas, están siendo exprimidos a fondo, sin escrúpulos ni compasión, las respuestas gubernamentales han sido la represión, la militarización de las principales vías del país, dándole además un tratamiento de guerra a la protesta social. Ya desde antes de comenzar las jornadas de movilización agraria, el Gobierno intentó atemorizar a la población anunciando un “operativo contundente” a cargo del Ejército y la policía.

Pero frente a la feroz represión y las estrategias de bloqueo, frente al señalamiento y demonización de los hombres y mujeres organizados, el paro se está llevando a cabo y son cada vez más los adeptos. Tal es así, que el presidente Santos ha cambiado su perspectiva sobre el asunto. De decir “que no existía tal paro” pasó a formular o promover un Pacto Agrario como mecanismo de concertación, para construir “una verdadera política agropecuaria, moderna y equitativa hacia el futuro” sin embargo, sectores populares colombianos aseguran que “el Pacto Nacional que impulsa  Santos, no es otra cosa que la composición de intereses de los gremios y elites terratenientes”.

Para finalizar, es alentador ver como en Colombia está naciendo un nuevo poder. Tal vez la población esté despertando. En América Latina, no se puede continuar permitiendo que las agendas políticas sigan siendo impuestas por los poderes económicos, con la complicidad de los gobiernos locales. Es una decisión que sólo los campesinos, los jóvenes, los trabajadores, el pueblo en su conjunto tienen que tomar; desde acá apoyando, y desde allá con más fuerza que nunca luchando por lo que intentan arrebatarles, no sólo a los colombianos, sino a todos los hermanos latinoamericanos.