El debate sobre la
relación entre Estado e Iglesia, lleva cientos de años de disputas,
controversias ideológicas, avances y retrocesos. Los grandes procesos de
secularización han cambiado muchos aspectos de la perspectiva religiosa, pero
su influencia persiste en muchos otros ámbitos de la sociedad y autoridades
estatales. Como primera medida, hay que apartarse de las ingenuidades y pensar
a la Iglesia como una institución política, generadora de ideología. No se debe cuestionar a la fe, sino las construcciones de poder que se hace a través de
ella.
Desde una mirada
gramsciana se puede analizar a la cuestión religiosa desde dos perspectivas. En
primer lugar, como una creencia divina transcendental que implica una
enajenación del ser humano. Marx llamó “falsa conciencia” al pensamiento de los
hombres que no es consecuencia de sus condiciones materiales de existencia, que
no permita visualizar la verdadera existencia. Y en segundo lugar, como un
culto de fe empleado por una institución generadora de poder que se entromete
tanto en el ámbito social como en el político. Gramsci creía en una lucha
contra hegemónica y se oponía a toda creencia tradicional que obstaculice un
cambio social, siendo una de ellas el ámbito religioso y su poder sobre el
Estado. Aspiraba a crear una nueva cultura en donde la trascendencia no halle
lugar alguno.
La religión invierte a la
realidad y a sus relaciones concretas a través de su divinidad, esto hace que
los individuos no puedan generar una conciencia crítica de su realidad, de su
existencia. Marx denominó a la religión como “el opio de los pueblos” ya que lo
veía como un factor que adormecía a la sociedad y entorpecía el cambio
revolucionario. Los individuos crean a la religión, a su moralidad, a su
justificación, que es generadora de una determinada conciencia. Entonces es
aquí donde cabe preguntarse: ¿qué tipo de relación deben conservar el Estado y
la religión? ¿Acaso no corremos el riesgo de que la religión adormezca los
debates actuales que se llevan a cabo al interior de nuestra sociedad?
No en
mi nombre
Al igual que en el Estado Capitalista, donde la
clase dominante solo logra la hegemonía si consigue que su ideología se
transforme en cultura general, en un orden natural que no debe cuestionarse, la
Iglesia Católica logra el poderío que se le conoce actualmente cuando, por
ejemplo, como sucede en nuestro país, el bautismo se hace costumbre ¿Por qué
remarcar esto en particular? Porque la Iglesia argumenta que el 90 por ciento
de los/as argentinos/as es católico, y para fundamentar esta afirmación se basa
en la cantidad de personas bautizadas en nuestro país, es decir, que si estas
bautizado/a, formas parte de ese 90 por ciento en el cual la Iglesia se apoya
para imponer, por ejemplo, sus puntos de vista en la legislatura y conseguir
privilegios que van, desde subsidios de alto monto hasta la restricción de
ciertos derechos en contra de su Catecismo. Por lo tanto, formamos el pilar
sobre el cual la institución sustenta sus altos niveles de representatividad,
implicando el acceso a altos niveles de decisión y el mayor poder de
negociación.
Roza lo absurdo que de los datos recolectados
por una encuesta realizada por el CONICET, surja que ese 90 por ciento de
sustento que la Iglesia dice poseer, no se ve reflejado ni mucho menos. En
temas como la utilización y distribución estatal de anticonceptivos, educación
sexual en escuelas públicas, aborto, matrimonio igualitario, etc., hubo una
enorme mayoría que se expresó en contra de lo que la Iglesia predica en su
Catecismo, incluso cuando los castigos impuestos son tan graves como la
excomunión.
Según
la encuesta citada, para el caso de la educación sexual como materia obligatoria
(ley aprobada pero sin implementación en la mayoría de las provincias), y la
distribución de anticonceptivos por parte del Estado, 7 de cada 10 fieles están
en discordancia con la Iglesia, la cual obviamente resiste este tipo de
prácticas. Incluso, en un tema más controvertido, como es el caso del aborto,
el 64 por ciento de los encuestados opinó que lo permitía bajo ciertas
circunstancias, y el 14 por ciento dijo que el aborto era un derecho de la
mujer, es decir que, con o sin restricciones, el 78 por ciento de los
encuestados se expresó a favor del aborto, con todo lo que ello implica para la
Iglesia Católica.
Situaciones similares se dan en relación a
diferentes temas, entre ellos el matrimonio igualitario, la eutanasia, el sexo
prematrimonial, el divorcio vincular y las diferentes expresiones culturales,
donde la gente se expresa de manera contraria a lo que impone la ideología
católica.
Esa alta representatividad que la Iglesia dice
tener atribuida por el 90 por ciento de los bautizados considerados como
católicos (practicantes o no), en la calle pierde muchísima fuerza, y la
representatividad pasa a ser realmente baja. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Si estás bautizado, hacer lo que se denomina apostatar, es decir, darse de baja
de la Iglesia, y que ésta deje de hablar en tu nombre.[1]
La
iglesia no es una ONG
La Iglesia Católica no es una institución que
aparece ajena al desarrollo del Estado, y muy lejos está de serlo, más aún
cuando el propio Estado desde su carta magna, suscribe privilegios en favor de
un culto en particular. La realidad indica que junto con las disposiciones
legales que obligan al Estado a contribuir al sostenimiento de la Iglesia y a
la inembargabilidad de los bienes eclesiásticos dispuesta por el Código Civil,
la Iglesia, como persona jurídica pública[2],
es beneficiaria de un sinnúmero de subsidios, incluidos entre ellos el pago de
sueldos a los obispos y arzobispos (dispuestos por un decreto-ley, en principio
inconstitucional, firmado por Videla pueden llegar a cobrar cerca de 20 mil
pesos mensuales), subsidios para la construcción de inmuebles, donaciones,
símbolos religiosos en lugares públicos, jubilaciones, becas estatales a
seminaristas y subsidios millonarios a la educación privada católica.
En primer lugar, debemos destacar que la
estrecha relación que el Estado mantiene con la Iglesia se desprende
principalmente de la Constitución Nacional, que en su artículo 2 estipula que:
“El gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Ahora bien,
la doctrina constitucional hace tiempo acuerda que el término “sostiene” implica
“sostenimiento económico” y nunca concesión de un status preferencial, ni
oficial, al culto católico ni a ninguna otra religión o creencia. Es decir, que
las obligaciones del Estado son únicamente de carácter pecuniario y por lo
tanto no se concibe a la religión católica como el “culto oficial”.
Aun así,
¿por qué aceptamos que el Estado sostenga económicamente a la Iglesia Católica,
cuando en virtud de lo expuesto y junto con la disposición del artículo 14 de
la Constitución en la que se establece “libertad de cultos” no se proclama
ninguna religión oficial? La respuesta es sencilla: libertad no es lo mismo que
igualdad. Y más allá de que el Estado tenga la obligación de abogar por la igualdad
y diversidad religiosa, en virtud de los distintos tratados internacionales de
Derechos Humanos refrendados, hoy vemos que está lejos de cumplir con esta
prerrogativa siendo reflejo el escaso apoyo estatal que reciben cultos
apartados del catolicismo.
Esta diversidad religiosa que existe en la
actualidad en nuestro país nos trae aparejados una serie de cuestionamientos
que son imposibles de ignorar: ¿Es correcto el financiamiento por parte del
Estado de innumerables colegios católicos? O más allá, ¿es concebible una
educación religiosa en colegios públicos? Tal situación ocurre en Salta, en
donde la Legislatura provincial sancionó en 2008, bajo el gobierno de Juan
Manuel Urtubey, la Ley Provincial de Educación nº 7546 cuya letra plantea como
uno de los objetivos del sistema educativo de Salta “brindar enseñanza
religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los
horarios de clase”, y permite entre otras cosas: rezar diariamente antes del
ingreso a las aulas, bendecir la comida, alabar a la Virgen María, destacar las
“enseñanzas de Jesús”, leer versículos bíblicos o reflexionar sobre ellos o
celebrar las festividades religiosas, escenas habituales en múltiples colegios
públicos de la provincia, según se probó en la causa que se está tramitando y
es públicamente conocido.
A raíz de esto, el 11 de julio pasado, la Corte
Provincial de Salta ratificó la educación católica obligatoria en las escuelas
públicas, en respuesta a un recurso de amparo presentado por un grupo de padres
y madres y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) que demandaban contenidos laicos e igualdad. La
ADC recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta
práctica de enseñanza religiosa en colegios estatales seguirá manteniéndose en
la Provincia de Salta (y porqué no en otra), hasta tanto dejen de existir
intereses comunes entre los representantes del Estado (incluido el Poder
Judicial) y quienes mandan en lo más alto de la cúspide católica.
¿Quién soy yo para juzgarlo?
Jorge Mario Bergoglio inició su carrera en la Iglesia a los 21 años tras
recibirse como técnico químico. Fue la máxima autoridad argentina de los
jesuitas a los 37 años y ocupó el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de
febrero de 1998 hasta su designación al frente del Vaticano. Fue el redactor de
los principios de la Universidad del Salvador (USAL), dónde manifestó allá por
1974 que una de las tantas misiones de esta institución era “luchar contra el ateísmo”, fijando al
ateo como individuo a combatir. En 2009, Fernando Lozada, miembro de la
Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) y presidente del Congreso
Nacional de Ateísmo, denunció a la USAL por discriminación obteniendo un
dictamen favorable del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI).
“Si una
persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para
juzgarlo? El Catecismo de la Iglesia católica lo explica de forma muy linda
esto”, declaró Jorge Bergoglio en una improvisada y
austera conferencia de prensa en Brasil hace algunos meses. Siguiendo su
recomendación, nos remitimos al Catecismo de la Iglesia Católica que estipula
de una forma muy “linda” que los homosexuales “deben ser respetados en su dignidad y animada a seguir el plan de Dios
con un esfuerzo especial en el ejercicio de la castidad” y aclara, para
evitar ambigüedades, que ello no significa “la
legitimación de comportamientos contrarios a la ley moral ni mucho menos, el
reconocimiento de un derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, con
la consiguiente equiparación de estas uniones con la familia” ¿Aires nuevos
en lo más alto de la Iglesia Católica? Para nada. Bergoglio fue un fiel
opositor al matrimonio igualitario llamando a la “guerra santa” y describiendo
a la iniciativa como “una pretensión destructiva al Plan de Dios”. A su pesar,
el 15 de julio se cumplieron 3 años desde la sanción del matrimonio
igualitario y más de 7000 casamientos se celebraron en nuestro país.
Y aún hay más: Von Wernich sigue perteneciendo
a las filas de la Iglesia Católica y dando misa en la cárcel sin haber recibido
ningún tipo de sanción por parte del clero, luego de haber sido condenado por
más de 70 delitos en la última dictadura militar; el sacerdote Julio Grassi
declaró en diversos medios, luego de haber sido declarado culpable de dos
hechos de abuso sexual y corrupción agravada de menores y sentenciado a 15 años
de prisión, que el cardenal Bergoglio “está a su lado siempre” y que “no le
había soltado la mano”.
Al
estar dispersa la información sobre la complicidad o inocencia de Bergoglio en
la última dictadura, Dante en la Divina Comedia, nos ayuda a tomar una
posición: “El círculo más horrendo del infierno está reservado para quienes en
tiempos de crisis moral optan por la neutralidad”.
No debemos confundir
el disfraz de la falsa tolerancia e intransigencia a la diversidad ideológica
con la discriminación afirmada en dogmas arcaicos que avale funestos
comportamientos. En 2004, el artista León Ferrari exhibió sus obras en el
Centro Cultural Recoleta en las cuales mostraba en retrospectiva los aspectos
más oscuros del cristianismo (la homosexualidad, la vinculación de las víctimas
del Sida con la campaña contra los anticonceptivos, las guerras contra Vietnam
e Irak, la Conquista de América, etc.) y Bergoglio, como arzobispo, calificó a
la obra de Ferrari como “una blasfemia”. Algunos fundamentalistas destruyeron
obras de la exposición. Otros fanáticos obtuvieron la clausura judicial de la
retrospectiva. Previa batalla judicial, León Ferrari tomó la decisión de
levantarla, a principios de 2005, por “las sucesivas amenazas [de bombas]
recibidas durante las últimas semanas, que obligaron a desalojar varias veces
las salas de exhibición”. Recientemente fallecido, León pudo manifestar que
su intención no era “molestar a los
creyentes que no creen en las tierras de los diablos” si no que sus “obras están destinadas a la Iglesia y a
quienes la acompañan en la amenaza del castigo a los supuestos ‘pecadores’."
Finalmente, no
es nuestra intención generar algún tipo de juicio de valor respecto a las
prácticas de los fieles católicos, sino que es realmente necesario poder
analizar éste proceso de cambio frente a la cada vez más creciente falta de
legitimidad de sus discursos ante los cambios de las sociedades mundiales.
Debemos pensar a la Iglesia Católica como una institución política que habla
por sus bautizados, que genera posiciones ideológicas, que forma opinión
pública y que mantiene una relación muy estrecha con el Estado y en los debates
parlamentarios.
El Estado debe gobernar
sin ataduras morales que coarten su legislación, debe garantizar la libertad de
creencia o culto y no debe establecer relación de preferencia con ningún tipo
de religión. Debe velar por una sociedad igualitaria, más justa, plural y democrática
promoviendo debates políticos y culturales que enriquezcan su promoción de
políticas públicas lejos de todo tipo de sujeciones. El Estado no debe permitir
que la divinidad religiosa obtenga un lugar privilegiado en el parlamento. El
Estado no debe vincularse con la Iglesia Católica.
TEXTO: Juliana Arias - Ignacio Tunes - Aramis Lascano - Martín Drago
ILUSTRACIÓN: Martín Zinclair y Giya Zabalza
[1]
Más información en http://www.apostasiacolectiva.org/
[2]
El Proyecto de Unificación Civil y Comercial, con Lorenzetti al mando, pretende
reafirmar a la Iglesia como persona jurídica pública, equiparándola a los
órganos estatales.
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